Mujeres y niños migrantes alegan pésimas condiciones y ataques sexuales en una cárcel privada de Texas

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now!, democracynow.org. El informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman, trasmitiendo desde Texas, donde se ha abierto un polémico centro de detención para familias, ubicado casi a una hora al sur de San Antonio. El Centro Residencial del Condado de Karnes alberga desde agosto a más de 500 mujeres y niños inmigrantes. Muchas de estas personas llegaron a Estados Unidos buscando escapar de la violencia existente en sus países de origen; Honduras, Guatemala y El Salvador. El gobierno de Obama, sin embargo, dice que su detención busca desalentar a otros migrantes.

Sólo unas pocas de las detenidas han sido liberadas. Una de ellas habló con Democracy Now! sobre la terrible experiencia sufrida. Sara Aida Beltrán Rodríguez vino huyendo de El Salvador con su hija Nayely, de siete años de edad, que tenia cáncer de cerebro. En esta entrevista, cuenta lo que sucedió cuando ella y su hija fueron detenidas en la frontera de Estados Unidos y México. También escuchamos a su abogada, que ayudó a garantizar su liberación.

SARA RODRÍGUEZ BELTRÁN AIDA: Cuando crucé el río, yo llegué a McAllen y terminé en el centro de detención. Estando ahí me entrevistaron por video, y el hombre que me entrevistó me hizo preguntas, y todo lo que pude decir era que venía por la situación de mi hija. Me informaron que tenía una orden de deportación y que no podían hacer nada por mi hija.

Cuando llegué a Karnes, también me entrevistaron y me dijeron que les volviera a contar todo, y les conté sobre la situación de mi hija. Me insistieron en que les contara toda la historia. Y así lo hice. Y sí la examinaron para ver cómo estaba, igual que hacen con todos los niños, sólo un examen físico normal. Y yo pensaba que me iban a ayudar haciendo que la viera un especialista, o algo, pero no pudieron, porque, no se, creo que tal vez porque era muy costoso. Y yo seguí pidiendo eso y esperando algún tipo de ayuda en este tema, pero no recibí ninguna ayuda.

Veía que su brazo izquierdo tenía el movimiento muy limitado, y que sus pies se le estaban adormeciendo. Y yo pensaba que era porque estábamos en un espacio pequeño y ella estaba sin poder salir. Y veía que para ella era muy agobiante estar encerrada ahí. Lloraba todas las noches. Y me preguntaba: “¿Cuándo nos vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuándo vamos a salir?” Y veía que estaba sufriendo mucho, para mí fue devastador.

KATE LINCOLN-GOLDFINCH: Mi nombre es Kate Lincoln-Goldfinch. Soy abogada de inmigración y estoy representando a Sara y Nayely en sus procedimientos migratorios. La Clínica Legal de Inmigración de Utah me contactó a mediados de agosto de este año por el caso de Sara y Nayely. Se habían enterado de la detención de Sara y Nayely, que Nayely tenía un tumor maligno en el cerebro y que no estaba recibiendo tratamiento. Desde la clínica de Utah se había enviado una carta a la oficina de migración solicitando la liberación de Nayely, sin recibir respuesta, y luego me pasaron el caso, asumiendo su representación de manera gratuita, para ver si podía sacarlas.

Lo primero que hice fue hacer traducir un informe de una resonancia magnética que tenía Sara, una resonancia magnética hecha dos años atrás. Y ahí supimos que la situación de la niña era muy grave. No sólo tenía un tumor maligno creciéndole en el cerebro, sino que también tenía una válvula instalada en el cerebro para drenar el líquido, que podía dejar de funcionar en cualquier momento. No sabíamos con seguridad si estaba funcionando bien. Y si la válvula fallaba, podía terminar con un daño cerebral grave o directamente no sobrevivir. De modo que me resultó muy, muy preocupante saber que así estaba la situación y que Nayely no estaba recibiendo atención médica.

Y al no recibir ninguna respuesta de parte de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por su sigla en inglés), decidimos hacer una campaña en los medios, para lo que me asocié con la organización Grassroots Leadership. Emitimos un comunicado de prensa sobre el tema y Grassroots Leadership movilizó a sus bases, que comenzaron a llamar a ICE con preguntas sobre el caso. Y dos días después de iniciada la campaña, me llamó el agente de deportación diciendo que iban a poner a Sara y Nayely en libertad condicional. Ni siquiera se les cobró fianza. Hasta donde yo sé, es el único caso en el que se ha obtenido una libertad condicional para una persona detenida en Karnes.

AMY GOODMAN: Escuchábamos a la abogada Kate Lincoln-Goldfinch y a su representada, Sara Aida Beltrán Rodríguez, que estuvo, hasta hace poco, entre las 500 mujeres retenidas en el nuevo centro de detención de Karnes City, una hora al sur de San Antonio, junto con su hijita Nayely. Nayely está siendo examinada en el Centro Médico Infantil Dell de Texas, en Austin. A todo esto, otras mujeres inmigrantes encarceladas en las instalaciones de Karnes han acusado a los guardias de agresión sexual. Agradecemos especialmente a Renée Feltz por este informe.

La semana pasada se presentó una demanda judicial a nivel federal, diciendo que los guardias están prometiendo ayuda a las mujeres con sus trámites migratorios a cambio de favores sexuales. Mientras tanto, funcionarios de migración han anunciado que se planea abrir un nuevo centro de detención para familias, de 2400 camas, en Dilley, Texas, que es otro pueblo ubicado no muy lejos de San Antonio.

Para ampliar la información, tenemos dos invitados. Javier Maldonado, abogado especializado en inmigración y derechos civiles con sede en San Antonio. La semana pasada, su estudio de abogados trabajó conjuntamente con el Fondo para la educación y la defensa legal mexicano-estadounidense (MALDEF, por sus siglas en inglés), la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y la organización Human Rights First para presentar una denuncia ante el Departamento de Seguridad Nacional respecto a las “graves acusaciones de abuso sexual significativo y continuo” en esta instalación del condado de Karnes. Además, se presentó una denuncia por las condiciones de precariedad del lugar. Y también nos acompaña Cristina Parker, coordinadora de proyectos migratorios de la organización Grassroots Leadership y coautora del nuevo informe de esa organización: “For-Profit Family Detention: Meet the Private Prison Corporations Making Millions by Locking Up Refugee Families” (Detención familiar con fines de lucro: conozca las empresas de cárceles privadas que ganan millones de dólares con el encierro de familias refugiadas).

Bienvenidos ambos al programa, hoy desde San Antonio. Quiero que hablemos del informe que pasamos recién, acerca de esta madre y su hija, a quien trajo a Estados Unidos para tratar un tumor cerebral. Pero comencemos por estas últimas denuncias, Javier Maldonado, ¿por qué no nos hablas acerca de la demanda que has presentado?

JAVIER MALDONADO: Sí, claro. Nosotros, un grupo de abogados y yo, nos acercamos a esta instalación para prestar asistencia gratuita a las familias que se encuentran allí, las madres con sus niños y niñas. Y empezamos a oír denuncias de que había mujeres que eran sacadas forzosamente en medio de la noche, mujeres a quienes les habían ofrecido dinero, mujeres a quienes les habían prometido ayuda con sus trámites de migración, y que se había visto a muchas de estas mujeres siendo toqueteadas o besándose con los guardias. Se trata de mujeres particularmente vulnerables, que han hecho un largo viaje, para huir de la violencia, en muchos casos de la violencia doméstica, existente en sus países de origen. Y fueron sometidas a este tipo de coerción sexual y abuso sexual. Y por esa razón…

AMY GOODMAN: ¿Y temen lo que puede pasarles si no se dejan?

JAVIER MALDONADO: Así es. O sea, bueno, temen lo que puede pasar si no se dejan y y también, es que tienen tan poco en esa instalación. No había, la otra denuncia que recibimos fue acerca de las condiciones en las que se encuentran y la falta de comida suficiente para las familias y los niños. Entonces, si te prometen un poco de dinero, si te prometen acceso a la cocina, si te prometen un poco de leche extra, bueno pues, esas familias están viviendo en condiciones terribles.

AMY GOODMAN: Cuéntanos en qué condiciones está la prisión.

JAVIER MALDONADO: Sí. En nuestras entrevistas con las familias también nos enteramos de que, por ejemplo, a los niños pequeños que necesitan gatear, se les restringe la posibilidad de gatear, que no había juguetes ni libros para los niños en las celdas, porque honestamente, por más que el letrero en la entrada diga que es un centro residencial, el lugar es una cárcel. Hay barrotes. Está todo rodeado con alambre de púas. Las mujeres no pueden salir. Los niños y niñas no pueden salir. Ahí, bajo el caliente sol de Texas, hay muy poquitos lugares donde pueden jugar. De modo que durante nuestras visitas, en los meses de agosto y septiembre, lo más triste era ver que esos eran los únicos momentos en que los niños y niñas tenían oportunidad de entrar en el área de visitas y jugar con juguetes. Sólo mientras sus madres se reunían con los abogados. Éste no es un lugar apropiado para recluir familias. No es un lugar apropiado para recluir niños.

AMY GOODMAN: ¿Puedes contarnos algo más sobre Nayely, la niñita que acabamos de ver en el informe de Renée?

JAVIER MALDONADO: Claro. Yo no fui su abogado, sino mi amiga Kate. Esta niña tiene una condición médica muy grave. El centro de detención de Karnes no está equipado para manejar una condición médica de este tipo.

AMY GOODMAN: Ella tiene siete años.

JAVIER MALDONADO: Tiene siete años. Se necesitó de una campaña mediática y los ruegos de la comunidad para poder obligar o persuadir al Departamento de Seguridad Nacional de dejar en libertad a esta madre y su hija. No debería ser necesario hacer una campaña mediática para obtener atención médica. Nayely es de las personas que, afortunadamente, salieron en libertad, pero hay otros niños y niñas con problemas médicos, con asma…

AMY GOODMAN: ¿Tú has representado a otros niños?

JAVIER MALDONADO: Sí, sí. O sea, hay niños que sufren trastornos de estrés postraumático, porque fueron amenazados, fueron golpeados; hay mujeres que fueron violadas en sus países de origen. Esto no es un centro que pueda, que está brindando la atención que estas familias necesitan.

AMY GOODMAN: Javier, ¿qué edad tiene tu representado más joven?

JAVIER MALDONADO: El más joven, acaba de ser liberado el viernes, tiene dos años de edad.

AMY GOODMAN: ¿Y cuál es su historia? ¿Cuánto tiempo estuvo recluido en este centro?

JAVIER MALDONADO: Estuvo recluido aproximadamente ocho semanas.

AMY GOODMAN: ¿Con su mamá?

JAVIER MALDONADO: Con su mamá y su hermano de cinco años de edad, los tres estuvieron detenidos en dicha instalación.

AMY GOODMAN: ¿Cuál es la alternativa?

JAVIER MALDONADO: La alternativa es lo que se hacía antes, que era que a las madres y padres, a las familias, se les daba una audiencia con la oficina de inmigración para que fueran a reportarse. Si el gobierno cree que esto es insuficiente, si cree que no hay garantía de que las familias se vayan a presentar a la audiencia, igual existen otras alternativas. Está la vigilancia electrónica. Se puede, por ejemplo, exigir a la familia que se reporte semanalmente, ya sea en persona o por teléfono. Hay otras cosas que este gobierno podría haber hecho antes que encerrar a madres y niños.

AMY GOODMAN: También nos acompaña Cristina Parker, que nos presenta un nuevo informe, titulado: “For-Profit Family Detention: Meet the Private Prison Corporations Making Millions by Locking Up Refugee Families” (Detención familiar con fines de lucro: conozca las empresas de cárceles privadas que ganan millones de dólares con el encierro de familias refugiadas). Cuéntanos quién maneja Karnes.

CRISTINA PARKER: Claro. Es el grupo GEO, una empresa de prisiones privadas que ganó el contrato para administrar el centro de detención para familias del condado de Karnes. Y tienen una larga lista de antecedentes de abuso, negligencia y mala conducta en sus instalaciones. De hecho, no debería sorprendernos que se hayan dado estas situaciones de abuso sexual y negación de tratamiento médico casi apenas inaugurada la instalación.

AMY GOODMAN: ¿Puedes darnos más ejemplos de lo que han encontrado en su investigación?

CRISTINA PARKER: Sí, claro. Pues una de las cosas que vemos es la persistencia de esta mala conducta. Por ejemplo, en el centro juvenil de Walnut Grove, en Mississippi, los guardias frecuentemente golpean, tratan violentamente y agreden sexualmente a los niños que están detenidos allí. También han tomado fuertes represalias contra quienes se quejan. O seas, si los chicos se quejaban por la forma en que los trataban, entonces los ponían en confinamiento solitario. Y a muchos kilómetros de ahí, en Pecos, Texas, hay otra instalación que es el centro de detención de Reeves, y allí pasaba lo mismo. Había un hombre que tenía, que sufría de epilepsia y se quejó por la falta de tratamiento médico. Lo pusieron en confinamiento solitario, donde pasó un mes antes de morir por complicaciones causadas por un ataque. Estaba solo. De hecho, ese evento originó un motín en la prisión.

AMY GOODMAN: ¿Cómo es el proceso para establecer estos centros? ¿Cómo se hace la planificación? ¿Hay participación de la comunidad?

CRISTINA PARKER: No han ninguna participación de la comunidad en la planificación de estos centros. Y son construidos en zonas muy remotas. Karnes no está tan alejado de donde estamos ahora, pero hay planes para construir un nuevo centro en Dilley, Texas, que está aún más alejado, más hacia el sur.

AMY GOODMAN: ¿Puedes contarnos más acerca de esta instalación? ¿Estamos hablando de 2.400 camas?

CRISTINA PARKER: Sí, Dilley es realmente impactante. Realmente este centro de detención va a ser muy impactante y enorme, no es una exageración. Una vez que…

AMY GOODMAN: ¿Qué tan grande es Karnes?

CRISTINA PARKER: En Karnes entran 532 personas. Hay rumores que quieren expandirlo, tal vez al doble de capacidad. Pero incluso así, sería pequeño en comparación a Dilley. O saa, Dilley va a tener 2.400 camas, sería el centro de detención para inmigrantes más grande de todo el país, haciendo ver pequeños a todos los demás. Y sería para encerrar a mujeres y niños. Creo que, bueno, es algo terrible.

AMY GOODMAN: ¿Y tambien será administrado por GEO?

CRISTINA PARKER: No, según los rumores, quien está a cargo del centro de Dilley es la empresa CCA, Corrections Corporation of America, la misma empresa que manejaba el infame centro de detención para familias T. Don Hutto, en Taylor, Texas. Y más impactante de todo es que vemos como las mismas cosas se repiten una y otra vez. Según los informes, los guardias de Hutto amenazaban a los niños por hacer cosas de niños, como jugar, hacer ruido; los amenazaban con separarlos de sus madres y padres. Es exactamente lo mismo que nos contaron hace poco cuando fuimos a Karnes. Y es un problema persistente. Otro problema es que las mujeres y los niños están perdiendo peso. O sea, imagínate lo que es que un bebé pierda peso porque la comida es tan mala. Eso es exactamente lo que escuchamos en Hutto, manejado por CCA y exactamente lo mismo estamos escuchando en Karnes, manejado por GEO.

AMY GOODMAN: Y Javier Maldonado, ¿qué motivos tienen estas empresas privadas para ponerse a administrar prisiones?

JAVIER MALDONADO: Bueno, qué motivación, el lucro. Ganar dinero. El gobierno les paga por día, esté o no lleno el lugar. Y cuanto más tiempo tengan a la gente allí, más dinero ganan. ¿Por qué los ponen en esos lugares, como Karnes o Dilley? Porque allí no hay abogados. Porque es muy difícil para la gente llegar hasta ahí. Porque son lugares remotos, donde nadie los ve y nos podemos olvidar de ellos.

AMY GOODMAN: La portavoz de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), Nina Pruneda, dijo en un comunicado que ”ICE mantiene su compromiso de garantizar que todo individuo en nuestra custodia sea tratado de una manera segura, protegida y humana. Las acusaciones sobre una presunta conducta ilegal serán investigadas a fondo y, de tener fundamento, se tomarán las medidas correspondientes”. Además, si bien no hizo comentarios sobre las denuncias específicas de agresión sexual en el centro de detención en Karnes City, dijo que hay una política de tolerancia cero hacia la agresión sexual, de acuerdo con lo que indican las normativas federales. Cristina Parker, ¿puedes responder a eso?

CRISTINA PARKER: Sí. Mi respuesta es no parecen estar aprendiendo la lección. Esto ya ha pasado una y otra vez en instalaciones para la detención de familias, tanto de la empresa GEO, como de CCA, O sea, no es ninguna sorpresa para nadie. No sé por qué siguen trabajando con estas empresas.

AMY GOODMAN: Se está organizando una acción de protesta para el sábado, ¿cierto?

CRISTINA PARKER: Estamos organizándola, sí. Nos vamos a concentrar afuera del centro de detención familiar del condado de Karnes este sábado al mediodía. Invitamos a la gente a acompañarnos y protestar contra esta práctica vergonzosa, la práctica inhumana tener a la gente detenida allí. Y bueno, no vamos a detenernos. También esperamos poder frenar el contrato en Dilley.

AMY GOODMAN: ¿No está muy firme ya? ¿Crees que hay posibilidad de impedir que se avance con el contrato de Dilley, el centro de detención de 2.400 camas?

CRISTINA PARKER: Bueno, no quiero creer que ya no se pueda. Realmente creo que lo podemos impedir. Creo que, bueno, fue por las protestas de la comunidad y un proceso judicial que logramos cerrar el centro de detención de Hutto, y creo que vamos a lograrlo una vez más.

AMY GOODMAN: Javier Maldonado, todo esto sucede con el gobierno de Obama. Las grandes organizaciones que luchan por los derechos migratorios lo han llamado “deportador en jefe”, se han producido más deportaciones durante el gobierno de Obama que con cualquier otro presidente.

JAVIER MALDONADO: Así es.

AMY GOODMAN: Ya vamos más de ¿cuánto? ¿dos millones de deportaciones? ¿o ya superamos ese número?

JAVIER MALDONADO: Creo que fueron como 300.000 por año, más de 300.000 deportaciones por año.

AMY GOODMAN: ¿Qué le aconsejarías al presidente Obama? ¿Qué crees que se debería estar haciendo en este momento?

JAVIER MALDONADO: No creo que, ni el presidente ni sus funcionarios se den cuenta de la gravedad del problema, ni de lo que están provocando; las lesiones que les están causando a las familias, a los niños y niñas al encerrarlos…

AMY GOODMAN: ¿Cuántas deportaciones se producen por día?

JAVIER MALDONADO: ¿Por día en Karnes o…?

AMY GOODMAN: En total. ¿Sabes cuántas son?

JAVIER MALDONADO: Bueno, si hablamos de 300.000 al año, son por lo menos 10.000 por mes. O sea, son cifras bastante grandes. Entonces, no creo que ellos entiendan la gravedad de lo que significa detener a madres con sus niños y niñas. Podemos entender los motivos para detener a los hombres adultos e incluso los motivos para detener a las mujeres adultas, pero detener a madres con sus niños y niñas, ya supera el límite de lo que es una política de migración adecuada para ser simplemente una política punitiva.

AMY GOODMAN: Bueno, les agradezco a ambos por estar con nosotros. Vamos a hacer enlaces en nuestro sitio web a los informes mencionados. Javier Maldonado, abogado especializado en inmigración y derechos civiles con oficina en San Antonio. Cristina Parker, de la organización Grassroots Leadership. Pondremos el enlace a su informe: “For-Profit Family Detention: Meet the Private Prison Corporations Making Millions by Locking Up Refugee Families” (Detención familiar con fines de lucro: conozca las empresas de cárceles privadas que ganan millones de dólares con el encierro de familias refugiadas). Esto es Democracy Now! democracynow.org, El informativo de guerra y paz. Estamos transmitiendo desde la Universidad Trinity en San Antonio, por TigerTV. Cuando regresemos, vamos a hablar de que está pasando aquí en San Antonio, especialmente del tema de la fractura hidráulica. Quédense con nosotros.

Traducido por Alfonso Moreno. Editado por Verónica Gelman y Democracy Now! en Español.