El ex presidente filipino Rodrigo Duterte está siendo trasladado a La Haya para ser juzgado en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad cometidos como parte de su brutal “guerra contra las drogas”, durante la cual la policía mató extrajudicialmente a miles de personas, muchas de ellas menores de edad. Duterte, que ahora tiene 79 años, fue presidente de Filipinas de 2016 a 2022. La CPI lo está investigando desde el año 2018. En una ocasión, Duterte se comparó con Hitler y declaró que él estaría “feliz de exterminar” a 3 millones de drogadictos y, el año pasado, admitió bajo juramento que, cuando se desempeñaba como alcalde de la ciudad sureña de Davao, se encargó de supervisar el accionar de un “escuadrón de la muerte” conformado por gánsteres . “Este es realmente un gran paso en la administración de justicia”, dice el académico y activista filipino Walden Bello, quien ha servido en la Cámara de Representantes de Filipinas. Bello señala que, más allá de las quejas emitidas por la familia Duterte, la detención del expresidente es parte de un meticuloso proceso judicial que le garantiza el acceso a un juicio justo. “El debido proceso es algo que él nunca le concedió a sus víctimas”, enfatiza Bello.
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