Titulares02 de septiembre de 2009

La Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) se niega a divulgar una serie de documentos claves sobre su programa de prisiones secretas y torturas. El anuncio se realizó en respuesta a un plazo judicial impuesto en un caso presentado por la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por su sigla en inglés). La CIA sostiene que la divulgación de información sobre las denominadas “técnicas de interrogatorio incrementadas” pondría en riesgo la seguridad nacional al exponer fuentes y métodos clasificados de inteligencia. La negativa se produce una semana después de que el Departamento de Justicia desclasificara y publicara un informe de la CIA sobre torturas en las prisiones en el extranjero e iniciara una investigación sobre la conducta de los interrogadores de la Agencia. Dicha investigación ha sido criticada porque se centra en operadores de bajo nivel y no en los funcionarios del gobierno de Bush que autorizaron las prácticas implementadas por esos operadores. Los documentos que la CIA quiere mantener en secreto podrían proporcionar mucha información sobre el papel del gobierno de Bush. Entre ellos se encuentran la autorización del presidente George W. Bush de setiembre de 2001 para encarcelar prisioneros de la CIA en el extranjero; cables entre funcionarios de la CIA de las prisiones secretas y sus superiores en Washington, así como memorandos redactados por abogados de la Agencia acerca de la legalidad de las operaciones. Alex Abdo, del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, declaró: “El gobierno de Obama debe […] divulgar todos los documentos cruciales que puedan arrojar más luz sobre los orígenes y alcances del programa de torturas del gobierno de Bush. El público estadounidense tiene derecho a conocer toda la verdad sobre las torturas que se practicaron en su nombre”.

En Afganistán, al menos 23 personas murieron en un atentado suicida contra una mezquita cerca de Kabul. Entre los fallecidos está el subdirector de inteligencia afgano y al menos otros dos funcionarios gubernamentales. El director de inteligencia, Abdullah Laghmani, era aparentemente el objetivo del atacante.

La empresa militar privada encargada de custodiar la embajada estadounidense en Kabul está siendo acusada de negligencia grave y comportamiento inadecuado en el cumplimiento de sus obligaciones. Según el Proyecto de Supervisión Gubernamental (POGO, por su sigla en inglés) más de una docena de guardias de la embajada presentaron acusaciones contra colegas contratados por ArmorGroup North America. ArmorGroup custodia la embajada de Estados Unidas en virtud de un contrato por 189 millones de dólares anuales. El contrato con la empresa fue renovado en julio, a pesar de una revisión crítica de su trabajo realizada por el Departamento de Estado. Los denunciantes afirman que los guardias de ArmorGroup han llevado a cabo operaciones no autorizadas, armadas y nocturnas en Kabul. Infringiendo el contrato, los guardias se vistieron con ropas tradicionales afganas y se ocultaron en edificios abandonados. También se dice que se habrían filmado y fotografiado a sí mismos en actitudes subidas de tono, como orinarse unos a otros en fiestas donde había alto consumo de alcohol. El martes, Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado, declaró que las nuevas acusaciones serán investigadas.

Ian Kelly dijo: “La secretaria Clinton está en conocimiento de las acusaciones y documentos y ha ordenado al Departamento y a la Oficina del Inspector General que tomen las medidas correspondientes. Déjenme decirles que la secretaria y el departamento establecieron claramente que habrá tolerancia cero con el tipo de conducta que se describe en el documento”.

Las acusaciones se producen al tiempo que un estudio del Congreso indica que Estados Unidos depende de los contratistas en Afganistán más que nunca. Un censo realizado por el Pentágono el mes pasado reveló que los contratistas, que representan el 56% de las fuerzas de ese organismo en Afganistán, contaban a fines de junio con 74.000 efectivos, en comparación con los 58.000 soldados estadounidenses presentes en ese país. El Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS, por su sigla en inglés) sostiene que esa cifra se ubica en el 65% si se promedian los últimos dos años. El CRS afirma que el 16% de los contratistas de Afganistán estaban realizando tareas de “seguridad” en marzo, antes de que comenzara el despliegue de 21.000 soldados adicionales dispuesto por el Presidente Obama.

Las cifras se conocen al tiempo que trasciende la información de que el gobierno de Obama planea aumentar significativamente su dependencia de los contratistas en ese país con el fin de minimizar un nuevo despliegue de tropas. El periódico Los Angeles Times informa que el Pentágono elaboró planes para aumentar la presencia militar en Afganistán. Para ello, reemplazará las unidades de apoyo dedicadas a tareas que no son de combate por al menos 14.000 efectivos. De acuerdo con el plan, Estados Unidos evitaría un aumento importante de tropas a través de la sustitución de soldados no combatientes por contratistas. La “tercerización” no compensaría del todo un aumento previsto de tropas, pero ayudaría a reducirlo. Mientras tanto, una encuesta reciente de CNN reveló que el 57% de los estadounidenses se opone en este momento a la guerra afgana, lo que representa un incremento de 11 puntos con respecto a finales del año pasado.

ABC News, mientras tanto, informa que el gobierno de Obama prorrogó el contrato de la empresa militar privada Blackwater en Irak. El Departamento de Estado, según se informa, seguirá valiéndose de Blackwater para trasladar funcionarios de la embajada dentro del territorio de Irak. El contrato vencía este mes. La prórroga sería por tiempo indeterminado, hasta que se firme otro contrato con la firma militar Dyncorp. Las noticias se conocen solamente dos semanas antes del segundo aniversario de la matanza perpetrada en Bagdad por guardias de Blackwater, en la que murieron 17 iraquíes inocentes.

En otras noticias iraquíes, nuevas cifras muestran que las muertes violentas alcanzaron su nivel más alto en trece meses. Según el gobierno iraquí, el mes pasado fueron asesinados 456 iraquíes, de los cuales 393 eran civiles. Fue el mes con más víctimas fatales desde julio de 2008, y la cifra más alta de bajas civiles desde abril de este año.

En Israel y los Territorios Ocupados, dos combatientes de Hamas murieron en un presunto ataque israelí en la franja de Gaza. Aparentemente estaban tratando de colocar minas terrestres cerca de la frontera de Gaza con Israel. Las muertes ocurrieron pocas horas después de que un adolescente palestino muriera en un tiroteo militar israelí en los territorios ocupados de Cisjordania. La vícitima, Muhammad Riad Nayef, tenía quince años. Según se informa, otros tres jóvenes y el conductor de una ambulancia resultaron heridos.

El derrocado Presidente hondureño Manuel Zelaya se encuentra en Washington, donde mañana se reunirá con la secretaria de Estado Hillary Clinton. El martes, Zelaya criticó al régimen golpista hondureño por impedir su retorno y seguir adelante con la campaña electoral.

El Presidente hondureño Manuel Zelaya declaró: “La democracia ha sido violentada en el país por un golpe de Estado militar, apoyado por cúpulas empresariales, no todos, ciertos sectores pudientes que manejan la economía del país a su antojo y que en procura de sostener sus privilegios no les importa el desarrollo del país. Pregunto yo a la comunidad internacional: ¿están de acuerdo en que las elecciones sean tipo Afganistán, donde mataron candidatos aun en las elecciones y había muertos todos los días, asesinatos, bombas? ¿Eso es lo que queremos para América nosotros? ¿Eso es lo que estamos promoviendo en América: elecciones bajo sangre y fuego, bajo bayonetas?”.

La reunión de Zelaya con Clinton se realizará luego de que una revisión del Departamento de Estado recomendara declarar el derrocamiento como un “golpe militar”. La medida obligaría al gobierno de Obama a reducir en hasta 150 millones de dólares su asistencia financiera a Honduras. Clinton todavía tiene que tomar una decisión.

En Chile, un juez ordenó el arresto de 129 ex funcionarios de seguridad por violación de los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Esta decisión representa el mayor arresto masivo en casos de investigación de crímenes cometidos durante el mandato de 17 años de Pinochet, que culminó en 1990. Los sospechosos trabajaban para la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), un organismo secreto de la policía chilena, vinculado a muchos casos de asesinatos y desapariciones forzosas por motivos políticos.

Mientras tanto en Guatemala, un ex oficial militar de alto rango se convirtió en la primera persona en ser condenada por casos de desapariciones forzosas durante el gobierno de la junta militar de Guatemala. El ex comisionado militar Felipe Cusanero fue declarado culpable de las desapariciones forzosas de seis campesinos a principios de la década del 80. Cusanero fue condenado en una sala de tribunal colmada de aldeanos mayas y parientes de los desaparecidos. Cientos de miles de personas murieron durante el gobierno de la junta militar. La mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por el Ejército guatemalteco.

En Ecuador, una demanda contra la empresa petrolera Chevron por daños ambientales en la selva amazónica se ve amenazada por acusaciones de corrupción judicial. Chevron fue demandada por arrojar miles de millones de galones de desechos petroleros tóxicos en la selva tropical de Ecuador. Un experto independiente designado por el tribunal recomendó que Chevron pagara 27.000 millones de dólares por daños y perjuicios. No obstante, ahora la petrolera publicó un video que, según dice, muestra al juez competente en el caso, el juez Juan Núñez, reuniéndose con un presunto representante del partido político gobernante de Ecuador y dos contratistas. Chevron dice que este video muestra al juez hablando sobre fallar en contra de la empresa y sobre un soborno de tres millones de dólares por contratos vinculados a otra compañía. El portavoz de Chevron Jim Craig exhortó a Ecuador a que investigue al juez Núñez.

Jim Craig dijo: “Exhortamos a las autoridades ecuatorianas a que lleven a cabo una investigación minuciosa, independiente y transparente sobre este soborno, que no solamente se centre en la conducta del juez Núñez, sino también en los graves indicios de interferencia política en el caso. Los resultados de esta investigación deberían hacerse públicos”.

El juez Núñez desmintió las acusaciones de Chevron y dijo que estos videos fueron manipulados. Se esperaba que este juez emitiera un fallo definitivo con respecto a la demanda contra Chevron antes de fin de año. La demanda original fue presentada hace 16 años. Julio Prieto, abogado de los residentes de la selva amazónica, dijo que Chevron sigue con su patrón de demorar el caso.

Julio Prieto dijo: “Esto parece más bien, lo que decía, una estrategia de último momento, una cortina de humo para distraer la atención pública y ganar tiempo. ¿Por qué van a ganar tiempo? Porque con lo mal que se ve esto, seguramente el juez va a ser removido del caso y un nuevo juez tendrá que conocer todo este juicio de cero, lo que le va a tomar un tiempo considerable, ahora que estábamos tan cerca de la sentencia. Yo diría, con esta sucia estrategia ganaron por lo menos un año”.

El gobierno ecuatoriano negó cualquier tipo de interferencia en el caso y dijo que está investigando las acusaciones de Chevron.

En otras noticias de Estados Unidos, un nuevo estudio indica que a los trabajadores con bajos salarios se les ha negado de forma sistemática el pago correspondiente de horas extras y a menudo se les ha pagado menos que el salario mínimo. Este estudio conjunto de las Fundaciones Ford, Joyce, Haynes y Russell Sage representa el estudio más autorizado sobre infracciones salariales en más de una década. El 68% de los trabajadores encuestados sufrieron al menos una infracción salarial durante la semana anterior. El 76% no recibieron pagos por horas extras y el 26% cobraron menos que el salario mínimo. El trabajador promedio de los encuestados perdió 51 dólares a raíz de estas infracciones salariales durante dicha semana, o el 15% del salario correspondiente a esa semana. Solamente el 8% de los que sufrieron lesiones graves vinculadas al trabajo solicitaron indemnizaciones médicas y faltaron al trabajo.

Mientras tanto, otro estudio indica que altos ejecutivos de las principales empresas financieras del país se beneficiaron de las opciones de compra de acciones otorgadas cuando el precio de las acciones era bajo. El “Institute for Policy Studies” (Instituto para Estudios de Política) dice que los cinco ejecutivos de mayor jerarquía de diez empresas financieras se beneficiaron con un aumento del valor de sus opciones de compra de acciones de casi 90 millones de dólares. El valor aumentó en gran medida mientras los mercados financieros se recuperaban de la debacle económica. Pero mientras que muchos ejecutivos obtuvieron beneficios extraordinarios, aproximadamente 160.000 empleados fueron despedidos de las 20 principales empresas que recibieron rescates financieros.

Una coalición de grupos sindicalistas y ambientalistas lanzaron una nueva campaña contra la gigante de venta al por menor Wal-Mart. El grupo “American Values Agenda for Change at Walmart” (Agenda de Valores Estadounidenses para el Cambio en Walmart), está intentando presionar a la empresa para que aumente los salarios, los beneficios de asistencia médica y mejore sus políticas ambientales y laborales. El sitio web de este grupo, WakeUpWalMart.com, dice que presentó una recusación a Wal-Mart para que acepte una serie de nuevos estándares para conmemorar el Día de los Trabajadores, que tendrá lugar la próxima semana.

En otras noticias sobre la economía, cifras publicadas recientemente indican que el sector industrial creció el mes pasado por primera vez en más de un año y medio. El Institute for Supply Management (Instituto para la Gestión de Suministros) dice que su índice de agosto también aumentó al nivel más alto en dos años. En la Casa Blanca, el Presidente Obama recibió con agrado la noticia.

El Presidente Obama dijo: “No cabe duda de que nos queda un largo camino por recorrer, y yo y los otros miembros de este gobierno no pararemos hasta que los estadounidenses que están buscando empleo puedan encontrarlo. Pero este es otro indicio importante de que vamos en la dirección correcta y de que las medidas que hemos tomado para que nuestra economía se recupere de la crisis están funcionando”.

Ese mismo día Obama ofreció una cena a un grupo de musulmanes estadounidenses para conmemorar el mes sagrado islámico del Ramadán.

El Presidente Obama dijo: “Juntos, tenemos la responsabilidad de fomentar un compromiso fundado en el interés mutuo y el respeto mutuo. Y esa es una de mis principales obligaciones como Presidente, tanto en el país como en el exterior. Eso es fundamental para el nuevo comienzo que he procurado entre Estados Unidos y los musulmanes en todo el mundo. Y ese es un compromiso que podemos renovar una vez más durante esta época sagrada”.

Y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) anunció que pronto declarará al dióxido de carbono un contaminante peligroso. El dictamen formal pendiente sobre contaminantes peligrosos conocido como “endangerment finding”, requeriría que la EPA regule la contaminación de gases de efecto invernadero en virtud de la Ley de Aire Limpio. Esta medida tiene lugar tras un dictamen emitido por la EPA en abril que estableció que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud y el bienestar de los seres humanos. Mientras tanto, los negociadores del Senado postergaron la presentación de un proyecto de ley histórico sobre el clima para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para fines de este mes. La Cámara de Representantes aprobó por un estrecho margen su versión de este proyecto de ley en junio.