Titulares16 de septiembre de 2009

Una misión investigadora de Naciones Unidas concluyó que Israel cometió crímenes de guerra y posiblemente crímenes contra la humanidad al atacar intencionalmente a civiles palestinos durante el ataque contra Gaza, a comienzos de este año. Más de 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en el ataque israelí con apoyo de Estados Unidos. El juez Richard Goldstone, al frente de la investigación, dijo que la misma se concentró en los ataques intencionales que ordenaron los comandantes israelíes.

Richard Goldstone dijo: “Los 36 incidentes que hemos investigado, en la mayor medida posible, no se refieren a los que yo llamo comandantes o soldados ‘con dudas’, que estaban en el fragor de la batalla. De lo que hablamos es de un aspecto mucho más amplio de las políticas intencionales que se adoptaron y las acciones militares que no se tomaron bajo urgencia, en situaciones urgentes”.

En las incursiones israelíes investigadas se incluyen el ataque contra civiles palestinos que tenían banderas blancas, el bombardeo intencional de refugios de la ONU, y la muerte de más de 300 niños. El informe también acusa a los combatientes palestinos de violar la Convención de Ginebra, por sus ataques con cohetes contra pueblos israelíes. Trece israelíes murieron durante el ataque contra Gaza, cuatro de ellos por “fuego amigo”. El informe recomienda al Consejo de Seguridad de la ONU que solicite a ambas partes que indaguen las acusaciones o se sometan a la investigación de la Corte Penal Internacional.

El principal comandante militar estadounidense le dijo al Congreso el martes que es probable que necesite más soldados en Afganistán. El almirante Mike Mullen, presidente del Estado Mayor Conjunto, realizó los comentarios en testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado.

El almirante Mullen dijo: “No sé exactamente qué recursos adicionales pueda solicitar el general McChrystal y no sé qué proporción entre entrenamiento y unidades de combate necesite en realidad, eso lo veremos en las próximas semanas. Pero creo, tras haber oído sus opiniones y depositado gran confianza en su liderazgo, que una contrainsurgencia bien equipada probablemente signifique más fuerzas y, sin dudas, más tiempo y más compromiso para la protección del pueblo afgano y el desarrollo de la buena gestión de gobierno”.

El gobierno de Obama se opone a que los prisioneros de la base aérea de Bagram en Afganistán tengan derecho al hábeas corpus. En un alegato jurídico presentado esta semana, el Departamento de Justicia sostiene que los aproximadamente 600 prisioneros de Bagram no tienen el derecho a cuestionar su encarcelamiento ante los tribunales estadounidenses. El alegato forma parte de la apelación del gobierno a un fallo judicial que otorgó hábeas corpus a tres prisioneros de Bagram, porque estos fueron capturados fuera de Afganistán. La medida se conoció mientras la Casa Blanca comenzó a anunciar nuevas pautas que se asegura mejorarán los derechos legales de los detenidos en Bagram. También contradice la postura previa que tenía el Presidente Obama sobre el hábeas corpus cuando era candidato a la presidencia. En la campaña electoral hace poco más de un año, Obama elogió el fallo de agosto de 2008 por el cual la Corte Suprema decidió que los prisioneros de Guantánamo pueden impugnar sus detenciones ante la justicia de Estados Unidos. En aquel momento Obama declaró: “La decisión de la Corte rechaza el intento de la administración de Bush de crear un agujero negro legal en Guantánamo. Este es un paso importante para restablecer nuestra credibilidad como nación comprometida con el imperio de la ley, y rechazar la falsa opción entre la lucha contra el terrorismo y el respeto del hábeas corpus”. Con respecto al cambio de postura del Presidente Obama, la abogada Melissa Goodman, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus sigla en inglés) dijo: “Desde que la Corte Suprema declaró que los prisioneros en Guantánamo tienen derecho al hábeas corpus, parecería que el gobierno procura utilizar a Bagram, en su lugar, como su nuevo depósito extraterritorial para las detenciones indefinidas”.

Por otra parte, el gobierno de Obama pretende prorrogar tres controvertidos métodos de espionaje interno de la Ley Patriota de Estados Unidos, antes de que venzan a fin de año. El martes, el Departamento de Justicia solicitó al Congreso que prorrogue las facultades del gobierno para recabar registros financieros y vigilar a los sospechosos mediante escuchas telefónicas. El Departamento de Justicia dice que consideraría agregar nuevas protecciones a la intimidad pero solamente si no “socavan la eficacia de estas importantes autoridades”.

El periodista iraquí que arrojó sus zapatos al ex Presidente George W Bush, habló en público el martes, luego de que fuera liberado de la cárcel. En conferencia de prensa, Muntadhar al-Zaidi declaró que durante su detención de nueves meses, fue torturado.

Muntadhar al-Zaidi dijo: “Lo que me llevó a la confrontación fue la injusticia que padece mi pueblo, y la forma en que la ocupación pretendía humillar a mi país poniéndolo al mismo y a su pueblo – ancianos, mujeres, niños y hombres – bajo su bota. Mientras el primer ministro iraquí aparecía en los canales satelitales diciendo que no dormiría hasta tener la garantía de la seguridad de Bush, yo recibía otra acogida. Mientras el primer ministro hablaba, a mí me torturaban de la forma más cruel, me electrocutaban, me golpeaban con cables y barras de metal”.

En Honduras, organizaciones contrarias al golpe de Estado que derrocó al Presidente Manuel Zelaya salieron a las calles el martes mientras en el país centroamericano se conmemoraba el día de la independencia nacional. El líder del gobierno de facto, Roberto Micheletti, habló ante sus seguidores y dijo que únicamente una invasión extranjera podría lograr el regreso de Zelaya a Honduras. Mientras tanto, miles de seguidores del mandatario derrocado llevaron a cabo una manifestación a favor del restablecimiento del gobierno democrático.

Un manifestante dijo: “Queremos el retorno de la democracia en Honduras, y estamos pidiendo también que el Presidente vuelva a nuestro país, porque fue sacado a la fuerza y nosotros, los hondureños, lo elegimos por medio de voto. Lo elegimos, y no es justo lo que ha hecho [Micheletti], de sacarlo a la fuerza”.

En Canadá, activistas del grupo ambientalista Greenpeace paralizaron la producción en una gran mina de arenas bituminosas en el norte de Alberta. El martes, los activistas se encadenaron a un camión de basura y a una pala mecánica enorme, lo que obligó a los propietarios a suspender las actividades. La gigante petrolera Royal Dutch Shell es la propietaria mayoritaria de la mina, mientras que la compañía Chevron tiene una participación menor. Greenpeace dice que tomó medidas para protestar contra lo que calificó como “los crímenes climáticos de la explotación de arenas bituminosas, que incrementan la intensidad de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción forestal boreal”. Se dice que la extracción de petróleo de las arenas bituminosas puede generar hasta cinco veces más de contaminación por gases de efecto invernadero que la producción convencional de petróleo.

En otras noticias sobre el medio ambiente, los negociadores estadounidenses y europeos están en desacuerdo respecto a las propuestas para regular la contaminación antes de la próxima cumbre mundial sobre el clima que se realizará en Copenhague, capital de Dinamarca. El periódico londinense The Guardian, informó que el desacuerdo se centra en cómo calcular los objetivos de reducción de carbono nacionales. Estados Unidos presuntamente está procurando desechar el sistema establecido en virtud del protocolo de Kyoto, que regula cómo se calculan las reducciones de gases de efecto invernadero y cómo se venden los créditos de carbono. La presunta propuesta de Estados Unidos permitiría que cada país decida unilateralmente cómo lograr sus objetivos de reducción de emisiones.

El gobierno de Obama propuso formalmente nuevos estándares de rendimiento del combustible para los automóviles vendidos en Estados Unidos. Éstos exigirían que las fábricas de automóviles mejoren el rendimiento del combustible en un 5% anual, hasta llegar a los 57 kilómetros por galón en el año 2016. Obama anunció esta propuesta en una fábrica de General Motors en Ohio.

El Presidente Obama dijo: “Durante mucho tiempo nuestra industria automotriz afrontó estándares de rendimiento del combustible variables y contradictorios y eso provocó que fuera difícil para ustedes hacer planes a futuro. Es por eso que estamos lanzando, por primera vez en la historia, nuevos estándares nacionales que buscan aumentar el rendimiento del combustible y reducir la contaminación por gases de efecto invernadero en todos los automóviles y camiones nuevos que se vendan en Estados Unidos. Esta medida le otorgará a nuestras empresas automotrices la claridad, estabilidad y previsibilidad que deberían haber tenido desde hace mucho tiempo”.

De ser aprobados, estos nuevos estándares de combustible marcarían la primera vez en la que el gobierno de Estados Unidos impone límites en la contaminación por gases de efecto invernadero.

Más tarde, el Presidente Obama habló en la convención de la Federación Estadounidense de Trabajadores-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) en Pittsburgh, donde intentó obtener apoyo para un sistema de salud pública. Luego del discurso de Obama, los delegados de la AFL-CIO decidieron por unanimidad apoyar una propuesta para defender un sistema de salud universal de pagador único. Esta votación representó la primera vez en dos décadas que la AFL-CIO se comprometió formalmente a apoyar este sistema.

En Capitol Hill, se originaron nuevos desacuerdos por el proyecto de ley sobre la salud supervisado por el Senador demócrata Max Baucus, que fue revelado el martes. Baucus es uno de los miembros del Congreso que recibe más donaciones de campaña de la industria privada de la salud. El martes, el Senador John Rockefeller de Virginia Occidental dijo que “de ninguna manera” votaría a favor de este proyecto de ley porque excluye la opción de un seguro de salud público que compita con las aseguradoras privadas. Mientras tanto en la Cámara de Representantes, el Congresista Charles Rangel de Nueva York criticó la medida de Baucus por recortar los subsidios que buscan ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos a obtener cobertura médica.

En otras noticias de Washington, la Cámara de Representantes liderada por los demócratas decidió mediante una votación reprender al Congresista republicano Joe Wilson por el arrebato durante el discurso del Presidente Obama sobre la salud que tuvo lugar la semana pasada. Wilson gritó “¡Usted miente!” luego de que Obama dijera que su plan de salud no cubre a los inmigrantes indocumentados. La votación estuvo dividida, principalmente según los partidos políticos. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, rechazó las críticas de los republicanos.

Steny Hoyer dijo: “Este asunto es importante para la Cámara de Representantes y para nuestro país. Y el asunto es si podemos proceder con el grado de cortesía y decoro que nuestras normas y nuestra democracia contemplan y exigen”.

El ex Presidente Jimmy Carter también intervino en la controversia sobre Wilson y la reciente protesta derechista contra el Presidente Obama. Carter habló con NBC News y dijo que las recientes críticas a Obama radican en el racismo.

Jimmy Carter dijo: “Creo que gran parte de la animosidad intensamente manifestada contra el Presidente Barack Obama se basa en el hecho de que es un hombre negro, de que es un afroestadounidense. Yo vivo en el sur, y he visto al sur evolucionar mucho, y he visto al resto del país que en ese entonces compartía la postura del sur con respecto a las minorías, particularmente los afroestadounidenses. Y esa tendencia al racismo aún existe. Y creo que ha salido a la superficie por la convicción de muchas personas blancas tienen, no solo del sur, sino de todo el país, de que los afroestadounidenses no están calificados para dirigir este gran país”.