Titulares23 de diciembre de 2005

Terminó la huelga del transporte en Nueva York. El servicio vuelve a funcionar normalmente luego de tres días de huelga que paralizaron el servicio de transporte público más grande del país. El jueves por la tarde, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Transporte (TWU, por sus siglas en inglés), integrado por 33.000 trabajadores, votó y decidió por 36 votos contra cinco volver a trabajar y reanudar las negociaciones. La votación se produjo luego de un día entero de negociaciones entre el sindicato y los funcionarios de la ciudad. Según varios informes, autoridades del transporte indicaron que eliminarían la exigencia de último momento, que provocó que no se llegara a un acuerdo, de que los trabajadores aportaran un seis por ciento de su salario para su jubilación, en vez del dos por ciento que aportan actualmente. Las negociaciones continuarán para lograr un acuerdo final.

En otras noticias, Bill Rodgers, ambientalista de Arizona y dueño de una librería, murió en la celda donde estaba detenido sólo dos semanas después de su arresto. Rodgers era uno de los seis activistas que fueron arrestados por el FBI el 7 de diciembre. Estos activistas fueron acusados de provocar una serie de incendios en el noroeste del Pacífico que fueron vinculados con el Frente de Liberación de la Tierra. Los funcionarios de la prisión dicen que Rodgers se suicidó. Un médico que examinó a Rodgers indicó que el ambientalista murió asfixiado luego de cubrirse la cabeza con una bolsa de nailon. Rodgers tenía 40 años de edad. Era especialmente conocido en Prescott, Arizona, donde dirigió el centro de información Catalyst.

Mientras tanto, Associated Press informa que Stanislas Meyerhoff, uno de los seis activistas por el ambiente que fueron arrestados, accedió a testificar en contra de los otros. El acontecimiento fue revelado mediante documentos presentados a la corte por el equipo de abogados defensores de Chelsea Gerlach, que está detenida sin la posibilidad de pagar fianza en Eugene, Oregon. Los abogados de Gerlach dijeron que la credibilidad de Meyerhoff y de otro informante, Jacob Ferguson, ya ha quedado en tela de juicio. Meyerhoff podría ser sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional si es declarado culpable del cargo de poseer una bomba.

En Washington, el ex líder de la Minoría del Senado, Tom Daschle, reveló detalles antes desconocidos que ponen en duda las afirmaciones del gobierno de Bush de que tiene autoridad legal para espiar a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros en Estados Unidos. La Casa Blanca dice que la autoridad le fue otorgada implícitamente en la resolución conjunta del Congreso que autorizaba la utilización de la fuerza poco después de los atentados del 11 de septiembre. Pero en la edición de hoy del Washington Post, Daschle asegura que el gobierno de Bush solicitó sin éxito la autoridad que ahora dice que le fue otorgada.

El ex líder de la minoría del Senado, Tom Daschle, dijo: “Literalmente minutos antes de que el Senado votara, el gobierno pidió que se incorporaran las palabras 'en Estados Unidos y' después 'fuerza adecuada' al texto. Este cambio de último momento le hubiera otorgado al presidente gran autoridad para ejercer poderes ampliados no sólo en el extranjero, donde todos entendimos que quería autoridad para actuar, sino también aquí mismo, en Estados Unidos, potencialmente contra ciudadanos estadounidenses. No pude ver ninguna justificación para que el Congreso accediera a ese pedido extraordinario de autoridad adicional. Yo me rehusé”.

Esa revelación surgió mientras el Departamento de Justicia admitía que el programa de espionaje del Presidente no cumple la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). Junto con otro estatuto de espionaje telefónico, FISA se define a si misma como: “los medios exclusivos mediante los cuales la vigilancia electrónica (…) puede ser llevada a cabo”. Esta admisión fue realizada el jueves en una carta al Congreso.

Mientras tanto, en Capitol Hill, la Cámara de Representantes rechazó una extensión de seis meses de la Ley Patriota de Estados Unidos, aprobada por el Senado, otorgándole en cambio una extensión de un mes. La medida del Senado había sido vista como una medida para salvar la imagen del gobierno de Bush , que había presionado para hacer permanente la mayor parte de la Ley Patriota. La decisión de la Cámara de Representantes obligará a la Casa Blanca y a los líderes del Senado a volver a las negociaciones, que se habían estancado porque se temía que la legislación propuesta no garantizara una protección adecuada de las libertades civiles.

En otras noticia de Washington, se informó que el lobbista republicano acusado Jack Abramoff está a punto de alcanzar un acuerdo con respecto a su alegato, que implicaría que declare en contra de ex colegas políticos y comerciales. Una fuente informó al New York Times que el acuerdo podría alcanzarse la semana próxima. Abramoff ha sido el centro de una investigación de corrupción de amplio alcance, que se ha extendido para implicar a varios legisladores y asistentes republicanos en Capitol Hill. Abramoff afronta cargos en Miami relacionados con la compra de varias casinos flotantes en 2000.

Esta noticia proviene de Bahía de Guantánamo. El Washington Post informa que un juez federal dictaminó que el arresto de dos personas de la etnia uighur en esa prisión estadounidense es “ilícito”, pero dice que no tiene competencia para liberarlos. El jueves, el juez de distrito estadounidense James Roberston dijo que el gobierno ha demorado demasiado en liberar a Abu Bakker Qassim y a Adel Abdu Hakim, que han estado en prisión durante cuatro años. Se dio curso a la liberación de ambos, pero no los enviaron de regreso a China, donde se considera probable que sean torturados o ejecutados. Los dos hombres están entre nueve reclusos que permanecen detenidos en Guantánamo a pesar de que se ha declarado que “ya no son combatientes enemigos”. En el fallo, el juez Robertson escribió: “El uso que hace el gobierno del término kafkiano 'ya no son combatientes enemigos' hace surgir deliberadamente la pregunta acerca de si los apelantes alguna vez fueron combatientes enemigos.”

Y en California, un jurado otorgó una indemnización de 172 millones de dólares a más de 110.000 ex empleados y empleados de Wal-Mart que denunciaron que se les negaba en forma ilegal un descanso para almorzar. El jurado halló que Wal-Mart violó una ley estatal que garantiza media hora de descanso para almorzar, no paga, a los trabajadores con turnos de por lo menos seis horas, y les otorga el derecho a cobrar una hora extra de trabajo si se les niega dicho descanso. Wal-Mart dijo que apelará el fallo. El caso es uno entre alrededor de 40 en todo el país en los que Wal-Mart es acusada de violaciones de los derechos laborales.