Titulares30 de octubre de 2009

El régimen golpista de Honduras y representantes del derrocado presidente Manuel Zelaya llegaron a un acuerdo que podría terminar con la crisis política que ya lleva cuatro meses. La Organización de Estados Americanos afirma que ambos bandos acordaron que sea el Congreso hondureño el que vote si Zelaya es restituido o no en el cargo. El jueves, el jefe del régimen de facto, Roberto Micheletti, insistió en que no había accedido al retorno de Zelaya.

Dijo Roberto Micheletti: “En torno al tema más contencioso del acuerdo, la posible restitución de Zelaya a la presidencia de la República, mi gobierno ha decidido apoyar una propuesta que permita un voto en el Congreso nacional”.

Asimismo, se informa que se acordó la creación de un gobierno de poder compartido y el reconocimiento de las elecciones nacionales programadas para el mes que viene. Esto parece marcar una importante concesión de Zelaya, quien tendría el apoyo de tan solo un quinto del Congreso. El acuerdo se logró unos pocos días después de que un equipo de funcionarios estadounidenses se hiciera presente en Honduras para actuar como intermediarios en las conversaciones. En el día de hoy, el subsecretario de Estado Thomas Shannon dijo que el retorno de Zelaya es fundamental para resolver la crisis.

El subsecretario de Estado Thomas Shannon declaró: “Diría que la cuestión de la restitución ha sido fundamental, no solo para Estados Unidos sino para toda la comunidad internacional, y las resoluciones de la OEA y de la ONU han indicado claramente que el presidente Zelaya debe ser restituido en su cargo”.

El acuerdo fue anunciado horas después de que la policía hondureña arrojara gases lacrimógenos a una multitud de partidarios de Zelaya que marchaban en las proximidades del lugar donde se celebraban las reuniones. Varios manifestantes resultaron hospitalizados debido a las lesiones provocadas por el maltrato policial.

En el Congreso, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio a conocer un proyecto de ley de reforma del sistema de salud que comprende una opción pública de seguro financiada por el gobierno y un nuevo impuesto a los estadounidenses acaudalados para contribuir con su financiamiento. Pero la medida fue criticada porque excluye disposiciones que vinculen las tarifas de la opción pública con las que se pagan por Medicare. Pelosi anunció la medida en la escalinata del Capitolio.

Dijo Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes: “Durante casi un siglo, más de cien líderes de todos los partidos políticos, empezando por el Presidente Theodore Roosevelt, han luchado y luchado por la reforma de la atención médica y los seguros de salud. En el día de hoy estamos a punto de cumplir la promesa de que todos los estadounidenses puedan acceder a una atención médica de calidad y de poner los cimientos para que las generaciones venideras tengan un futuro mejor”.

En una declaración, el congresista por Arizona, Raúl Grijalva, copresidente del comité Progresista del Congreso, dijo sentirse “profundamente defraudado” por la medida, que según él es tan solo una pálida versión de la opción pública.

Al tiempo que se dio a conocer la legislación, se publicó un nuevo estudio que demuestra que aproximadamente 17.000 niños fallecieron en un período inferior a dos décadas por no contar con seguro de salud. Sobre la base de millones de registros hospitalarios que van de 1988 a 2005, investigadores del Centro Infantil John Hopkins descubrieron que los niños sin seguro médico tenían 60% más de probabilidades de morir que los que tenían cobertura. Los autores del estudio afirman que la cifra real de fallecidos podría incluso ser superior porque su investigación solamente abarcó a los niños hospitalizados. El mes pasado, otro estudio realizado por un equipo de investigación de la Universidad de Harvard llegó a la conclusión de que aproximadamente 44.000 personas mueren cada año porque carecen de seguro médico.

En otras noticias de la salud, los defensores del sistema de pagador único continuaron el jueves con su campaña de sentadas frente a las oficinas de las compañías aseguradoras más importantes. En Louisville, Kentucky, los manifestantes ocuparon la entrada de la sede central del gigante de los seguros Humana. Mientras tanto, cuatro personas fueron arrestadas en una oficina de CareFirst/Blue Cross en Baltimore. El grupo “Mobilization for Health Care for All” (Movilización por Atención Médica para Todos) afirma que una de las manifestantes detenidas, la Dra. Margaret Flowers, se niega a dar su nombre a la policía y quiere permanecer en la cárcel hasta que los ejecutivos de CareFirst accedan a participar en una reunión pública.

De vuelta en Washington, un informe recientemente divulgado reveló que casi la mitad de los miembros de un comité de la Cámara de Representantes a cargo del gasto militar son investigados por supervisores de ética del Congreso. Según el diario Washington Post, dos oficinas de ética investigan al presidente del Subcomité de Gastos de Defensa, el congresista John Murtha, y a seis legisladores más vinculados con la polémica empresa de lobby PMA Group. Los legisladores desviaron millones de dólares de gastos federales a clientes de PMA, quienes a su vez contribuyeron con donaciones para sus campañas. Estos legisladores forman parte de un grupo de más de 30 que son objeto de investigaciones éticas por parte de la Cámara de Representantes. El Washington Post afirma que obtuvo el informe en una red informática de acceso público donde fue publicado inadvertidamente.

En otras noticias, un análisis del diario Washington Post descubrió que las agencias del gobierno no están acatando las instrucciones del gobierno de Obama de evitar la concesión de contratos de incentivo a empresas implicadas en escándalos. Las agencias del gobierno le otorgaron más de 1.200 millones de dólares en contratos de incentivo a por lo menos 30 empresas que, según los grupos de control, se ubican entre los peores infractores de las leyes estatales y federales.

El Presidente Obama visitó el jueves temprano la base de la Fuerza Aérea en Dover, Delaware, para presenciar el regreso de los cuerpos de los soldados estadounidenses que murieron en la guerra de Afganistán. Obama es el primer Presidente que asiste a la ceremonia en Dover, donde los restos de los soldados estadounidenses que murieron en guerras en el extranjero son repatriados. Obama presenció la entrega de 18 cuerpos. Todas estas bajas tuvieron lugar durante el mes más letal para la fuerza de la ocupación estadounidense en Afganistán. Actualmente Obama está considerando la posibilidad de escalar la guerra en Afganistán, lo que se sumaría a los aproximadamente 34.000 soldados adicionales que envió este año.

El Presidente Obama dijo: “Evidentemente fue un recordatorio aleccionador del sacrificio extraordinario que nuestros hombres y mujeres jóvenes del servicio militar hacen todos los días. No solamente nuestros soldados, sino también sus familias. Y por lo tanto, Michelle y yo constantemente tenemos presentes esos sacrificios y obviamente la carga que nuestros soldados y sus familias deben soportar en situaciones de guerra va a influir en cómo veo estos conflictos y es algo en lo que pienso todos y cada uno de los días”.

Mientras Obama visitaba Dover, un soldado de la base militar Fort Carson, de Colorado, se disparó en el hombro para que no lo enviaran de vuelta a Afganistán. Según la policía, el sargento Robert Murchison había obtenido un permiso de emergencia para ausentarse de Afganistán y debía regresar esta semana. Diecisiete soldados de la base Fort Carson murieron en Afganistán este mes.

Un ex “combatiente enemigo” que pasó más de seis años en la cárcel en Estados Unidos sin que se presentaran cargos en su contra fue condenado a más de ocho años de prisión. Ali al-Marri se declaró culpable de un único cargo de conspiración este año luego de que el gobierno de Obama presentara cargos en su contra con el fin de evitar una audiencia de la Corte Suprema para impugnar su encarcelamiento por tiempo indeterminado. Como parte del acuerdo de confesión, al-Marri admitió haber asistido a campos de entrenamiento militar y haber viajado a Estados Unidos bajo las órdenes del líder de al-Qaeda Khalid Sheikh Mohammed. Al sentenciar a Marri a aproximadamente la mitad de la condena máxima de 15 años, el juez de distrito federal Michael Mihm al parecer tuvo en cuenta su reclusión en una brigada de la Armada estadounidense en Charleston, Carolina del Sur. Mihm dice que quitó nueve meses de la condena de Marri en respuesta a las severas condiciones de aislamiento que sufrió en la cárcel.

Nuevas cifras del gobierno indican que la economía estadounidense creció un 3,5% en el tercer trimestre del año, lo que quiebra la racha récord de declive de cuatro trimestres consecutivos. Se cree que los incentivos del gobierno son los responsables de la mayor parte del crecimiento. En otras noticias sobre la economía, la presidenta de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés) critica públicamente el plan del gobierno de Obama para regular las operaciones de las grandes empresas financieras. La presidenta de la FDIC, Sheila Bair, compareció ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde dijo que la comisión de reguladores propuesta “no tiene autoridad suficiente” para impedir otra debacle financiera. Bair dijo que esta comisión no debería ser dirigida por el Secretario del Tesoro, sino por un presidente independiente.

En Ecuador, los abogados de los residentes de la Amazonia que demandaron a la gigante petrolera Chevron por daños y perjuicios revelaron que un residente estadounidense que grabó en secreto al juez de la causa es un ex convicto por delitos vinculados a la droga. El estadounidense Wayne Hansen participó en la grabación del video secreto que, según Chevron, demuestra que el juez Juan Núñez es culpable de corrupción judicial. El juez Núñez dijo que las grabaciones fueron manipuladas. Los abogados de los residentes de la Amazonia dicen que Hansen fue condenado por contrabando de drogas desde Colombia en 1986 y luego fue demandado con éxito por una mujer que lo acusó de atacarla con sus dos perros pit bull. La publicación de estas grabaciones paralizó el caso de la demanda de los residentes contra Chevron por arrojar miles de millones de galones de desechos tóxicos de petróleo en la selva tropical de Ecuador. Un experto independiente nombrado por el tribunal recomendó que Chevron pagara 27.000 millones de dólares en indemnizaciones.

Y en Pensilvania, la Corte Suprema de Pensilvania desechó miles de condenas de menores dictadas por uno de los dos jueces corruptos que aceptaron sobornos a cambio de enviar a los jóvenes a prisiones privadas. Se dice que el juez Mark Ciavarella y un colega recibieron 2,6 millones de dólares por asegurarse de que los menores sospechosos fueran enviados a prisiones privadas. Algunos de estos jóvenes fueron encarcelados a pesar de las objeciones de los funcionarios encargados de controlar su libertad condicional. Los jueces se declararon culpables de fraude este año y podrían recibir una condena máxima de siete años de prisión. El jueves, la corte de Pensilvania desechó todos los casos de Ciavarella, que se calcula ascienden aproximadamente a 6.500, y dijo que únicamente unos pocos podrán ser juzgados nuevamente.