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Legisladores de Arizona han aprobado lo que está siendo descrito como la medida más dura contra la inmigración de todo el país, obligando a los agentes de policía a determinar la situación legal de alguien que sospechen que pueda ser un inmigrante indocumentado. Mientras tanto, más de cincuenta personas fueron detenidas el jueves en una redada federal contra la inmigración con el objetivo de capturar a conductores de furgonetas presuntamente involucrados en el tráfico de inmigrantes indocumentados desde México. Hablamos con Isabel García, copresidenta de la Coalition for Human Rights (Coalición para los Derechos Humanos) con sede en Tucson, y defensora legal del Condado de Pima, Arizona.
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