En Pakistán, una protesta masiva contra el Presidente, el general Pervez Musharraf, fue reprimida ayer en el tercer día del estado de emergencia. Miles de abogados, activistas por los derechos humanos y periodistas fueron agredidos con gas lacrimógeno, golpeados y arrestados por protestar contra lo que ellos calificaron como “nada menos que una ley marcial”. Se informó que al menos dos mil personas fueron arrestadas, pero se cree que la cifra real es aún mucho mayor. Más de 48 horas después de que se desató la crisis, el Presidente Bush hizo los primeros comentarios públicos tras una reunión de la Casa Blanca con el Primer Ministro turco, Tayyip Erdogan. Bush exhortó a Musharraf a que convoque elecciones, pero subrayó su importancia como aliado clave en la llamada “guerra contra el terrorismo”.
Pakistán ha recibido más de 10.500 millones de dólares en ayuda estadounidense desde el año 2001. Las tres cuartas partes de esos fondos son destinados a las Fuerzas Armadas. En Gran Bretaña, el líder de la oposición Shehbaz Sharif denunció el apoyo occidental a Musharraf.
El lunes temprano el general Musharraf afirmó que la represión en realidad aceleraría la transición hacia las elecciones democráticas.
Hoy continúan las manifestaciones en Pakistán. El Presidente de la Corte Suprema depuesto, Iftikhar Muhammad Chaudhry, exhortó a que se imponga una resistencia masiva contra la represión de Musharraf.
En otras noticias de la Casa Blanca, el Presidente Bush culminó su reunión con el Primer Ministro turco, Tayyip Erdogan, con la promesa de proporcionarle información sobre los movimientos kurdos en el norte de Irak.
Los analistas dicen que es poco probable que se produzca una invasión turca a gran escala en el norte de Irak, pero que el Presidente Bush efectivamente aprobó tácitamente los bombardeos turcos limitados contra blancos de rebeldes kurdos allí.
El Comité Judicial del Senado votará hoy para decidir si enviar el nombramiento del aspirante a Fiscal General Michael Mukasey al plenario del Senado. La confirmación de Mukasey fue puesta en duda la semana pasada, debido a que éste se negó a afirmar que la técnica conocida como “el submarino” es una forma de tortura. No obstante, luego varios senadores demócratas dijeron que apoyarán su nombramiento.
En vísperas de la votación, activistas del grupo World Can’t Wait (El Mundo No Puede Esperar) se congregaron el lunes frente al Departamento de Justicia para demostrar la técnica conocida como “el submarino”. Maboud Ebrahimzadeh, un estadounidense de origen iraní de 26 años de edad, se ofreció como voluntario para interpretar al sospechoso de terrorismo. Activistas que representaban a los interrogadores volcaron varios litros de agua en su boca mientras tenía un paño sobre el rostro. Mientras se aplicaba esta técnica, se podía ver claramente que Ebrahimzadeh estaba sufriendo.
Tras la manifestación, el activista en contra de la tortura Clark Kissinger afirmó que “el submarino” únicamente podía ser visto como una forma de tortura.
Mientras tanto, 24 ex funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos están exhortando a los miembros del Comité Judicial del Senado a que no apoyen el nombramiento de Mukasey hasta que revele su postura con respecto al “submarino”. En una carta publicada el lunes, los ex funcionarios escribieron: “Estamos al tanto de que el Presidente advirtió la semana pasada que el Fiscal General sería Mukasey o nadie. Entonces que no sea nadie”.
En Irak, nuevas cifras indican que el número de iraquíes desplazados se ha cuadruplicado desde que comenzó el aumento de soldados estadounidenses, a principios de este año. Según la Media Luna Roja iraquí, 2.3 millones de personas fueron forzadas a huir de sus hogares. De cada diez de estas personas, ocho eran residentes de Bagdad.
En Israel y los Territorios Ocupados, el Primer Ministro israelí, Ehud Olmert, anunció que una conferencia de paz apoyada por Estados Unidos, que viene siendo planeada desde hace mucho tiempo, tendrá lugar la última semana de este mes. El gobierno de Bush previamente se había negado a fijar una fecha para la reunión. La Secretaria de Estado Condoleezza Rice habló en Ramallah, donde señaló que esperaba que se logre un acuerdo de paz definitivo a partir de estas negociaciones.
Los funcionarios estadounidenses e israelíes dicen que esperan resolver todos los asuntos pendientes respecto a un estatus definitivo, pero no dieron detalles concretos. Anteriormente, Israel rechazó una oferta de la Liga Árabe que hubiera establecido la paz a cambio de una retirada completa de los Territorios Ocupados.
En otras noticias de Estados Unidos, nuevas cifras indican que un número sin precedentes de reclusos está siendo detenido en las prisiones de inmigración estadounidenses. La población carcelaria de inmigrantes ahora ha superado los 30.000 reclusos, en comparación con los menos de 20.000 que había el año pasado. Cuatro mil de ellos están detenidos en California. El aumento se atribuye al debilitamiento cada vez mayor de la política conocida como “atrapar y liberar”. Las empresas privadas encargadas de mantener detenidos y transferir a los prisioneros están obteniendo contratos históricos. Las deportaciones también se han incrementado. Este año se produjeron 260.000 deportaciones, en comparación con las cien mil que tuvieron lugar hace más de dos años. Los defensores de los derechos de los inmigrantes dicen que esta política está produciendo una superpoblación carcelaria y una disminución en la atención médica a los prisioneros.
En California, un contratista implicado en el escándalo que envió a prisión al ex congresista “Randy Duke” fue declarado culpable de los trece cargos en su contra en su juicio por corrupción. Brent Wilkes recibió más de ochenta millones de dólares en contratos con el gobierno luego de sobornar a Cunningham con cientos de miles de dólares en efectivo y regalos. Wilkes podría ser condenado hasta a veinte años de prisión, sin contar que aún debe afrontar otro juicio por cargos de sobornar al ex Director Ejecutivo de la CIA, Kyle “Dusty” Foggo.
Y el senador demócrata de Rhode Island Sheldon Whitehouse presentó un proyecto de ley ante el Senado que prohibiría la supresión de los votantes. La táctica de supresión electoral conocida como “caging” busca excluir a ciertos votantes al cuestionar su elegibilidad para votar. Los republicanos han sido acusados de tener listas de direcciones de votantes sesgadas que buscan excluir a las personas de color, sobre todo a los afroestadounidenses. La Ley de Prohibición de la Supresión de los Votantes impediría que se cuestione la elegibilidad de una persona en base únicamente a correspondencia que no fue respondida o a una lista de direcciones. El proyecto de ley también penalizará a cualquier persona que cuestione la elegibilidad de otro votante sin pruebas suficientes.