Titulares30 de julio de 2009

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes alcanzaron un acuerdo con un grupo de demócratas conservadores que, según los críticos, debilitaría una opción de seguro público en la reforma de la salud. El acuerdo con la coalición “Blue Dogs” (que agrupa a demócratas conservadores y moderados) conserva la opción pública, pero sin los requisitos que vinculan las tarifas de pago a Medicare. Sin normas que fijen un tope a los pagos realizados a hospitales y médicos, la opción pública dirigida por el gobierno tendría costos más altos. En un discurso que dio en Carolina del Norte, el Presidente Barack Obama afirmó que el plan de reforma de la salud impediría que las compañías aseguradoras negaran la cobertura a los pacientes con problemas de salud preexistentes o a los que se enfermen de gravedad.

El Presidente Obama dijo: “Lo que necesitamos, y lo que tendremos cuando aprobemos estas reformas, son formas de protección al consumidor para garantizar que los que tengan seguro sean tratados en forma justa y que las compañías aseguradoras respondan por sus acciones”.

Líderes del Congreso esperan que en septiembre se voten las leyes de reforma de la salud.

El gobierno de Obama dio el visto bueno a la liberación de un joven prisionero afgano de Guantánamo. Mohamed Jawad tenía tan sólo doce años cuando fue capturado, siete años atrás en su país. La semana pasada, el gobierno de Obama admitió que ya no podía retener a Jawad como combatiente enemigo, luego de que un juez federal determinara que su confesión había sido obtenida bajo tortura. Según se informa, Jawad confesó que había lanzado una granada a un soldado estadounidense después de que un interrogador amenazara con matarlo a él y a su familia. El jueves, abogados del Departamento de Justicia dijeron que Jawad sería liberado el mes que viene. Sus abogados esperan que lo envíen de regreso a Afganistán.

Mientras tanto, varios ex presos de Guantánamo fundaron un grupo con el propósito de ayudar a otros prisioneros liberados a insertarse en la sociedad y de ejercer presión en favor de los que todavía están presos. El Centro de Justicia de Guantánamo espera ayudar a centenares de prisioneros liberados a encontrar trabajo y obtener tratamiento médico para enfrentar su terrible experiencia. También intentará demandar a ex funcionarios del gobierno de Bush por autorizar torturas. Entre los fundadores del grupo se encuentra el periodista de Al Jazeera Sami al-Haj, quien estuvo preso en Guantánamo durante más de seis años.

Un tribunal británico recibió pruebas, cuya divulgación la secretaria de Estado Hillary Clinton trató de impedir, sobre supuestas torturas infligidas a un prisionero de Guantánamo. Documentos recientemente divulgados del gobierno británico revelan que Clinton advirtió a funcionarios de ese país que el gobierno de Obama pondría fin a la cooperación en inteligencia si se hacían públicas las pruebas en el caso de Binyam Mohamed. Éste fue liberado de Guantánamo a fines de febrero, luego de permanecer durante siete años bajo la custodia de Estados Unidos. El ex prisionero afirma que fue torturado repetidas veces en una prisión secreta de la CIA, y también en Guantánamo.

En Honduras, el régimen golpista muestra una nueva apertura a permitir el retorno del Presidente constitucional Manuel Zelaya, pero ahora afirma que para ello se necesita el respaldo de los líderes empresariales hondureños. El miércoles, Roberto Micheletti dijo que ahora respalda personalmente el plan de Costa Rica para el retorno de Zelaya, pero que no ha podido convencer a otros funcionarios de su gobierno o a la élite empresarial hondureña. Oscar Arias, Presidente de Costa Rica, afirma que el regreso de Zelaya no es negociable.

El Presidente Arias dijo: “No hay ninguna posibilidad de que el acuerdo pase por algo que no sea la restitución del Presidente Zelaya como presidente de los hondureños. Uno podría modificar o cambiar un poco en lo formal o en lo sustancial alguno de los otros puntos, pero no la restitución del presidente Zelaya hasta el 27 de enero”.

La Guardia Costera estadounidense dio por terminada la búsqueda de docenas de inmigrantes haitianos desaparecidos cuando su barco naufragó cerca de las islas Turcas y Caicos a comienzos de esta semana. Se confirmó la muerte de al menos quince personas; otras 67 siguen desaparecidas. Más de cien fueron rescatadas.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó una medida que pondría fin a la disparidad entre las sentencias por delitos vinculados con crack y las aplicadas a los delitos relacionados con polvo de cocaína. La Ley de Justicia en las Sentencias por Cocaína de 2009 eliminaría la pena mínima de cinco años por posesión de crack. El proyecto será sometido a votación de la Cámara en pleno.

En el Estado de Washington, un pacifista cuáquero inició una demanda federal contra el gobierno de Estados Unidos, al que acusa de discriminación por no reconocer su estatus como objetor de conciencia en relación con los formularios de reclutamiento militar. Tobin Jacobrown afirma que no llenó el formulario federal obligatorio de Servicio Selectivo porque no hay espacio en él para consignar que es un objetor de conciencia. El formulario de Servicio Selectivo recaba información sobre jóvenes estadounidenses para el caso de que se reimplante la conscripción para el servicio militar. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles interpuso la acción en nombre de Jacobrown.

El Presidente Obama recibirá hoy en la Casa Blanca a la Presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo. Activistas filipinos exhortan al Presidente Obama a que plantee la preocupación por los abusos a los derechos humanos, que incluyen torturas y secuestros por parte de las fuerzas gubernamentales. Melissa Roxas, ciudadana estadounidense descendiente de filipinos, relató hace poco su secuestro, perpetrado supuestamente por soldados filipinos.

Melissa Roxas dijo: “Nunca me dejaban sola, siempre había hombres vigilándome. Era permanentemente interrogada y durante los interrogatorios me preguntaban una y otra vez si sabía por qué estaba allí. Me dijeron que había sido secuestrada por pertenecer al CPP NPA [siglas en inglés de Partido Comunista de Filipinas–Nuevo Ejército del Pueblo]. También les dije repetidamente que tenía derechos y que exigía que llamaran a mi abogado. Les dije que yo era simplemente una escritora y voluntaria. Me dijeron que aunque pasara un año, no vería a mi abogado. Que no tenía derechos.

Aunque todavía me resulta muy difícil hablar del episodio, quería contar la verdad de lo que me sucedió. Porque no quiero que lo que me ocurrió le pase nunca más a nadie. Quiero que el mundo sepa lo que sucedió porque el gobierno y las fuerzas militares filipinas no deben quedar impunes por lo que me hicieron a mí, a Juanito, a John Edward. Y no puede quedar impune lo que le hicieron a tanta gente más”.

La reunión entre Obama y Arroyo se produce al tiempo que en el Congreso comienza el debate sobre la extensión de la ayuda militar estadounidense a Filipinas. Defensores de los derechos humanos reclamaron la reducción a la mitad de los fondos de ayuda y el aumento de los requisitos en la protección a los derechos humanos.

Luego de reunirse con Arroyo, Obama recibirá al destacado académico afroestadounidense Henry Louis Gates y al oficial de policía blanco que lo arrestó este mes. La Casa Blanca informa que los tres se reunirán con sus familias para disfrutar de un picnic en las afueras de la Oficina Oval. La reunión tiene lugar una semana después de que Obama afirmara que el oficial de policía había actuado “estúpidamente” al arrestar a Gates cuando éste intentaba ingresar a su casa luego de forzar la puerta principal, que estaba trabada.