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El estado de Alabama se convirtió en un importante punto conflictivo en el debate en torno a la inmigración, después de promulgar la ley HB 56 que autoriza a la policía a arrestar a cualquier persona sospechosa de estar en el país de manera ilegal. La ley también impide que los tribunales hagan valer contratos en los que participen inmigrantes indocumentados y permite a las escuelas públicas verificar la situación migratoria de los estudiantes matriculados. La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones dejó sin efecto algunas secciones de la nueva polémica ley recién después de que miles de latinos huyeran de Alabama. Muchos negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas después de que los latinos abandonaran sus puestos de trabajo en señal de protesta en todo el estado. Hablamos con Isabel Rubio, directora ejecutiva de la Coalición de Intereses Hispanos de Alabama, principal demandante en una de las causas judiciales iniciadas contra la ley del estado de Alabama. “Estamos en un estado de crisis humanitaria aquí”, dijo Rubio. “Ni siquiera puedo empezar a explicarle el nivel de miedo y caos que la ley HB 56 generó en la comunidad. Realmente creemos que el núcleo de esta ley está dirigido a la comunidad latina, no a los inmigrantes en general”.
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