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La Corte Suprema acordó decidir si el uso de la inyección letal para ejecutar presos condenados a muerte es constitucional o si viola la prohibición de aplicar castigos crueles o inusuales de la octava enmienda de la Constitución. Un informe presentado hoy por Amnistía Internacional recopila los casos de ejecuciones dolorosas e inhumanas en las que se usó la inyección letal. El informe pide a los profesionales de la salud que se nieguen a participar en ejecuciones. Hablamos con Brian Evans, del Programa de Aministía Internacional para Abolir la Pena de Muerte.
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