Activistas piden que la Justicia investigue al fiscal general de Texas por restringir los derechos electorales de la comunidad latina

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now! Democracynow.org. El informe de guerra y paz. Soy Amy Goodman con Juan González.

Pasamos ahora a Texas, donde el fiscal general, el republicano Ken Paxton, ha encendido las alarmas por sus intentos de supresión del voto al atacar a la organización latina de derechos civiles más antigua del país: la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, LULAC.

LULAC se fundó inicialmente para combatir la discriminación contra los ciudadanos estadounidenses de ascendencia mexicana en Texas. Ahora LULAC está respondiendo a una serie de redadas ocurridas la semana pasada en los hogares de algunos de sus miembros, así como de legisladores estatales y otros líderes de la comunidad latina en el área de San Antonio. En declaraciones a los medios de comunicación el lunes, Lidia Martínez, voluntaria de LULAC de 87 años, describió cómo agentes armados llegaron a su casa a las 6:00 a.m. con una orden para incautar dispositivos electrónicos y tomar muestras de ADN en el marco de una investigación por fraude electoral.

LIDIA MARTINEZ: Yo estaba en camisón y pensé que era mi vecino de al lado. Fui a la puerta y entraron nueve agentes de la Fiscalía General [del estado]. Tenían una orden de registro y me dijeron que estaban allí porque había presentado una queja diciendo que las personas mayores no estaban recibiendo sus papeletas de voto por correo. Y les dije: “Sí, lo hice”. Y me respondió: “¿Tiene los nombres?”. Y les dije: “Tengo algunos de los nombres”. Y entraron y les pregunté: “¿Puedo vestirme?”. Y no me dejaron.

Me sentaron y empezaron a registrar toda mi casa: mi trastero, mi garaje, mi cocina, todo. Y después de dos horas de interrogatorio, me sacaron afuera frente a todos mis vecinos y todos los agentes a mi alrededor y me tuvieron ahí durante media hora mientras registraban el salón donde había estado sentada. Y después de media hora, me dejaron volver a la casa, y continuaron el interrogatorio y me preguntaron sobre los miembros de LULAC, en particular. Y les dije: “¿Por qué hacen esto?”. Y él dijo: “Porque hubo fraude”.

AMY GOODMAN: LULAC está pidiendo al Departamento de Justicia que investigue al fiscal general de Texas, Ken Paxton, por las redadas.

Esto se produce al tiempo que ProPublica y The Texas Tribune informan que Paxton también ha utilizado las leyes de protección al consumidor en repetidas ocasiones para investigar organizaciones, en su mayoría lideradas por latinos, que ofrecen apoyo a solicitantes de asilo en la frontera. Paxton también intentó cerrar la organización de derechos civiles liderada por inmigrantes de Houston FIEL, alegando que estaba participando en actividades electoralistas, pero un juez desestimó las alegaciones. Todo esto se produce al tiempo que fiscales acordaron en marzo retirar los cargos de fraude de valores contra Paxton, lo que le permitió evitar un juicio a cambio de 100 horas de servicio comunitario. Esto es independiente de las acusaciones de corrupción más recientes que enfrentó Paxton y que lo llevaron a un juicio político el año pasado, del que fue absuelto por el Senado de Texas, controlado por los republicanos.

Para más información, nos acompaña en Houston César Espinosa, director ejecutivo de FIEL, Familias de Inmigrantes y Estudiantes en Lucha. Y desde Miami nos acompaña Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, la organización latina de derechos civiles más grande y antigua de Estados Unidos. Comencemos con usted, Juan. Explique lo que ocurrió en Texas.

JUAN PROAÑO: El martes pasado, la semana pasada, en la casa de Lidia Martínez, una miembro de LULAC desde hace más de 35 años, se presentó la policía con una demanda para tomar todas sus computadoras, teléfonos, toda esa información electrónica, por una [investigación] que está haciendo Paxton.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Qué significa este ataque a los miembros de LULAC en términos de la represión del Gobierno de Texas contra la comunidad latina?

JUAN PROAÑO: Bueno, la membresía está muy, muy, muy preocupada. Por casi ya 95 años nosotros peleamos por la comunidad. Pero nunca, nunca, nunca, de lo que yo sé, han entrado a la casa de un miembro de LULAC, con una [orden de registro] así y más de cuatro miembros de LULAC. De 12 [órdenes de registro] había personas elegidas [para cargos públicos]. Había cuatro personas de LULAC. Pero todos son latinos. Todos son latinos.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Nos puede hablar un poco de lo que pasó con otro miembro de LULAC, Manuel Medina?

JUAN PROAÑO: En el caso de Manuel Medina llegaron casi 40 policías con armas, todo el equipo de SWAT, por ejemplo, e igual, a las seis de la mañana, la hija de él estaba ahí durmiendo en el sofá. Él estaba arriba con su esposa y su otra hija, y a ellos los tuvieron más de siete horas haciendo una investigación, un interrogatorio a ellos. Horrible. Ninguna familia debe de pasar eso en su propia casa. Además, le rompieron la puerta, no le tocaron [el timbre de la puerta], le rompieron la puerta. Por lo menos en la casa de Lidia, le tocaron y ella abrió la puerta y los dejó entrar, pero en la casa de Manuel rompieron la puerta y entraron a la fuerza.

JUAN GONZÁLEZ: Cuarenta policías. Esto no es un caso de terrorismo, es un caso, según el fiscal, sobre la posibilidad de un fraude electoral, pero me parece demasiada la fuerza que se usó.

JUAN PROAÑO: Demasiada, demasiada. Esas son tácticas que uno tal vez puede decir que lo ve en Nicaragua o Venezuela o en otro país, no en los Estados Unidos.

AMY GOODMAN: ¿Qué es lo que están pidiendo, Juan Proaño? ¿Qué es lo que LULAC le exige al Departamento de Justicia y cómo se relaciona con este fiscal general de Texas, que ha sido objeto de reiteradas investigaciones. Se le llegó a hacer un juicio político en la legislatura estatal y ahora está cumpliendo servicio comunitario.

JUAN PROAÑO: Le [pedimos una investigación al] Departamento de Justicia, con la fiscal general adjunta, Kristen Clarke. Eso es lo que hemos pedido. Estamos hablando con la oficina ahora. Esperamos tener otra cita con ellos y esperamos una [investigación]. Esto tiene que parar. Estas redadas tienen que parar. Y tienen que parar de perseguir a nuestros miembros, de una.

JUAN GONZÁLEZ: También tenemos con nosotros a César Espinoza, de la Organización FIEL, en Houston, Texas. César, ¿nos puede hablar un poco del atentado [sic] del fiscal allá en Texas contra su organización?

CÉSAR ESPINOZA: Muchas gracias por invitarnos. Sí, en realidad nos llegó como una sorpresa. Después de haber pasado una tormenta física, con el huracán Beryl, donde perdimos toda nuestra oficina. El primer día en que nos movimos a nuestro nuevo espacio, en que era un comienzo nuevo, de repente nos llegó una demanda sin precedente, sin ninguna alerta, sin ninguna carta previa. Y se nos dice que se nos está demandando para tratar de cerrar nuestra operación. Una operación que busca ayudar a personas, ayudar a personas sin importar su estatus, ayudar inmigrantes, ayudar a cualquier persona en Texas que realmente necesite ayuda en educación, en inmigración, en derechos laborales, en derechos de los votantes, muchas cosas con las que aparentemente el fiscal general no está de acuerdo.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Cuál fue la respuesta del juez del condado de Harris a este pleito legal?

CÉSAR ESPINOZA: El juez desestimó esta demanda sin previo aviso, sin que se haya tratado de llevar otro mecanismo, el mecanismo correcto para llevar cualquier queja y dejar que arregláramos la situación. Entonces, básicamente lo encontró sin base y estamos esperando a ver cuál es el siguiente movimiento.

Pero eso realmente es una… con el caso de LULAC y con el caso que estamos viendo con la Casa Anunciación y en muchos diferentes casos, todo esto lo vemos como un ataque a la integridad de la comunidad, un ataque en contra de los latinos y en contra de la comunidad que busca ayudar a la gente.

Y el estado de Texas promueve la ayuda a la comunidad, promueve que se creen más organizaciones sin fines de lucro, pero solamente parece permitirlo hasta que ellos no están de acuerdo con la misión.

AMY GOODMAN: ¿Puede hablar sobre lo que dictaminó el juez del condado de Harris, Ravi Sandill, al negar el intento de Paxton de cerrar FIEL, su grupo, Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha?

CÉSAR ESPINOZA: Lo que realmente dijo el juez es que el fiscal general del estado de Texas no tenía el poder para aplicar diferentes normas, diferentes reglas.Y no puede cerrar una organización sin tratar primero de arreglar cualquier situación que él piense que está sucediendo. Pero en realidad, ahora todas las organizaciones tienen que tener mucho cuidado, tienen que estar listas para enfrentar a este fiscal general, que parece que está demandando a todo el mundo.

AMY GOODMAN: Finalmente, Juan Proaño, su organización también ha realizado un análisis del Proyecto 2025. En este último minuto que tenemos, ¿puede hablar de su investigación y de lo que este proyecto significa para la comunidad latina?

JUAN PROAÑO: En LULAC hicimos un análisis del Proyecto 2025, y hay muchas cosas ahí que van a impactar a la comunidad latina. No es únicamente las deportaciones de las que ellos están hablando, sino muchos servicios para latinos en relación con la economía, por ejemplo, beneficios sociales que son muy importantes. Hay más de doce partes del Proyecto 2025 que tendrían un impacto tremendo en nuestra comunidad. Y por eso es muy importante estar educado.

AMY GOODMAN: Quiero darles las gracias por acompañarnos. Juan Proaño es director ejecutivo de LULAC, hablando con nosotros desde Miami, Florida, después de estas redadas que ocurrieron en Texas a pedido del Fiscal General de Texas, Ken Paxton; y César Espinosa, Director Ejecutivo de FIEL, Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, hablando con nosotros desde Houston.

Para ver nuestra entrevista en inglés, puede hacer clic aquí. Soy Amy Goodman con Juan González.

Producido por Democracy Now! y Democracy Now! en español.