Titulares08 de diciembre de 2016

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nombrará al fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, para dirigir la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés). Pruitt ha sido uno de los más fervientes críticos de la EPA y ha encabezado una acción legal para derogar algunas de las políticas sobre cambio climático del presidente Barack Obama, como el Plan de Energía Limpia. Pruitt afirmó que la ciencia del cambio climático “está lejos de ser concluyente”. También es considerado un aliado cercano de la industria de los combustibles fósiles. En 2014, The New York Times reveló que Pruitt y otros fiscales generales republicanos habían formado lo que el periódico describió como una “alianza secreta sin precedentes” con los productores de energía más importantes del país para contrarrestar los esfuerzos de Obama para combatir el cambio climático. El periódico también expuso los estrechos vínculos de Pruitt con la empresa de Oklahoma Devon Energy. En 2014, Pruitt envió una carta a la EPA en la que acusaba a los inspectores federales de sobreestimar el volumen de contaminación del aire provocado por las empresas de energía que perforan nuevos pozos de gas natural en Oklahoma. Lo que Pruitt no mencionó es que la carta fue redactada en forma secreta por abogados de Devon Energy. El senador Bernie Sanders sostuvo: “Pruitt no solo tiene un historial de negador del cambio climático, sino que además es alguien que ha trabajado estrechamente con la industria de los combustibles fósiles para que este país se vuelva más, y no menos, dependiente de los combustibles fósiles”. Visite democracynow.org/es para saber más sobre Pruitt.

Donald Trump anunció además el nombramiento del general de la Marina retirado John Kelly como secretario de Seguridad Nacional. Kelly fue director del Comando Sur de Estados Unidos, donde supervisó la prisión militar de Bahía de Guantánamo, en Cuba. Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, dijo sobre Kelly: “Nos preocupa especialmente que cuando era director del Comando Sur de Estados Unidos, Kelly supervisó Guantánamo durante períodos en los que hubo largas huelgas de hambre y se alimentó por la fuerza a prisioneros, una práctica peligrosa e inhumana”. Kelly ha declarado varias veces en el Congreso que la frontera entre Estados Unidos y México representa una amenaza a la seguridad nacional, lo que ha suscitado temores de que aumentará la militarización de la frontera y de la política de inmigración de Estados Unidos en general. Cuando era director del Comando Sur, Kelly también promovió la Alianza para la Prosperidad, un programa que proporciona millones de dólares de financiamiento policial y militar a Honduras, El Salvador y Guatemala. El programa ha sido criticado por defensores de los derechos humanos y algunos legisladores demócratas, quienes solicitan que se suspenda este financiamiento a Honduras hasta que el país adopte medidas para detener las flagrantes violaciones de los derechos humanos. Kelly se retiró de las fuerzas armadas en 2015. Es el tercer general que Trump ha designado hasta el momento para ocupar un cargo de jerarquía. Los otros dos son el teniente general retirado Mike Flynn, que fue nombrado asesor de seguridad, y el general retirado de la Marina James Mattis, nombrado secretario de Defensa.

El miércoles, Donald Trump atacó en Twitter al líder sindicalista Chuck Jones después de que este lo criticara en CNN por incumplir su promesa a los trabajadores de la compañía Carrier en Indiana. La semana pasada, Trump estuvo en la planta de aire acondicionado Carrier en Indianápolis e hizo alarde de que había impedido que 1.100 puestos de trabajo fueran trasladados a México. Sin embargo, Jones, que representa a los trabajadores, afirma que el presidente electo “mintió descaradamente”. Jones sostiene que Trump ayudó a mantener 730 puestos de trabajo en Estados Unidos, no 1.100. En respuesta a la crítica de Jones, Trump tuiteó: “Chuck Jones, que es presidente del local 1999 del sindicato de trabajadores siderúrgicos [United Steelworkers 1999], no ha representado bien a los trabajadores. No me extraña que las empresas se vayan del país”.

En Siria, las fuerzas del Gobierno siguen tomando el control de partes del este de Alepo, mientras Estados Unidos y Rusia negocian un posible acuerdo para permitir que los rebeldes opositores al Gobierno puedan escapar. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tiene previsto reunirse hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. La organización de rescate Cascos Blancos afirma que 61 personas murieron el miércoles en los bombardeos y ataques aéreos en las zonas controladas por los rebeldes, mientras las fuerzas del Gobierno tomaron el control de la ciudad vieja de Alepo. Médicos y otros manifestantes se congregaron el miércoles frente a la embajada rusa en Berlín para denunciar el bombardeo ruso y sirio de Alepo.

Reinhard Jung-Heck dijo: “Estoy aquí para manifestarme contra los crímenes de guerra cometidos por Rusia y Siria en Alepo. Consideramos que es un atropello que el mundo sea testigo de cómo se cometen asesinatos en masa mientras nadie hace nada”.

En Indonesia, más de cien personas murieron el miércoles luego de que un terremoto de 6,5 grados de magnitud azotara el norte de la isla de Sumatra mientras muchos habitantes dormían. Al menos otras 700 personas resultaron heridas y miles han sido desplazadas. El terremoto del miércoles es el peor desastre en la región desde 2004, cuando un tsunami mató a más de 120.000 personas en esa provincia.

En Filipinas, sigue aumentando el número de muertos provocado por la denominada guerra contra las drogas encabezada por el presidente Rodrigo Duterte. La policía ha matado a al menos 2.000 personas, y grupos paramilitares han matado a al menos 3.500 más desde que Duterte asumió el gobierno hace unos meses. Otras decenas de miles de personas han sido arrestadas o se han entregado a la policía por temor a ser asesinadas. Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que muchas de las personas que han sido asesinadas fueron fusiladas y no tenían nada que ver con el narcotráfico. El miércoles, la Casa Blanca condenó los asesinatos extrajudiciales en Filipinas. Sin embargo, una reciente investigación de Buzzfeed revela que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha seguido enviando millones de dólares de ayuda, así como brindado entrenamiento y equipos a la policía nacional filipina. Mientras tanto, el presidente de ese país, Rodrigo Duterte, habló el miércoles e imitó la conversación telefónica que mantuvo con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de diciembre. Duterte imitó a Trump elogiándolo e instando a que ambos mantuvieran relaciones más estrechas.

Rodrigo Duterte dijo: “‘Presidente Duterte, debemos enmendar nuestras malas relaciones. Acaba de decir algo acertado y está haciendo un estupendo trabajo. Sé que le preocupa que los estadounidenses lo critiquen, pero está haciendo lo correcto; siga adelante. Sabe que tuve un problema con la frontera entre Estados Unidos y México y con este [bip] tipo’. Así que ahora la forma en que él habla me hace sentir como un santo”.

Acabamos de escuchar al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, hablando en tagalo, diciendo: “Ahora la forma en que él habla me hace sentir como un santo”, en referencia a Donald Trump.

El martes en Yemen, miles de personas salieron a las calles de la capital, Sanaa, en demanda del fin de la campaña de bombardeos liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos, que ha causado la muerte de miles de personas desde su inicio, hace 19 meses. Un nuevo informe de Human Rights Watch detalla el uso de armas suministradas por Estados Unidos en dos ataques aéreos recientes dirigidos por Arabia Saudí, que mataron a varias decenas de civiles este otoño. Las ofensivas incluyen un ataque aéreo del 10 de septiembre contra un sitio de perforación de agua que mató a más de 30 personas; entre ellas, tres niños. Se hallaron restos de armas fabricadas en Estados Unidos en el lugar del ataque.

En Charleston, Carolina del Sur, comenzaron a escucharse los testimonios en el juicio de Dylann Roof, quien se enfrenta a la pena de muerte. Roof fue acusado de abrir fuego en la histórica iglesia Emanuel AME en junio de 2015, donde mató a nueve devotos negros, entre ellos el pastor Clementa Pinckney. El acusado había adoptado ideologías de la supremacía blanca y tenía una fotografía en la que se lo veía posando con la bandera confederada de Estados Unidos y portando una pistola. El miércoles, la primera testigo en el juicio, Felicia Sanders, dijo que vio cuando Roof sacó una pistola Glock de calibre 45 y comenzó a disparar, hiriendo a su hijo y matando a su tía. Sanders relató cómo se resguardó bajo una mesa con su nieta de 11 años, e intentó cubrirse a sí misma y a la niña con sangre de otras personas, para que Roof pensara que estaban muertas.

Un nuevo informe acusa a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de usar el desierto de la frontera como un “arma” que ha conducido a la muerte o desaparición de decenas de miles de personas desde la década de 1990. El informe, publicado por los grupos No More Deaths (“No más muertes”) y Coalition of Human Rights (“Coalición de Derechos Humanos”), acusa a la Patrulla Fronteriza de promover intencionalmente políticas letales de aprensión, como perseguir a personas hacia áreas remotas del desierto, causando la muerte o desaparición de migrantes. Alicia Dinsmore, del grupo No More Deaths, relató una historia de este tipo.

Alicia Dinsmore expresó: “En la noche del 6 de marzo de 2015, José Cesario Aguilar Esparza y sus dos sobrinos estaban cruzando las tierras fronterizas de Estados Unidos y México, al sudeste del desierto de Ajo, Arizona, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense detectaron su grupo y comenzaron a perseguirlos. Durante la persecución, los tres hombres se separaron. Los agentes arrestaron a dos de ellos, pero José Cesario no fue hallado. Más adelante se descubrió que se había caído de un precipicio, de unos 60 metros de altura, y había muerto”.

El informe dice que “la conocida desaparición de miles de personas en las áreas silvestres remotas de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos es uno de los grandes crímenes históricos de nuestros días”.

En Texas, dos centros de detención privados siguen reteniendo a mujeres y niños migrantes que buscan asilo, incluso después de que una jueza prohibiera al estado concederles licencias como centros de cuidado infantil. El estado ha apelado el fallo. Las empresas carcelarias privadas Geo Group y Core Civic –antes conocida como CCA– insisten con que cumplen con las normas federales. Las autoridades de inmigración afirman que “las actividades operacionales continúan sin interrupción”. Pero los defensores informaron que después del fallo del viernes, cerca de 500 mujeres y niños fueron liberados sin previo aviso a los refugios locales, que normalmente reciben a unas cuantas decenas de personas. Le dijeron a Democracy Now! que esperan otra liberación en masa en los próximos días. Incluso con estas liberaciones, actualmente se estima que hay 600 mujeres y niños en el centro de detención de Karnes y otros 1.800 en un campamento de detención en Dilley, ambos ubicados a una hora de viaje al sur de San Antonio.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) demandó a la agencia de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos por su negativa a presentar registros completos de detenciones en Michigan. Todo el estado de Michigan está designado como parte de la zona de seguridad nacional de 160 kilómetros, lo que implica que los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen amplios poderes para efectuar detenciones sin orden judicial. La ACLU de Michigan dijo que “no es razonable afirmar que todo el estado de Michigan es una zona fronteriza. El control de la frontera –y los poderes que conlleva– corresponde a la frontera y no a nuestras comunidades”.

En Washington DC, la representante del estado de Minnesota en la Cámara de Representantes, Ilhan Omar, denunció que al salir de una capacitación política en la Casa Blanca fue atacada por un taxista, quien la calificó de simpatizante del autoproclamado Estado Islámico (ISIS) y amenazó con quitarle su hijab. Omar recientemente hizo historia al ser electa como la primera legisladora somalí-estadounidense del país. El miércoles escribió en Facebook que el ataque había sido “una de las burlas y amenazas más odiosas, despectivas, islamofóbicas y sexistas que he vivido… Todavía estoy agitada por este incidente y no puedo entender cuán audaces se están volviendo [las personas] para mostrar su odio hacia los musulmanes”.

El Concejo Municipal de Portland ha votado para que se impongan de impuestos adicionales a las empresas cuyos directores ejecutivos ganen más de 100 veces el sueldo promedio de sus empleados. La medida, que según las autoridades de Portland es la primera en el país, apunta y penaliza a las empresas que perpetúan la desigualdad de ingresos. El alcalde de Portland, Charlie Hales, dijo: “La desigualdad de ingresos es real. Es un problema nacional y el gobierno federal no está haciendo nada al respecto”.

Y la destacada activista palestina Rasmea Odeh será juzgada de nuevo, luego de haber sido declarada culpable de fraude migratorio en 2014, sentenciada a 18 meses de cárcel y deportada de Estados Unidos por no revelar su condena por cargos relacionados con bombardeos por parte de un tribunal militar israelí, hace más de 40 años. Odeh afirma que su condena fue obtenida mediante semanas de tortura y agresión sexual mientras se encontraba bajo custodia israelí. La activista ha vivido en Estados Unidos por más de 20 años. Sus seguidores dicen que es perseguida por su apoyo a la liberación palestina. Su próximo juicio está agendado para enero en Michigan.