Titulares21 de julio de 2017

La compañía de los medios de comunicación Bloomberg informó el jueves que el fiscal especial encargado de investigar los vínculos entre la campaña de Donald Trump y el gobierno de Rusia en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos está examinando una amplia serie de transacciones en las que participaron las empresas de Trump y las de sus socios. Según Bloomberg, la investigación encabezada por el ex director del FBI Robert Mueller examinará una serie de transacciones inmobiliarias realizadas con inversores rusos, al igual que el certamen Miss Universo celebrado en Moscú en 2013. Se informó que la investigación incluye una investigación de lavado de dinero del ex director de campaña de Trump Paul Manafort. La noticia de la amplia investigación del fiscal especial salió a la luz al tiempo que el presidente Trump dejó abierta la posibilidad de ordenar al Departamento de Justicia que despida a Mueller. Trump dijo al periódico The New York Times que Mueller se estaría extralimitando si investiga las finanzas de Trump. El periódico informa que los abogados y colaboradores de Trump están buscando motivos para incriminar a Mueller y su equipo, en un intento de desacreditar la investigación. Por otra parte, The Washington Post informó que Trump estaba muy molesto cuando se enteró de que Mueller tendría acceso a sus declaraciones de impuestos de varios años atrás, que el presidente se ha negado a hacer públicas. El periódico informó que Trump está considerando la posibilidad de indultar en el futuro a sus colaboradores y a su familia, y posiblemente a sí mismo. Mientras tanto, se produjeron algunos cambios en el equipo de abogados que representa a Trump, y Marc Kasowitz ya no será su principal abogado. Esta decisión fue tomada después de que Kasowitz enviara una serie de amenazas por correo electrónico, repletas de improperios, a un desconocido que había dicho que el abogado debería renunciar.

En Irak, informes de inteligencia recientemente revelados indican que más de 40.000 civiles murieron durante la batalla liderada por Estados Unidos para recuperar el control de la ciudad de Mosul, que se encontraba en manos del autoproclamado Estado Islámico (ISIS); se trata de una cifra muy superior a la que se había informado anteriormente. El periodista Patrick Cockburn citó en el periódico The Independent informes de inteligencia vistos por un alto funcionario kurdo, quien sostuvo que el número de muertes calculado anteriormente era inferior debido a que miles de cadáveres seguían enterrados bajos los escombros. La batalla, que llegó a su fin este mes, comenzó en octubre del año pasado y duró varios meses más que el sitio de Stalingrado, durante la Segunda Guerra Mundial.

En Estados Unidos, grupos defensores de los derechos civiles advierten que dos proyectos de ley bipartidistas criminalizarían la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas. La Ley Contra el Boicot a Israel tipificaría como delito grave que ciudadanos estadounidenses apoyen boicots a Israel y a los asentamientos israelíes, e impondría una pena civil mínima de 250.000 dólares y una pena penal máxima de veinte años en prisión más una multa de un millón de dólares. Hasta el momento, 43 senadores y 234 diputados de ambos partidos apoyan la legislación. Se informó que el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense Israelí (AIPAC, por sus siglas en inglés) ayudó a elaborar el proyecto de ley y fijó como una de sus principales prioridades de cabildeo que sea aprobado este año. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) declaró en una carta el lunes: “No adoptamos una posición ni a favor ni en contra del boicot a Israel ni a ningún otro país extranjero. Sin embargo, sostenemos que el gobierno no puede, en virtud de la Primera Enmienda, castigar a personas estadounidenses únicamente sobre la base de sus convicciones políticas”. El intento de criminalizar al movimiento BDS (boicot, desinversión y sanciones) tiene lugar en medio de la profundización de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, donde la Organización de las Naciones Unidas afirmó este mes que las condiciones se han vuelto “inhabitables”.

La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos aprobó el jueves, por unanimidad, la recomendación del candidato del presidente Donald Trump para ocupar el cargo de director del FBI, tras el despido de James Comey. La votación allana el camino para que Christopher Wray cuente con la aprobación de todo el Senado. Wray fue fiscal general adjunto durante el gobierno de George W. Bush, de 2003 a 2005, cuando la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia aprobó la tortura de prisioneros bajo custodia militar y de la CIA.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó esta semana que permitirá a los departamentos de policía estatales y locales confiscar efectivo y bienes de personas sospechosas de delitos, aunque no hayan sido procesadas. El fiscal general, Jeff Sessions, dijo que la política denominada “confiscación de activos civiles” es una herramienta importante para combatir el crimen. Esta práctica dejó de ser utilizada en gran medida por el gobierno del expresidente Barack Obama, después de que investigaciones demostraran que la policía local detenía sistemáticamente a conductores por infracciones de tránsito menores y confiscaba sus bienes por miles de millones de dólares. En algunos casos, los departamentos de policía utilizaron los bienes para comprar vehículos de lujo y armas potentes. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha dicho que la confiscación de activos es una violación del debido proceso que afecta desproporcionadamente a las comunidades de color.

En el Congreso de Estados Unidos, dos senadores presentaron un proyecto de ley el jueves para reformar los sistemas de fianza estatales, mediante los cuales medio millón de estadounidenses permanecen en prisión cada día simplemente porque no pueden pagar para ser liberados. La legislación propuesta por el congresista republicano de Kentucky Rand Paul y la congresista demócrata de California Kamala Harris instaría a los estados a que abandonen el sistema actual de fianza basada en el dinero y comiencen a aplicar un sistema que permita a las personas de bajos ingresos quedar en libertad mientras aguardan ser enjuiciadas.

Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, activistas por los derechos civiles exigen justicia para un adolescente del Bronx que ha estado detenido en la tristemente célebre cárcel de la isla de Rikers por un delito de 2015 que él afirma que no cometió. Los fiscales sostienen que Pedro Hernández, de 18 años de edad, disparó un tiro que impactó a otro adolescente en la pierna, a pesar de que la víctima y otros ocho adolescentes que fueron testigos del disparo afirman que Hernández es inocente. Hernández rechazó un acuerdo para declararse culpable, mediante el cual podría ser puesto en libertad condicional por cinco años, e insiste en tener un juicio por jurado, pero este se aplazó hasta después del feriado del Día del Trabajo –que se celebra el 4 de septiembre–, debido a problemas para fijar la fecha. Hernández ha estado detenido desde julio de 2016 y espera ser liberado antes del 1° de septiembre para poder aceptar una beca completa en la universidad. Su familia comenzó una campaña de recaudación de fondos para conseguir los 250.000 dólares necesarios para pagar su fianza. La situación de Hernández ha sido comparada con el caso de Kalief Browder, otro adolescente del Bronx, que se suicidó en 2015, a los 22 años de edad, después de haber estado detenido en Rikers durante casi tres años sin ser enjuiciado por un delito que no había cometido.

En una votación de 51 contra 47 que siguió las líneas partidarias, el Senado de Estados Unidos aprobó el jueves la confirmación del juez John K. Bush en un cargo vitalicio en el Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito de Estados Unidos. Bush tiene un largo historial de comentarios homofóbicos y sexistas, y ha comparado el aborto con la esclavitud. También ha hecho publicaciones, bajo un seudónimo, en un blog de derecha, en las que niega las afirmaciones de la ciencia respecto del cambio climático y repite las declaraciones falsas de los llamados “birthers”, que afirman que el expresidente Barack Obama no nació en Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso una multa de dos millones de dólares a ExxonMobil por violar las sanciones estadounidenses contra Rusia hace tres años, cuando el actual secretario de Estado, Rex Tillerson, se desempeñaba como director ejecutivo de la empresa petrolera. El Departamento del Tesoro afirma que en 2014 ExxonMobil mostró “negligencia imprudente” respecto de la ley estadounidense cuando firmó contratos con el magnate petrolero ruso Igor Sechin para desarrollar reservas en el Ártico. La medida violó las sanciones impuestas a Rusia después de que este país invadiera Ucrania y se anexara la península de Crimea. En su momento, Tillerson afirmó que la empresa que dirigía se oponía a las sanciones contra Rusia, a las que calificó de “ineficaces”. El jueves, en el Departamento de Estado, la portavoz Heather Nauert respondió a la pregunta de si Tillerson había cambiado de opinión acerca de las sanciones a Rusia.

Heather Nauert: “Todo esto es anterior a su cargo aquí en el Departamento de Estado”.

Matthew Lee: “Lo entiendo”.

Heather Nauert: “Entonces, me voy a abstener de hacer comentarios sobre eso en este momento”.

Matthew Lee: “Entiendo que esto es anterior a su cargo de secretario de Estado, pero ahora él está en un puesto por el que es parte del equipo que se supone que hace cumplir las sanciones, no violarlas o permitir que otros las violen. Por eso considero importante saber lo que piensa hoy sobre esta decisión”.

Heather Nauert: “Creo… voy a decir esto. El secretario sigue respetando sus compromisos éticos, entre ellos la recusación de sus actividades relacionadas con Exxon”.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, es conocido por tener vínculos estrechos con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien lo condecoró con la Orden de la Amistad de su país en 2013. La multa de dos millones de dólares que el Departamento del Tesoro le impuso a ExxonMobil era la cantidad máxima permitida por la ley y representa poco más de dos horas de ganancias de la gigante petrolera.

En Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte solicitó al Congreso que extienda la ley marcial en la isla meridional de Mindanao, donde las fuerzas del gobierno han estado luchando contra milicianos aliados al autoproclamado Estado Islámico (ISIS) en la ciudad de Marawi. El conflicto ya lleva un saldo de más de 500 muertes y ha desplazado a otras 200.000 personas desde que comenzaron los combates en mayo. Mientras tanto, el jueves, en Washington, DC, un panel de derechos humanos del Congreso escuchó testimonios de activistas que advierten que las fuerzas de seguridad filipinas y los grupos de justicieros parapoliciales han matado a más de 7.000 sospechosos de usar o vender drogas desde que Duterte lanzó su presunta guerra contra las drogas el pasado mes de junio. Este es Ellecer Carlos.

Ellecer Carlos, de la coalición de derechos humanos iDefend, expresó: “Nuestra documentación y el trabajo de supervisión diarios en las comunidades más afectadas confirman, sin lugar a dudas, que el presidente Duterte y otros altos funcionarios del país, que vieron necesario encontrar una sección particular de la sociedad filipina digna de eliminación, pusieron en práctica de forma efectiva una política de limpieza social de facto, en la que la policía y los justicieros parapoliciales no solo son alentados, sino recompensados y obligados a cometer ejecuciones extrajudiciales”.

El congresista James McGovern, un demócrata de Massachusetts, manifestó su preocupación por los informes de que el presidente Duterte planea viajar a Washington, DC, este otoño para hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

James McGovern declaró: “Un hombre con los antecedentes de [violaciones a los] derechos humanos de Duterte no debería ser invitado a la Casa Blanca. Y si viene, yo voy a liderar una protesta porque, nuevamente, debemos estar del lado de la defensa de los derechos humanos y no desestimarlos”.

En abril, el presidente Trump llamó a Duterte y lo invitó a la Casa Blanca. En una transcripción de su conversación que fue filtrada por el medio The Intercept, Trump dijo: “Solo quería felicitarlo porque he oído hablar del increíble trabajo contra el problema de las drogas”.

El jueves en Polonia, miles de manifestantes salieron a las calles de la capital, Varsovia, y otras ciudades, en la víspera de una votación programada para hoy por el partido gobernante, Ley y Justicia, en torno a un proyecto de ley que le permitiría al Parlamento nombrar jueces de la Corte Suprema. Los manifestantes afirman que la medida pondría fin a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.

Zbyszek enunció: “Las elecciones se realizaron de forma democrática, pero su gobierno rompe la ley, rompe la Constitución, por lo que la democracia en Polonia está prácticamente muriendo”.

Andrzej expresó: “Esta nueva ley sobre los tribunales es definitivamente un paso en la dirección equivocada. Por eso queremos que el presidente vete este proyecto de ley”.

En Bruselas, la Unión Europea expresó su alarma por la legislación y declaró que estaba considerando la posibilidad de aplicar sanciones sin precedentes contra uno de sus estados miembro, debido a posibles abusos contra los derechos humanos.

En Marruecos, la policía antidisturbios usó garrotes y gas lacrimógeno para dispersar a cientos de personas que marchaban por las calles de Alhucemas el jueves, desafiando la prohibición gubernamental de manifestarse para protestar contra la corrupción y el subdesarrollo. Las manifestaciones fueron las más grandes en Marruecos desde octubre del año pasado, cuando miles de personas salieron a las calles de varias ciudades del país después de que un vendedor de pescado muriera aplastado en un camión de basura mientras intentaba recuperar pescado confiscado por la policía. Su muerte se convirtió en el punto de partida de un movimiento más amplio por la justicia económica y las libertades civiles en el reino.

En el Mediterráneo, un fuerte terremoto sacudió partes de Turquía y Grecia en la madrugada del viernes, causando la muerte de al menos dos personas y dejando a cientos de personas heridas. El terremoto, de magnitud 6,5, tuvo su epicentro justo al sur de la ciudad balnearia de Bodrum. Hubo derrumbes de edificios y un pequeño tsunami que inundó las comunidades costeras.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombrará a Jeff Holmstead, lobista de la industria del carbón, como segundo al mando en la Agencia de Protección Ambiental, según el portal de noticias Axios. Desde 2007, Holmstead ha representado a empresas de carbón, ferrocarril y servicios públicos como socio en la poderosa empresa Bracewell LLP, cuya sede está en la calle K de Washington DC -conocida por albergar las sedes de numerosos lobbys, grupos de interés y centros de estudios. Holmstead también trabajó para el senador de Oklahoma James Inhofe, un destacado negacionista del cambio climático.

Y en la ciudad de Nueva York, el inmigrante haitiano Jean Montrevil salió libre de un edificio federal de Manhattan el jueves, después de que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le ordenaran que se presentara a una reunión que podría haber terminado en su deportación. Montrevil llegó a Estados Unidos desde Haití con una Tarjeta Verde de Residencia Permanente en 1986, a la edad de 17 años. El mes pasado, cuando fue a su primer control bajo la presidencia de Donald Trump, fue detenido, esposado y procesado para ser deportado, hasta que las solicitudes de sus defensores aparentemente condujeron a su liberación. “Haga clic aquí para ver la entrevista completa con Jean Montrevil, su hija y su abogado”https://www.democracynow.org/es/2017/7/19/activist_father_of_four_faces_deportation.