Titulares30 de abril de 2010

La enorme filtración del pozo petrolero de BP en el Golfo de México llegó a las costas de Luisiana, en tanto que aumentan los temores de un desastre peor que el del derrame del Exxon Valdez en 1989. Cinco mil barriles diarios siguen vertiéndose al agua debajo del emplazamiento de la plataforma Deepwater Horizon que explotó y se hundió la semana pasada. En la Casa Blanca, el Presidente Barack Obama dijo que BP es responsable en última instancia de financiar las operaciones de respuesta y limpieza, pero prometió aumentar la participación federal.

Obama declaró: “He recibido frecuentes informes de miembros de mi gabinete y del personal de la Casa Blanca, incluso una actualización sobre la fuga adicional anoche y otra esta mañana. Y mientras que BP es responsable en última instancia de hacerse cargo del costo de las operaciones de respuesta y limpieza, mi gobierno seguirá utilizando cada uno de los recursos a nuestra disposición, incluso la posibilidad de que el Departamento de Defensa maneje el incidente”.

Miles de personas se reunieron el jueves en una manifestación en Wall Street para denunciar el rescate financiero subvencionado con el dinero de los contribuyentes y el papel de las grandes empresas financieras en la crisis económica del país. Una coalición de sindicatos y grupos comunitarios organizó la marcha, mientras que el Senado abría el debate sobre la medida de revisión de la regulación financiera.

George Goehl, presidente de la organización “National People’s Action” (Acción Nacional del Pueblo, en español), manifestó: “Queremos mandarles un claro mensaje a ellos [en referencia al Congreso]: '¿de qué lado están?'. ¿Se van a poner del lado de Wall Street y los banqueros, los mismos banqueros que nos metieron en este lío? ¿O van a hacer lo que nos parece obvio que hay que hacer, es decir, ponerse del lado del pueblo estadounidense?’”.

Antes de la marcha, docenas de manifestantes se aglomeraron en el vestíbulo de los locales de JP Morgan Chase, Wells Fargo y Wachovia.

Según se informa, los fiscales federales habrían abierto una investigación penal del gigante financiero de Wall Street Goldman Sachs. La empresa está siendo investigada por vender a los clientes títulos valores hipotecarios, al tiempo que apostaba a su fracaso. Según se informa, la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Manhattan es la encargada de llevar adelante la investigación. La Comisión de Bolsa y Valores presentó este mes una demanda civil contra Goldman y dijo que había remitido el caso a los fiscales federales.

Crece la oposición a la nueva ley migratoria de Arizona, con la realización de protestas y las primeras demandas federales que buscan su revocación. La ley obliga a los funcionarios policiales a determinar la condición migratoria de quienes sean sospechosos de ser inmigrantes indocumentados. Los opositores a la medida dicen que se trata de la más severa del país y de una licencia para la utilización de perfiles raciales. El jueves, centenares de personas se congregaron para protestar contra la ley en las afueras de la sede del Poder Legislativo estatal en Phoenix. Entre los manifestantes se encontraba la veterana activista laboral Dolores Huerta y la cantante pop Shakira. Dolores Huerta dijo que la ley está dando impulso al movimiento por los derechos de los inmigrantes.

Dolores Huerta dijo: “Creo que es una oportunidad para todos nosotros para involucrarnos y cambiar la política del Estado de Arizona. No podemos dejar que éste siga siendo la oveja negra de todos los estados de Estados Unidos de América y que siga aprobando leyes racistas”.

En Chicago se realizó otra protesta, cuando docenas de personas se concentraron en las afueras de un partido de las Grandes Ligas de béisbol en el que los Diamondbacks de Arizona jugaban como visitantes. Sobre el estadio, una avioneta desplegó un cartel con críticas a la ley migratoria. De vuelta en Arizona, Martin Escobar, un policía de Tucson con quince años de servicio, presentó una demanda contra la ley porque, según él, dificultará las investigaciones y violará los derechos constitucionales. Con posterioridad a la demanda de Escobar, la Coalición Nacional del Clero y Líderes Cristianos Hispanos presentó una impugnación por separado. El grupo quiere obtener una orden judicial que impida la aplicación y ejecución de la ley. Thomas Saenz, del Fondo Educacional y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense, dijo que su grupo también presentará una demanda.

Saenz declaró: “Presentaremos una demanda en un tribunal federal a tiempo para asegurarnos de que la ley no pueda implementarse nunca, sobre la base de lo que la fecha de implementación termina siendo, 90 días a partir del cierre de sesiones de la asamblea legislativa. Iremos a la justicia, presentaremos una demanda para lograr que la ley no se pueda implementar en ningún momento”.

Mientras tanto el sheriff del Condado de Pima, en Arizona, anunció que se negará a aplicar la nueva ley. El sheriff Clarence Dupnik calificó a la ley como “vergonzosa”, “racista” y “estúpida”.

Un nuevo informe del Pentágono indica que la violencia en Afganistán aumentó prácticamente un 90% en comparación con la misma fecha del año pasado. Los ataques con bombas colocadas al costado de carreteras aumentaron un 240% durante el mismo período. El apoyo a los insurgentes afganos aumentó de 33 distritos afganos a 48 desde el mes pasado.

Mientras tanto, las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos mataron a un pariente de una legisladora afgana en una redada nocturna. Esta legisladora, Safia Sidiqi, dice que los soldados irrumpieron en su hogar en medio de la noche sin previa advertencia. La víctima portaba un arma creyendo que los intrusos eran ladrones. Por otra parte, Francia admitió el asesinato de cuatro civiles afganos en un ataque llevado a cabo este mes. Las Fuerzas Armadas francesas dicen que las víctimas fueron asesinadas accidentalmente cuando sus fuerzas dispararon misiles contra militantes afganos.

En otras noticias de Afganistán, la Organización de las Naciones Unidas puso fin a su misión en Kandahar antes de una gran ofensiva dirigida por Estados Unidos en el lugar. Se prevé que la fuerza de la OTAN lanzará su mayor ataque de la guerra de casi nueve años en los alrededores de Kandahar en los próximos meses.

En la Bahía de Guantánamo, un prisionero canadiense boicoteó su audiencia de presentación de pruebas el jueves, tras negarse a utilizar gafas que le taparan la visión y orejeras que no le permitieran escuchar mientras era transportado desde su celda. Esta audiencia se lleva a cabo para considerar las afirmaciones de Omar Khadr de que fue torturado para que diera una confesión falsa de haber matado a un soldado estadounidense en Afganistán. Khadr tenía quince años cuando los soldados estadounidenses lo encarcelaron, en el año 2002. Según dice, los guardias militares estadounidenses lo golpearon y amenazaron con violarlo cuando llegó a Guantánamo ese mismo año. El abogado defensor Barry Coburn afirmó que Khadr aún sigue siendo maltratado.

Coburn dijo: “Estamos sumamente preocupados por lo que el Sr. Khadr está sufriendo y creo que probablemente fue evidente para todos en la sala de tribunales que aparentemente estaba extremadamente dolorido, y creo que en cierto momento incluso llegó a llorar. Es decir, la idea de colocarle gafas oscuras ajustadas a una persona en este estado físico es algo, sin ponerle necesariamente ningún rótulo en particular, es algo que me resulta extremadamente difícil de entender”.

Luego Khadr asistió a la sesión de la tarde, donde ocasionalmente rompió en llanto. Está programado que sea enjuiciado este año en el primer tribunal militar del gobierno de Obama.

En otras noticias de Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó una medida que permitiría un referéndum sobre el futuro político de Puerto Rico. Esta propuesta permitiría realizar una votación de dos etapas en la que los puertorriqueños primero decidirían si desean mantener el estatus actual de la isla como Estado libre asociado de Estados Unidos o cambiarlo. Si prevalece la segunda opción, Puerto Rico podría llevar a cabo una segunda votación con cuatro opciones: adquirir categoría de Estado, obtener la independencia, mantener el estatus actual o adquirir soberanía vinculada a Estados Unidos. Esta medida ahora pasará al Senado.

Y cuatro prisioneros condenados en el controvertido juicio por terrorismo del año pasado de Holy Land Foundation han sido trasladados a unidades secretas carcelarias conocidas como Unidades de Gestión de Comunicación (CMU, por su sigla en inglés). Estas unidades están diseñadas para restringir severamente la comunicación de los prisioneros con sus familiares, los medios de información y el mundo exterior. Estos cuatro prisioneros fueron condenados por cargos de apoyar al grupo palestino Hamas mediante la Holy Land Foundation, que fue en un tiempo la organización benéfica musulmana más grande del país. Nunca fueron acusados de apoyar la violencia y fueron condenados por financiar organizaciones benéficas que ayudaban a los palestinos necesitados. El Departamento de Estado de Estados Unidos también financió esos mismos grupos. El caso del gobierno se basó en la inteligencia israelí y en documentos y vigilancia electrónica cuestionables recabados por el FBI en un lapso de quince años.