Titulares04 de agosto de 2017

El fiscal especial, Robert Mueller, constituyó un gran jurado federal en Washington DC mientras se amplía la investigación de la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. La decisión, de la que informó en primer lugar el periódico Wall Street Journal, le da poder de emitir citaciones judiciales y abre la posibilidad de presentar acusaciones penales contra el presidente Donald Trump y sus colaboradores. Se informó que Mueller está investigando si el despido de Trump del ex director del FBI James Comey en mayo constituyó obstrucción de la justicia. Mueller también emitió órdenes para obtener documentos relacionados con las actividades empresariales del ex director de la campaña de Trump Paul Manafort, así como del ex asesor de seguridad nacional de Trump, el general Michael Flynn. La noticia se hizo pública después de que Mueller contratara a otro abogado, Greg Andres, para integrar su equipo de investigadores, por lo que ahora son un total de 16. Andres es un ex miembro de la división penal del Departamento de Justicia y abogado especialista en casos de soborno en el extranjero.

En el Congreso, el Senado de Estados Unidos impidió el jueves que el presidente Donald Trump realizara nombramientos durante el receso, cuando los legisladores regresan a sus estados de origen para las vacaciones de verano, que dura hasta el fin de semana del Día del Trabajo, el 4 de septiembre. La medida fue ampliamente percibida como un intento por impedir que Trump despida al fiscal general, Jeff Sessions, mientras el fiscal especial, Robert Mueller, continúa la investigación sobre Rusia. Mientras tanto, dos proyectos de ley bipartidistas presentados el jueves ante el Senado tienen el objetivo de limitar el poder del presidente Trump de despedir al fiscal especial Robert Mueller.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a su par de México, Enrique Peña Nieto, a que no expresara públicamente su oposición al plan de Trump de construir un muro fronterizo y hacer que México lo pague. Según una transcripción de una llamada telefónica del 27 de enero, que publicó el jueves el periódico Washington Post, Peña Nieto le dijo a Trump que México no pagaría el muro, lo que suscitó la siguiente respuesta de Trump: “No puedes decir eso a la prensa, porque no puedo negociar en esas circunstancias”. En la misma llamada telefónica, Trump amenazó a México con imponer aranceles comerciales y dijo que el estado de Nuevo Hampshire es una “guarida infestada de drogas”.

En otra transcripción filtrada, esta vez de una llamada telefónica realizada el 28 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el acuerdo de su país con Australia para el reasentamiento de 2.000 refugiados y dijo al primer ministro australiano, Malcolm Turnbull: “Eso hará que nos veamos muy mal”. Trump puso fin a la conversación con un tono de frustración y dijo a Turnbull: “Me harté. He estado haciendo estas llamadas todo el día, y esta es la llamada más desagradable de todo el día. La llamada con Putin fue agradable. Esto no tiene sentido”.

En Siria, el observatorio periodístico Airwars informó que una serie de ataques lanzados por la coalición liderada por Estados Unidos en los últimos días provocó la muerte de numerosos civiles. Airwars informó que un ataque de la coalición lanzado el martes destruyó un hogar en Raqqa y mató a 50 civiles, entre ellos familias enteras. Entre los fallecidos estaban Hamada Al-Saeed Al-Hamzawi y tres de sus familiares. En otro ataque aéreo, lanzado el mismo día por la coalición liderada por Estados Unidos, murieron 11 miembros de una familia. Y el miércoles, un ataque con artillería, posiblemente perpetrado por fuerzas con apoyo de Estados Unidos, mataron al habitante de Raqqa Mohammed Ahmed Abdel-Rahim.

En Canadá, el gobierno de Quebec afirma que está procesando el ingreso de alrededor de 150 migrantes al día que cruzan hacia Canadá desde el estado de Nueva York en busca de leyes de inmigración más amigables. El flujo de inmigrantes provocó que las autoridades pusieran cientos de catres en un centro de acogida en el Estadio Olímpico de Montreal. La refugiada haitiana Marie-Claude Celestin fue una de las personas que cruzaron recientemente a Canadá.

Marie-Claude Celestin: “Canadá me pareció la mejor opción para mí y mi familia. Ustedes entienden la ayuda humanitaria, a diferencia de Estados Unidos. Ustedes tratan a las personas como seres humanos”.

La mayoría de los solicitantes de asilo en Canadá son haitianos que se refugiaron en Estados Unidos después del devastador terremoto en Haití en 2010. El gobierno del presidente Donald Trump ha amenazado con retirar la protección a los haitianos, lo que afectaría a unas 58.000 personas.

La senadora demócrata Kirsten Gillibrand, de Nueva York, retiró su patrocinio a un proyecto de ley que, según los opositores, criminalizaría la libertad de expresión y de manifestarse pacíficamente. La Ley contra el Boicot a Israel tipificaría como delito que ciudadanos estadounidenses apoyen boicots a Israel y a los asentamientos israelíes, e impondría una pena mínima de 250.000 dólares y una pena máxima de un millón de dólares y 20 años en prisión. El cambio de postura de Gillibrand tuvo lugar mientras grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Jewish Voice for Peace and Palestine Legal organizan una campaña para oponerse a los proyectos de ley que prohíban el boicot como inconstitucional. Alrededor de la mitad de los miembros del Senado y 234 miembros de la Cámara de Representantes siguen patrocinando el proyecto de ley.

En Nicaragua, Amnistía Internacional acusó al gobierno de una “campaña de acoso” contra activistas que se oponen a la construcción de un canal por un valor de 50.000 millones de dólares que comunicaría a los océanos Atlántico y Pacífico. Campesinos nicaragüenses afirman que el proyecto destruiría el medio ambiente y desplazaría a alrededor de 120.000 personas.

Erika Guevara Rosas, abogada de Amnistía Internacional, declaró: “Este canal, que aún no ha iniciado su construcción, pero que ya en estos cuatro años de amenaza ha violentado gravemente los derechos de las comunidades, de las organizaciones que acompañan la lucha en resistencia precisamente porque se han generado situaciones inclusive de represión por parte de las autoridades ante las comunidades que están exigiendo información, y que además le exigen una rendición de cuentas al gobierno”.

En un incidente ocurrido en diciembre del año pasado, activistas afirman que la policía federal lanzó gases lacrimógenos y balas reales y de goma a una caravana de campesinos que se manifestaban.

En más noticias de Estados Unidos, en Virginia Occidental, cientos de manifestantes se congregaron el jueves en un estadio de la ciudad de Huntington, mientras el presidente Donald Trump realizaba un acto político frente a miles de personas en un evento que tuvo el estilo de su campaña electoral. Los manifestantes ignoraron en gran medida la denominada “área de la Primera Enmienda”, delimitada por las autoridades de la ciudad a dos manzanas del lugar y, por el contrario, protestaron frente a la entrada. En el interior, el presidente Trump recurrió a temas familiares de su campaña de 2016 y criticó la investigación de su vínculo con Rusia como una “mentira total”. Junto a Trump apareció el gobernador demócrata de Virginia Occidental, Jim Justice.

Jim Justice declaró: “Hoy les voy a contar, con muchas oraciones y mucha reflexión…, hoy les voy a decir, como ciudadanos de Virginia Occidental, que ya no puedo seguir ayudándolos como gobernador demócrata. Así que mañana voy a cambiar mi registro a republicano”.

El discurso del gobernador Justice fue interrumpido cuando, en las gradas, partidarios de Trump le quitaron una bandera mexicana a un manifestante anti-Trump mientras los guardias de seguridad escoltaban a otros manifestantes fuera del recinto. La rencilla terminó en una pelea cuando una persona sujetó a otra mediante una llave y los guardias de seguridad intentaron separarlas.

El jueves en Rusia, un tribunal impuso una multa de 5.000 dólares al político opositor Alexei Navalny por haber violado las leyes electorales antes de las elecciones presidenciales del país, que tendrán lugar en 2018. Tras comparecer ante el tribunal, Navalny declaró a la prensa que se le imputaron cargos por publicar en Internet un video en el que instaba a la gente a participar en protestas no sancionadas.

Alexei Navalny expresó: “Nos multan; continuaremos con nuestra campaña. Nos roban folletos; seguiremos con nuestra campaña. Cierran nuestra sede; seguiremos con nuestra campaña. Nos arrestan y seguiremos con nuestra campaña, simplemente porque tenemos razón”.

En los últimos meses, Navalny ayudó a organizar dos grandes protestas contra el gobierno a nivel nacional, que fueron reprimidas por la policía rusa con golpizas y arrestos masivos.

En Japón, el primer ministro, Shinzo Abe, dirigirá las conmemoraciones de este domingo y el miércoles próximo en el marco del 72º aniversario de los bombardeos atómicos estadounidenses a Hiroshima y Nagasaki. En noviembre del año pasado, los alcaldes de ambas ciudades invitaron al entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a unirse a las ceremonias que conmemoran el aniversario para continuar con el viaje histórico del presidente Barack Obama a Hiroshima en 2016. Trump no aceptó la invitación.

Una persona que aparecía regularmente como invitada en el canal Fox News afirma que un importante productor pedía sexo a cambio de trabajo remunerado en el canal. La declaración de Caroline Heldman, profesora universitaria del Occidental College, se produjo como parte de una demanda que acusa al ex consultor de Fox Woody Fraser de haber hecho numerosas insinuaciones sexuales no deseadas hacia Heldman y otras mujeres que salían al aire en los programas de Fox News. Heldman también ha acusado a la exfigura de Fox News Bill O’Reilly de emitir comentarios sexistas y de colocarla en una lista negra para no salir al aire después de haberse quejado por eso.

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, decidió el jueves suspender la ayuda federal a cuatro ciudades que han sido acusadas por el Departamento de Justicia de no entregar a los inmigrantes encarcelados a las autoridades federales de inmigración. La medida suspenderá los fondos de un programa de lucha contra el narcotráfico y la violencia de pandillas en las ciudades de Baltimore, en Maryland; Albuquerque, en Nuevo México; y San Bernardino y Stockton, en California. La decisión de Sessions es la continuación de una serie de acciones del gobierno del presidente Donald Trump que reprimen a las “ciudades refugio” que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración.

En Los Ángeles, un vendedor ambulante de elotes –o maíz tostado– se ha convertido en un héroe popular en la campaña en curso para legalizar la venta ambulante para unos 50.000 trabajadores de la zona, la gran mayoría de los cuales son latinos o inmigrantes. Benjamín Ramírez se filmó mientras un hombre lo atacaba y golpeaba su carro después de decirle que se fuera de la acera. Cuando Ramírez se resistió y le dijo al hombre que había suficiente espacio para caminar, el hombre derribó el carro, arrojando al suelo utensilios, enfriadores y maíz. El video se volvió viral a finales de julio. Los defensores dicen que debido a que la industria de venta ambulante no está completamente regularizada, algunos vendedores tienen miedo de contactar a la policía luego de ser víctimas de ataques físicos. El columnista Gustavo Arellano, del periódico Orange County Weekly, describió a Ramírez como el “EveryHombre” y también lo elogió por neutralizar a su asaltante usando chile. El humorista gráfico Lalo Alcaraz también está vendiendo imágenes impresas que dicen “Elote Justice” y dona la mitad de los ingresos a Ramírez. También hay una campaña en GoFundMe para él y otros eloteros que han sufrido ataques que dañaron sus carros.

Y, en Phoenix, Arizona, Celso Mireles, un DREAMer –beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés)– que era conocido por ser un innovador y un artista, murió a la edad de 30 años tras un accidente de motocicleta cuando se dirigía al trabajo. Mireles fue cofundador de la coalición Arizona DREAM Act Coalition y era conocido por su amabilidad, perspicacia y pasión, así como por ser “la persona tras bambalinas” de campañas locales y nacionales en línea para detener las deportaciones. Su último proyecto estaba vinculado con el desarrollo de una aplicación web para alertar a los migrantes de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.