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El Gobierno de Trump ya ha comenzado a implementar medidas represivas contra las comunidades inmigrantes de Estados Unidos y, el martes 21 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que permitirá que agentes federales realicen allanamientos en escuelas, lugares de culto y hospitales, lo que pone fin a una política establecida hace un año que prohibía a los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas realizar detenciones en estos lugares sensibles. En el primer día de su Gobierno, el presidente Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas entre las cuales se incluyen la declaración de una “emergencia nacional” en la frontera sur de Estados Unidos, el lanzamiento de una política de allanamientos y deportaciones a gran escala, la restricción de los fondos federales destinados a las ciudades santuario y la disposición de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, que está protegida por la 14ª Enmienda constitucional de Estados Unidos. Para analizar las perspectivas actuales de las comunidades inmigrantes, nos acompañan los activistas de derechos migratorios Ravi Ragbir y Amy Gottlieb, así como la abogada Alina Das. Ragbir recibió un indulto de último minuto de parte del presidente saliente, Joe Biden, que puso fin a la amenaza de deportación que lo había acechado durante aproximadamente dos décadas. “Me siento tan ligero y tan libre”, comenta Ragbir y promete continuar trabajando en defensa de las personas que se encuentran en riesgo de detención y deportación.
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