La Cruz Roja de Estados Unidos calificó las inundaciones de esta semana en Luisiana como el peor desastre en Estados Unidos desde el huracán Sandy en 2012. Al menos 13 personas murieron después de que las históricas lluvias torrenciales sumergieran partes de Baton Rouge y las zonas aledañas. Funcionarios del estado afirman que la destrucción podría provocar la peor crisis inmobiliaria en la región desde que el huracán Katrina azotó la región en 2005. El Gobierno federal declaró el lugar una zona de desastre y funcionarios del estado afirman que más de 5.000 personas permanecen en refugios de emergencia. Este es el testimonio de un voluntario de la municipalidad de Acadia, en Luisiana, donde las escuelas públicas permanecen cerradas y está en vigor un toque de queda, en medio de las inundaciones devastadoras.
Angel Browning expresó: “Es muy aterrador y Dios tiene un motivo, aunque aún no sé cuál es. Seguirá lloviendo y no sabemos qué hacer. Estamos tratando de hacer todo lo posible, pero empieza a haber escasez de todo en las tiendas, de modo que estamos intentando que lleguen suministros, pero no podemos porque está todo bloqueado. Entonces, los propietarios de las tiendas están yendo a Walmart y están comprando cajas y cajas de leche, para poder distribuirlas a las personas más vulnerables de nuestra comunidad”.
La oficina del gobernador de Luisiana sostuvo que al menos 40.000 viviendas han sufrido daños o han sido destruidas. En el distrito de Livingston, donde viven alrededor de 138.000 personas, se estima que las inundaciones arrasaron con 75% de las viviendas.
Aetna, la tercera empresa de seguros de salud más grande de Estados Unidos, afirma que reducirá en dos tercios su participación en los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible el año próximo, luego de que el Departamento de Justicia impidiera su fusión con otra empresa de seguros de salud. Aetna afirma que podría perder más de 300 millones de dólares este año como consecuencia de la venta de planes médicos en los mercados públicos de seguros. Sin embargo, en una carta enviada en julio al Departamento de Justicia, el director ejecutivo de Aetna, Mark Bertolini, amenazó que la empresa disminuiría su participación en los mercados públicos si el Departamento de Justicia le impedía fusionarse con la empresa de seguros de salud Humana. Bertolini escribió: “Si el Departamento de Justicia entabla una demanda para prohibir la transacción, adoptaremos medidas de inmediato para reducir nuestra huella en el mercado en 2017”. La empresa informó que sus ganancias aumentaron 38% el año pasado, a pesar de haber informado pérdidas en el mercado público. El mes pasado, el Departamento de Justicia también entabló una demanda para impedir la fusión de dos grandes empresas de seguros de salud: Cigna y Anthem, que habría sido la mayor fusión en el sector de los seguros de salud en la historia de Estados Unidos.
En noticias de la campaña electoral, la candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, criticó los antecedentes de Donald Trump como empleador durante un discurso pronunciado el miércoles en Ohio.
Hillary Clinton dijo: “Realmente me molesta cuando la gente cuenta sus historias. Se trata de pequeños empresarios, plomeros, electricistas, pintores que trabajaron para Donald Trump y a los que Trump se negó a pagarles. Eso viola la negociación básica. Si haces tu trabajo, debes ser recompensado por él, no estafado. Que no te digan que si quieres cobrar tu salario debes demandar a alguien”.
Trump estuvo ayer en Nueva York para asistir a su primera reunión informativa sobre información clasificada con el FBI.
Mientras tanto, legisladores en Washington D.C. comenzaron a examinar documentos del FBI el miércoles, en los que se detalla la investigación de la agencia del uso de Hillary Clinton de su servidor de correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado. Se pusieron a disposición de los legisladores gruesas carpetas con la etiqueta “secreto”, después de que los republicanos solicitaran la información el mes pasado, tras la decisión del FBI de recomendar que no se presentaran acusaciones penales contra Clinton acerca de su uso del correo electrónico. El Departamento de Estado también ha afirmado que facilitará algunos de los correos electrónicos de Clinton al observatorio denominado Judicial Watch. Por su parte, la campaña de Clinton sigue afrontando cuestionamientos con respecto a 44 correos electrónicos del Departamento de Estado que se facilitaron a Judicial Watch, en los que se revelaba un vínculo estrecho entre la Fundación Clinton y el Departamento de Estado cuando Clinton era secretaria de Estado.
Mientras tanto, Steve Bannon, el presidente del medio de noticias conservador Breitbart News, asumió la dirección de la campaña de Donald Trump. Bannon es un exejecutivo de Goldman Sachs que convirtió a Breitbart News en un sitio web de extrema derecha que a menudo genera controversia con titulares como “Métodos anticonceptivos hacen que mujeres se vuelvan locas y poco atractivas” o “Transexuales se quejan sobre gracioso cartel de Bruce Jenner”. El sitio web ataca sistemáticamente a las principales figuras del Partido Republicano, como el expresidente de la Cámara de Representantes John Boehner y el ex gobernador de Florida Jeb Bush. El propio Bannon es considerado la figura más influyente de los medios de comunicación conservadores, después del ex presidente de Fox News Roger Ailes, que está asesorando a la campaña de Donald Trump. Una descripción de Bannon de 2015 lo denomina “el agente político más peligroso de Estados Unidos”.
En noticias internacionales, los consejos editoriales de The New York Times y The Guardian solicitan a los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña que pongan fin al apoyo a la guerra de Arabia Saudí en Yemen. En un editorial titulado “Estados Unidos es cómplice de la matanza en Yemen”, The New York Times escribió el miércoles: “El Congreso debería suspender la venta de armas y el presidente Obama debería informar discretamente a Riad que Estados Unidos retirará su ayuda fundamental si los saudíes siguen atacando a civiles y se niegan a negociar la paz”. Arabia Saudí ha bombardeado Yemen en los últimos 17 meses con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña, provocando la mayoría de las muertes civiles del conflicto. La semana pasada, Estados Unidos aprobó la venta de nuevas armas a los saudíes por 1.000 millones de dólares. Desde que asumió la presidencia, el gobierno de Obama ha aprobado la venta de armas a Arabia Saudí por más de 110.000 millones de dólares.
La oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha reconocido que la ONU tuvo responsabilidad en una epidemia de cólera que provocó la muerte de más de 9.000 personas. La ONU afirma que emitirá una nueva serie de respuestas a la epidemia en los próximos dos meses. Los funcionarios de mantenimiento de la paz de la ONU están acusados de negligencia al llevar el cólera a la isla durante su despliegue tras el terremoto de Haití de 2010. Una demanda en la corte federal de Estados Unidos procura miles de millones de dólares en daños a las víctimas. La admisión de Ban Ki-moon no cambia la inmunidad jurídica de la ONU en virtud de una convención de 1946.
Mientras tanto, en Sudán de Sur, la ONU ha puesto en marcha una investigación sobre las acusaciones de que las fuerzas de paz de la ONU no intentaron evitar varios casos de abuso y violencia sexual contra civiles. El mes pasado, las tropas que luchan en nombre del presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, causaron disturbios durante casi cuatro horas en un complejo hotelero frecuentado por trabajadores de ayuda extranjera. Los testigos afirman que hubo civiles violados en grupo y un periodista fue ejecutado en el ataque. Varios testigos dijeron a Associated Press que las fuerzas de paz de la ONU desplegadas en los alrededores no hicieron nada para detener la violencia, pese a las solicitudes de asistencia de personas que se encontraban dentro del complejo.
En Turquía, al menos cinco policías murieron y más de 100 personas resultaron heridas el miércoles y el jueves de esta semana en ataques con coches bomba en el este de Turquía. El gobierno turco atribuyó los atentados al Partido de Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK. A principios de esta semana las autoridades turcas clausuraron un periódico en Estambul y detuvieron a algunos de sus empleados después de declarar que el periódico apoyaba al PKK. El cierre del periódico es parte de una ofensiva en curso contra la disidencia en Turquía, tras un golpe de Estado militar fallido que tuvo lugar en julio.
El gobierno australiano afirma que va a cerrar el centro de detención de migrantes de la isla de Manus tras los informes de las duras condiciones y el abuso predominante en el lugar, también hacia los niños detenidos. Manus es uno de los dos centros de detención en alta mar que tiene Australia para los migrantes que solicitan asilo. Muchas de las personas que se encuentran en este centro han pasado años detenidas y sufren de problemas de salud mental. El gobierno australiano ha dicho hasta ahora que ninguno de los detenidos en Manus será asentado en Australia, pero Colin Barnett, primer ministro de Australia Occidental, dijo que los recibiría para su reasentamiento.
Colin Barnett expresó: “En particular a las familias, siempre y cuando no supongan un riesgo para la seguridad, yo les doy la bienvenida para que estén en Australia. Lo único que me parece inaceptable es que haya niños detenidos”.
En Illinois, el gobernador Bruce Rauner convirtió en ley un proyecto de declaración de derechos para trabajadores domésticos, que les otorga protecciones bajo los estatutos laborales del estado, como salario mínimo, horas extras y vacaciones. Los trabajadores domésticos no están cubiertos por las leyes laborales estatales ni federales, aunque algunos estados tienen leyes similares a la que fue aprobada en Illinois. Wendy Pollack, del Sargent Shriver National Center on Poverty Law, dijo: “Esto es realmente histórico, porque la exclusión de los trabajadores domésticos de las leyes laborales federales y estatales tiene una historia desafortunada, basada en la esclavitud y la animosidad contra los migrantes”.
El viernes en Oklahoma se realizarán los servicios fúnebres para Khalid Jabara, el hombre libanés que, según la policía, murió a manos de su vecino de al lado en un posible crimen de odio. La policía afirma que Stanley Majors será imputado de homicidio en primer grado por el asesinato cometido el lunes y reconoce que hace tiempo que el acusado mostraba animosidad hacia la familia de Jabara. Majors, un hombre blanco, ya enfrenta cargos de asalto por golpear con su coche a Haifa Jabara, la madre de Khalid, mientras ella estaba corriendo. Antes de eso, Haifa Jabara ya tenía una orden de restricción contra Majors después de que la hubiera amenazado y acosado. A pesar de todo esto, Majors fue puesto en libertad bajo fianza a principios de este año y regresó a su hogar. La familia Jabara afirma que Majors los amenazó y profirió insultos raciales en repetidas ocasiones desde 2013. Majors había sido arrestado al menos una vez por violar la orden de restricción antes de golpear a Haifa Jabara con su coche. Diez minutos antes de que le dispararan el lunes, Khalid Jabara llamó a la policía para reportar actividades sospechosas cerca de su hogar. La policía se fue del lugar sin hablar con Majors, pero más adelante admitió en diálogo con la prensa que Majors era conocido por su hostilidad hacia los Jabara. “Mi familia vivió atemorizada por este hombre y su odio durante años. Sin embargo, en mayo, ni siquiera un año después de que atropellara a nuestra madre y a pesar de nuestras reiteradas protestas, fue puesto en libertad sin condiciones para su fianza; no tiene tobillera de control, análisis de drogas/alcohol, nada”, escribió Victoria Jabara Williams, la hermana de Khalid.
Nicholas Dirks, rector de la Universidad de California en Berkeley, renunciará tras las críticas que le formularon por su manejo de los casos de acoso sexual y del presupuesto de la universidad. En un caso, el decano de la facultad de Derecho recibió solamente una reducción salarial temporal y la orden de someterse a terapia después de que una investigación sustentara las declaraciones de que había acosado sexualmente a una persona subordinada.
En Brasil, los nadadores olímpicos estadounidenses Gunnar Bentz y Jack Conger fueron retirados de un avión para ser interrogados cuando se disponían a salir de Río de Janeiro, en medio de sospechas de que ellos y sus compañeros de equipo podrían haber mentido en su declaración de haber sido robados a punta de pistola por personas que se hacían pasar por policías. Cuatro nadadores olímpicos de Estados Unidos declararon ante las autoridades que fueron robados, en la madrugada del domingo, cuando regresaban a casa después de una fiesta nocturna. Pero la policía brasileña afirma que hay discrepancias en las versiones de los nadadores. La policía también afirma que las imágenes de las cámaras de circuito cerrado contradicen sus historias. En Brasil, presentar una denuncia falsa es un delito.