Titulares05 de marzo de 2009

El presidente Obama convocó a una cumbre en la Casa Blanca para el día de hoy con el fin de tratar la reforma del sistema de salud del país. La administración Obama invitó a aproximadamente 120 legisladores, aseguradores y médicos. Obama invitó a último momento al principal defensor del sistema universal de salud de único pagador de la Cámara de Representantes, el congresista demócrata John Conyers, de Michigan. Obama se había negado a invitar a Conyers, pero cedió ante las protestas generalizadas. Se cree que Conyers será el único partidario del sistema de único pagador que asistirá a la cumbre.

El miércoles, el presidente Obama anunció un plan para revisar las políticas de contratación de todos los departamentos gubernamentales. Señaló los contratos militares en Irak y dijo que los nuevos cambios normativos ahorrarían 40 mil millones de dólares al año a los contribuyentes.

El presidente Obama dijo: “Y este derroche tiene muchos orígenes. Es consecuencia de la inversión en tecnologías que no se han puesto a prueba. Es resultado de la falta de supervisión. Es producto del tráfico de influencias y de contratos indefendibles de asignación directa que han costado miles de millones de dólares a los contribuyentes estadounidenses”.

Mientras tanto, Obama enfrenta la oposición de miembros de su propio partido en lo que respecta a un plan para reducir las deducciones impositivas a los estadounidenses adinerados. El plan permitiría ahorrar alrededor de 318 mil millones de dólares en un período de 10 años. Interrogado por el presidente del Comité de Finanzas del Senado Max Baucus, el Secretario del Tesoro Timothy Geithner dijo que la administración Obama consideraría la posibilidad de retirar la propuesta.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto del presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir, acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región sudanesa de Darfur. Bashir es el primer jefe de Estado en ejercicio que es acusado de crímenes de guerra.

El fiscal general Luis Moreno Ocampo dijo: “El gobierno de Sudán está obligado por el derecho internacional a ejecutar la orden de arresto en su territorio. No pedimos que lo haga nadie más. Si el gobierno sudanés no da cumplimiento a la orden de arresto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá que asegurar su acatamiento”.

Sudán desestimó la orden y la calificó de ardid occidental. En las Naciones Unidas, el embajador sudanés Abdelmahmood Abdelhaleem dijo que su gobierno no reconocía la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

El embajador Abdelhaleem dijo: “Condenamos enérgicamente este veredicto, y para nosotros la Corte Penal Internacional no existe. No estamos obligados por sus fallos y no vamos a cooperar de manera alguna con ella”.

Mientras tanto, Abdelhaleem dijo que los asesinatos en masa de Darfur son en gran medida el resultado de un conflicto local provocado por la escasez de recursos.

El embajador sudanés dijo: “Tenemos un conflicto. Reconocemos la existencia del conflicto, pero creemos que se ha exagerado su magnitud. Es un conflicto (un típico conflicto) por recursos magros, agua, tierra, como miles de conflictos en muchas partes del mundo, por lo que no somos una excepción. El conflicto fue magnificado para servir a los intereses y planes de determinados países”.

Grupos occidentales de defensa de los derechos humanos elogiaron la orden de arresto contra Bashir. Richard Dicker, de la organización “Human Rights Watch”, dijo que Bashir es culpable de crímenes de guerra.

Richard Dicker dijo: “Ciertamente, se trata de un día memorable para la Corte Penal Internacional y, en sentido amplio, para la causa de la justicia y el fin de la impunidad de los crímenes de guerra más graves reconocidos por el derecho: el asesinato en masa de civiles, la utilización de la violación como arma de intimidación o de guerra, el desplazamiento forzado de poblaciones enteras por causa de su etnia. Por lo tanto, este es un día memorable y significativo, y diría que la decisión de los jueces de la Corte Penal Internacional que escuchamos esta mañana es realmente de proporciones sísmicas”.

Mientras tanto, el gobierno de Sudán realizó advertencias en el sentido de que una orden de arresto haría peligrar más la situación de los refugiados de ese país. A pocas horas del anuncio de la orden de arresto, Sudán expulsó a por lo menos 10 grupos que brindaban asistencia a más de un millón de personas desplazadas en Darfur occidental. Los grupos (incluidos Oxfam, Médicos sin Fronteras y CARE International) proporcionan el 60% de la asistencia humanitaria en Darfur.

La Secretaria de Estado Hillary Clinton, de visita en Israel y los Territorios Ocupados, realizó críticas poco severas a las políticas israelíes de ocupación en Cisjordania y Gaza. En oportunidad de reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas, Clinton manifestó que la demolición de viviendas palestinas “no sirve de nada”. También reclamó un levantamiento parcial del bloqueo israelí de Gaza.

La Secretaria de Estado Hillary Clinton dijo: “Es claro que se trata de una cuestión que preocupa hondamente a quienes se ven directamente afectados, pero las ramificaciones van mucho más allá de las personas y las familias que recibieron los avisos a los que se hacía referencia. Por lo que sí, esto será planteado a Israel. Obviamente hemos expresado nuestra preocupación por los cruces fronterizos. Queremos que la ayuda humanitaria llegue a Gaza en cantidad suficiente para aliviar el sufrimiento de su pueblo”.

En el día de hoy, al menos tres palestinos murieron en un ataque israelí contra la Franja de Gaza. Israel dijo que el ataque estaba dirigido contra militantes que disparaban a las tropas de ocupación israelíes desde Gaza.

En Irak, al menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas en una explosión de bomba cerca de la ciudad de Hilla. El blanco del ataque fue un concurrido mercado de ganado.

El Presidente de la Asamblea General de la ONU Miguel D’Escoto Brockmann está pidiendo que se realice una investigación independiente sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron como consecuencia de la invasión estadounidense de Irak. El martes, D’Escoto compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Miguel D’Escoto Brockmann dijo: “Expertos independientes calculan que más de un millón de iraquíes perdieron la vida como consecuencia directa de la invasión ilegal de su país. Los diversos supervisores de los derechos humanos de la ONU prepararon informe tras informe documentando la interminable letanía de violaciones en lo que refiere a los crímenes de guerra, las violaciones de los derechos de los niños y mujeres, los derechos sociales, el castigo colectivo y el trato dado a los prisioneros de guerra y las detenciones ilegales de civiles. Se debe hacer algo al respecto para poner fin a la escandalosa impunidad que hay actualmente”.

En Afganistán, tres soldados canadienses murieron en un atentado con bombas colocadas al costado de una carretera cerca de Kandahar. Este ataque tuvo lugar mientras tres contratistas civiles de una empresa estadounidense resultaron heridos en un atentado con coche bomba en Bagram, la principal base aérea estadounidense en Afganistán.

En otras noticias sobre Afganistán, una comisión electoral independiente rechazó el intento del Presidente Hamid Karzai de cambiar la fecha de las elecciones nacionales a abril. La comisión fijó el 20 de agosto como el día de las elecciones. Los líderes de la oposición acusaron a Karzai de intentar apresurar las elecciones para ayudar a asegura su reelección.

Mientras tanto, el Congresista demócrata John Murtha de Pensilvania prevé que se necesitarán unos 600.000 soldados para derrotar a los insurgentes afganos. Murtha es un miembro influyente del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Esta cifra es más de siete veces superior al mayor número de soldados de la OTAN que se espera estén en Afganistán este verano. La Secretaria de Estado Hillary Clinton se encuentra hoy en Bruselas para hablar sobre la ocupación de Afganistán con aliados de la OTAN.

Los ex asesores del gobierno de Bush Karl Rove y Harriet Miers aceptaron declarar sobre su participación en el escándalo por la destitución de nueve fiscales estadounidenses. Este acuerdo pone fin a una larga disputa sobre el alcance del poder ejecutivo para proteger a los funcionarios del gobierno de tener que declarar públicamente. Este acuerdo fue mediado por abogados del ex Presidente George W. Bush, de la Cámara de Representantes y del gobierno de Obama. Rove y Miers darán declaraciones y testimonios públicos bajo juramento. Pero sus declaraciones se limitarán al asunto de las destituciones y no se les podrá formular preguntas sobre sus conversaciones con el Presidente Bush u otros funcionarios de su gobierno. A pesar de las condiciones, el Presidente del Comité Judicial John Conyers aclamó la victoria, diciendo: “Por fin hemos superado las afirmaciones del gobierno de Bush de que tenía inmunidad absoluta. Esto es una victoria para la separación de poderes y la supervisión por parte del Congreso”.

En Venezuela, el Presidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de la filial local de la gigante procesadora de alimentos estadounidense Cargill en una contienda por el precio del arroz. Chávez dice que Cargill y otras empresas están evadiendo los controles del precio y vendiendo el arroz a precios altos. Chávez también está amenazando con nacionalizar la mayor empresa privada de Venezuela, Polar, en esta disputa por el arroz.

Nuevas cifras indican que el sector privado estadounidense perdió 697.000 puestos de trabajo el mes pasado. El sector de servicios fue el más golpeado y despidió a 359.000 empleados.

Un nuevo estudio descubrió un mayor índice de despidos ilegales cuando se vota la afiliación a los sindicatos en los lugares de trabajo. El Centro de Investigación de Economía y Políticas dice que más de una cuarta parte de las elecciones de representantes de los sindicatos llevadas a cabo durante la última década han estado manchadas por los despidos ilegales de algún trabajador a favor de los sindicatos. En el 26% de las campañas electorales de los sindicatos se despidió a trabajadores a favor de la sindicalización, mientras que en la segunda mitad de la década del 90 este índice era del 16%. Actualmente los sindicatos están buscando la aprobación de la Ley de Libre Elección de los Empleados, que facilitaría la sindicalización de los trabajadores. El Presidente Obama dijo esta semana que apoya esta medida.

En Nueva York, el Fiscal General estatal Andrew Cuomo citó a varios altos ejecutivos de Merrill Lynch que recibieron cada uno más de diez millones de dólares en dinero y acciones durante el año pasado. En total, Merrill Lynch pagó más de 3.000 millones de dólares en premios justo antes de que la empresa fuera vendida a Bank of America en un acuerdo respaldado por el gobierno. Estos premios fueron pagados a pesar de que la empresa registró una pérdida de 27.600 millones de dólares ese año. Cuomo está investigando si esos pagos violaron las leyes sobre los valores.

En otras noticias de Nueva York, la asamblea estatal aprobó una medida para modificar parcialmente las draconianas “Leyes Rockefeller” sobre las drogas y darle más valor al criterio de los jueces al sentenciar. Este proyecto de ley les permitiría a los jueces someter a las personas que hayan cometido delitos vinculados a las drogas a tratamientos por el abuso de estupefacientes en lugar de enviarlos a prisión. También se podrían reducir o conmutar las condenas de miles de prisioneros encarcelados por cometer delitos no violentos vinculados a las drogas. La votación del miércoles fue aprobada por 96 votos contra 46. Ahora el proyecto de ley irá al Senado del estado de Nueva York.

Y en California, la Corte Suprema estatal tratará hoy un caso que busca revocar la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo aprobada por los votantes. Los defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo quieren que la corte declare la inconstitucionalidad de la Proposición Ocho. El proceso se televisará en pantallas gigantes en San Francisco. Miles de manifestantes marcharon por las calles de San Francisco el miércoles previo a la audiencia de hoy.