Titulares05 de marzo de 2015

El Departamento de Justicia exige una importante transformación en el sistema de justicia penal de Ferguson luego de que saliera a la luz una discriminación sistemática contra los residentes afroestadounidenses. Un exhaustivo informe revela que la policía detuvo, arrestó y utilizó la fuerza contra afroestadounidenses de forma desproporcionada y sin una sospecha razonable, y que luego actuó como una “agencia de cobro” para sacar provecho de sus multas. Revelando los hallazgos de la investigación, el fiscal general saliente Eric Holder describió cómo los residentes son perseguidos con arrestos y luego cargados con multas.

Holder expresó: “Algunos oficiales incluso compiten para ver quién emite la mayor cantidad de citaciones en una sola detención; un total que, al menos en una instancia, llegó a catorce. Y hemos observado que incluso las violaciones menores del código pueden a veces resultar en múltiples arrestos, tiempo en prisión y pagos que multiplican por varias veces el costo de la multa original. Por ejemplo, en 2007, una mujer recibió dos multas por estacionamiento, que en total sumaban 152 dólares. A la fecha, ha pagado 550 dólares en multas y tarifas a la ciudad de Ferguson. Fue arrestada dos veces por no pagar multas y pasó seis días en la cárcel. Y aún así, inexplicablemente, le debe 541 dólares a Ferguson”.

El informe describe muchos otros ejemplos de acoso policial, abusos y prejuicios raciales contra afroestadounidenses. Se soltaron perros, solo hacia afroestadounidenses y en ocasiones sin advertencia previa. Un hombre fue acusado de pedófilo por estar sentado en su auto tras jugar básquetbol en un parque público. Tras resistirse a que inspeccionaran su auto, fue arrestado a punta de pistola por cargos que a la larga le costaron su empleo como contratista federal. Se descubrieron otras instancias donde se utilizó la pistola táser sin motivo, y donde las personas fueron llamadas “negros/as” de forma despectiva. Alegando que la discriminación racial era omnipresente, el fiscal general Holder demandó una “medida correctiva general y estructural”.

Holder manifestó: “Una comunidad en donde las autoridades locales han abordado de forma sistemática la aplicación de la ley no como un medio para la seguridad pública, sino como una fuente de ganancias. Una comunidad en donde se reveló que las prácticas tanto de la policía como de los tribunales municipales perjudican de forma desproporcionada a los residentes afroestadounidenses. Una comunidad en donde estos perjuicios parecen surgir, al menos en parte, de una discriminación racial, implícita y explícita. Ahora que nuestra investigación llegó a su conclusión, es hora de que los líderes de Ferguson tomen medidas correctivas inmediatas, generales y estructurales. Que quede claro: el Departamento de Justicia de Estados Unidos se reserva sus derechos y capacidades para forzar el cumplimiento e implementar un cambio básico. No se descarta ninguna opción”.

El Departamento de Justicia afirma que tomará medidas legales si Ferguson no cumple con sus demandas, las cuales incluyen que “la vigilancia policial pase de ser una fuente de ganancias a colaborar con la comunidad de Ferguson en su totalidad”. En un comunicado, el grupo basado en St. Louis Don’t Shoot expresó: “Ahora que se reconoció que nuestra comunidad ha sido perseguida y acosada de forma regular por la policía, esperamos que el Departamento de Policía de Ferguson sea llevado a la justicia por medio de una demanda efectuada por el Departamento de Justicia, que resulte en una supervisión federal”.

En respuesta, el alcalde de Ferguson James Knowles expresó su determinación para abordar los asuntos planteados por la investigación, pero no especificó si cumplirá con sus demandas. Knowles sí anunció el despido de un supervisor policial del cual se reveló que escribió correos electrónicos racistas, y la suspensión de otros dos funcionarios.

Knowles dijo: “Que quede claro que esta clase de conducta no será tolerada por el Departamento de Policía de Ferguson, ni por ningún otro departamento de la ciudad de Ferguson. Inmediatamente después de concluir esa reunión, los tres individuos fueron enviados a licencia administrativa pendientes de investigación. Uno de ellos fue despedido y los otros dos aún esperan los resultados de una investigación interna”.

La investigación renovó las demandas por el despido del jefe de policía de Ferguson, Tom Jackson, pero Knowles no realizó ningún comentario sobre su futuro.

Al revelar los hallazgos sobre la policía de Ferguson, el Departamento de Justicia también confirmó que el oficial de policía Darren Wilson no enfrentará cargos de violación de los derechos civiles por el tiroteo fatal del adolescente afroestadounidense desarmado Michael Brown del pasado mes de agosto. Holder afirma que no hay suficiente evidencia para llevar a cabo la imputación.

Holder manifestó: “Los hechos no justifican que se imputen cargos penales contra el oficial Darren Wilson en este caso. La muerte de Michael Brown, si bien fue una tragedia, no implicó una conducta punible por parte del oficial Wilson. Esta conclusión representa el juicio independiente, considerado y sensato de fiscales expertos del Departamento de Justicia. He sido informado personalmente en muchas ocasiones sobre estas conclusiones, y concuerdo con el juicio del equipo de investigaciones y la determinación sobre nuestra incapacidad para cumplir los estándares federales requeridos”.

Wilson eludió la imputación penal luego de que un gran jurado se negara a condenarlo en noviembre. La negativa del Departamento de Justicia de presentar cargos de violación de los derechos civiles contra Wilson tiene lugar pocos días después de haber arribado a la misma conclusión en relación a George Zimmerman, el hombre de Florida que disparó y mató al adolescente afroestadounidense Trayvon Martin en un incidente del cual se cumplieron tres años el mes pasado. En un comunicado, los padres de Michael Brown, Lesley McSpadden y Michael Brown Sr., expresaron: “Si bien nos entristece esta decisión, nos alienta el hecho de que el Departamento de Justicia hará rendir cuentas al Departamento de Policía de Ferguson por el patrón de racismo y prejuicio por perfil racial hallado en sus interacciones con personas de color. Albergamos la esperanza de que mediante esta acción ocurran cambios verdaderos, no solo en Ferguson sino en todo el país. Si esos cambios suceden, la muerte de nuestro hijo no habrá sido en vano”.

En Siria, decenas de personas murieron tras perpetrarse un atentado rebelde en un edificio de inteligencia del gobierno en la asediada ciudad de Alepo. Grupos jihadistas, entre los que se encuentra el Frente Nusra, vinculado a Al Qaeda, se han adjudicado la responsabilidad del hecho. El atentado tuvo lugar pocos días después de que milicianos de la oposición rechazaran una tregua provisoria en Alepo, alegando que no aceptarán ningún acuerdo donde Basher al-Assad continúe en el poder.

Los negociadores de Estados Unidos e Irán informaron avances en su tercer intento por alcanzar un acuerdo nuclear antes del plazo establecido para el 31 de marzo. Las negociaciones se retomarán el 15 de marzo tras haber concluido el miércoles. Los avances se dan al tiempo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu retorna a Israel tras un viaje a Washington en procura de evitar el acuerdo. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif sostuvo que, si bien quedan brechas, los negociadores están resistiendo a la presión de “belicistas y alarmistas”.

Mohammad Javad Zarif expresó: “No estamos lejos de alcanzar un acuerdo. Hay brechas que han de superarse, brechas importantes. Pero eso no significa que no seamos capaces de avanzar. Tenemos un problema muy serio y es que existe mucha presión por parte de belicistas y alarmistas que intentan impedir el acuerdo mediante el alarmismo, la mentira y la demagogia. Y ello constituye un impedimento para que se genere la atmósfera necesaria para lograr un acuerdo”.

Netanyahu procuró impedir el acuerdo al efectuar declaraciones ante el Congreso, que podría potencialmente obstruir cualquier tipo de flexibilización de las sanciones impuestas por Estados Unidos en el marco de un posible acuerdo.

El embajador de Estados Unidos en Corea del Sur fue abordado por un atacante que portaba un cuchillo durante un evento público en Seúl. Mark Lippert se preparaba para dar una conferencia cuando recibió un corte en la cara que le provocó sangrado. Según se informó, el atacante habría gritado consignas contrarias a la guerra en denuncia de los ejercicios militares que tienen lugar actualmente entre Estados Unidos y Corea del Sur. Corea del Norte realizó pruebas lanzando misiles de corto alcance el lunes, al iniciarse los ejercicios. La agencia oficial de noticias de Corea del Norte celebró el ataque con arma blanca, al que calificó como una “expresión de resistencia”. Lippert publicó en Twitter que “está bien”, tras haber sido hospitalizado e intervenido quirúrgicamente.

El Senado con mayoría republicana no logró dejar sin efecto el veto impuesto por el presidente Obama a una medida para aprobar la construcción del oleoducto Keystone XL. Obama rechazó el proyecto de ley la semana pasada para permitir la culminación de un estudio del Departamento de Estado.

Un ex funcionario ambiental de Nueva Jersey afirma que el despacho del Gobernador Chris Christie obligó a aceptar un conveniente acuerdo que podría ahorrarle a la gigante petrolera ExxonMobil miles de millones de dólares. La semana pasada, Nueva Jersey discretamente acordó aceptar solo 250 millones de dólares de manos de Exxon, tras haber inicialmente pretendido 8.900 millones de dólares por contaminación ambiental provocada hace más de diez años. El acuerdo tuvo lugar solo dos meses después de que el despacho del fiscal general de ese estado solicitara firmemente los 8.900 millones de dólares reclamados inicialmente y expresara en un escrito presentado ante el tribunal: “El alcance del daño ambiental resultante de las emisiones es tan obvio como impactante y sin precedentes en Nueva Jersey”. En un texto publicado hoy en The New York Times, Bradley Campbell, ex comisionado del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey, sostuvo que el asesor legal en jefe del gobernador Christie, Christopher Porrino, “se incluyó a sí mismo en el caso, hizo a un lado al fiscal general y a los funcionarios de carrera que presentaron y siguieron el litigio, y realizó el acuerdo favorable a Exxon”.