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El Gobierno de Trump planea cerrar la Oficina de Justicia Ambiental y Derechos Civiles Exteriores de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y ha puesto a casi 170 empleados en licencia administrativa. “Me preocupa mucho la desregulación y que se ponga el foco en las ganancias de las corporaciones”, señala Mustafa Santiago Ali, quien fue director del programa de justicia ambiental de la EPA y renunció en 2017 en oposición a una propuesta del Gobierno de Trump de recortar severamente el tamaño y el trabajo de la agencia. “Priorizar las ganancias sobre las personas es poner en peligro a nuestros sectores más vulnerables y marginalizados”, dice Ali.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.
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