Titulares23 de abril de 2019

El ministro de Defensa de Sri Lanka afirma que los atentados coordinados del domingo contra iglesias y hoteles de la isla fueron una respuesta a los ataques contra dos mezquitas perpetrados el mes pasado por un nacionalista blanco armado, en los que murieron 50 fieles musulmanes en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Las autoridades de Sri Lanka afirman que una organización musulmana poco conocida, llamada National Thowheed Jama’ath, llevó a cabo los atentados del Domingo de Pascua junto con otra agrupación de Sri Lanka, conocida como JMI. Por otro lado, el autoproclamado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad por los ataques, si bien no ofreció evidencia de ello. La cifra de muertos a raíz de los ataques llegó hoy a 321, a los que se suman más de 500 heridos. Sri Lanka decretó un día de duelo nacional.

El Gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump anunció el lunes que aplicará en su totalidad las sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos contra Irán, por las que le pondrá fin a un programa de exenciones que permitía que algunas naciones siguieran comprándole petróleo a Irán sin que Estados Unidos las penalizara. El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció el endurecimiento de las sanciones el lunes y sostuvo que la medida beneficiará a Arabia Saudí y a otros aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró: “Estados Unidos ha estado en constantes negociaciones con aliados y socios para ayudarlos en la transición del petróleo iraní a otras alternativas. Y hemos trabajado con los principales países productores de petróleo para asegurarnos de que el mercado tenga el volumen suficiente para minimizar el impacto en los precios. Tanto el Reino de Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos nos han asegurado el suministro apropiado para los mercados”.

Las autoridades chinas se opusieron inmediatamente a la medida de endurecer las sanciones, con el argumento de que pone en peligro sus negociaciones con Estados Unidos para ponerle fin a la guerra comercial del presidente Trump. China es el mayor comprador de petróleo de Irán, con un consumo de alrededor de la mitad del millón de barriles que exporta Irán a diario. La economía iraní se vio gravemente perjudicada desde que el Gobierno de Trump se retiró del acuerdo nuclear de Irán de 2015, que le brindaba a Teherán un alivio de las sanciones a cambio de la promesa de no fabricar armas nucleares.

En Estados Unidos, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes citó al ex abogado de la Casa Blanca Don McGahn para que testifique ante el Congreso el 21 de mayo, en el marco de una investigación en la que se pretende determinar si el presidente Donald Trump intentó ilegalmente obstruir la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. El informe de Mueller reveló que McGahn desafió la orden de Trump de despedir al fiscal especial, amenazando con renunciar si se lo forzaba a cumplir esa orden. Más adelante, McGahn renunció a su cargo.

Mientras tanto, el presidente Donald Trump y la Organización Trump presentaron una demanda contra el director del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Elijah Cummings, en un esfuerzo por invalidar una citación que exige la entrega de copias de los registros financieros de Trump de los últimos diez años. Cummings ordenó al contador de Trump producir la documentación luego de que el ex abogado personal del presidente, Michael Cohen, testificó que Trump declaraba valores inferiores a los reales de sus bienes para pagar menos impuestos, y al mismo tiempo los inflaba para obtener préstamos bancarios.

Mientras tanto, el lunes, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtieron a los legisladores del partido que no presionen para que se lleve a cabo un juicio político contra el presidente Donald Trump.

En una conferencia telefónica realizada el lunes por la noche con más de 170 legisladores, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros demócratas de alto rango advirtieron que presionar por un juicio político tendría consecuencias políticas sobre las elecciones presidenciales de 2020. Pelosi afirmó que los demócratas deberían concentrarse en cambio en las investigaciones sobre Trump de los comités.

El fin de semana, la senadora demócrata de Massachusetts Elizabeth Warren se convirtió en la primera aspirante a la presidencia en 2020 en solicitar que se inicien los procedimientos de juicio político contra el presidente. En un foro transmitido el lunes por la cadena de noticias CNN, los candidatos Bernie Sanders, Amy Klobuchar y Pete Buttigieg afirmaron que no están a favor de iniciar inmediatamente un juicio político contra Trump, mientras que la senadora de California Kamala Harris se manifestó a favor de la idea.

La senadora Kamala Harris expresó: “Creo que tenemos muy buenos motivos para creer que la investigación que se llevó a cabo arroja evidencia de que el presidente y su Gobierno obstruyeron la justicia. Creo que el Congreso debe iniciar un juicio político”.

En Estados Unidos, la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren reveló el lunes un plan general para cancelar la mayoría de las deudas pendientes por préstamos estudiantiles y eliminar el pago de la matrícula para ingresar a las universidades públicas. El plan de la senadora Warren costaría 1,25 billones de dólares, que serían financiados mediante un impuesto que propone aplicar a los “ultramillonarios”; se trata de un aumento anual del 2% sobre los 75.000 hogares cuyas riquezas ascienden a 50 millones de dólares o más. El senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, basó tanto su campaña presidencial de 2016 como la actual de 2020 en hacer gratuitas las universidades públicas, pero la senadora Warren afirma que su idea tiene un mayor alcance.

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará hoy los argumentos orales de una demanda contra el plan del Gobierno del presidente Donald Trump de incluir una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en el censo de 2020. Los jueces determinarán si el secretario de Comercio, Wilbur Ross, tenía la autoridad para añadir la pregunta en el censo. La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) junto con 17 estados, que afirman que la medida de Ross tenía el objetivo de disuadir a los inmigrantes de participar en el censo, lo que tendría como efecto un importante subregistro en estados que tienen grandes comunidades de migrantes. Las siguientes son las palabras del periodista Ari Berman, hablando con Democracy Now! en el último día de elecciones.

Ari Berman expresó: “El censo es básicamente el ADN de nuestra democracia. Determina muchas de las cosas que hacemos, desde la distribución de 675.000 millones de dólares en fondos federales hasta la delineación de los distritos electorales y al número de votos electorales que recibe cada estado. Si se manipula el censo, se manipula toda la democracia estadounidense”.

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el lunes que analizará tres casos que determinarán si las personas LGBTQ están amparadas por el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe a los empleadores discriminar a los trabajadores en función de su sexo, raza, color de piel, país de origen o religión. El Gobierno de Donald Trump argüirá que la normativa no estaba destinada a brindar protección a los trabajadores homosexuales o transexuales. Los magistrados escucharán los argumentos sobre el caso a partir de septiembre, y es probable que tomen una decisión al respecto en junio de 2020. Mientras tanto, activistas LGBTQ instan al Congreso a que apruebe la Ley de Igualdad, que enmendaría las leyes de derechos civiles para proteger explícitamente a las personas LGBTQ contra la discriminación.

En la ciudad de Tucson, en Estados Unidos, las autoridades de la Universidad de Arizona retiraron los cargos de delitos menores que pesaban contra tres estudiantes que protagonizaron una protesta no violenta contra agentes de la Patrulla Fronteriza que dieron una charla en el campus del centro educativo. Durante la protesta, llevada a cabo el 19 de marzo, las estudiantes se refirieron a los agentes como “Patrulla de asesinato” y una “extensión del Ku Klux Klan”. Visite democracynow.org/es para ver nuestra entrevista a Mariel Bustamante, una de las llamadas “Tres de Arizona”.

En Washington, DC, activistas de las agrupaciones CodePink y Popular Resistance, junto con miembros del personal esencial diplomático venezolano, están ocupando la embajada de Venezuela y demandan que el Gobierno del presidente Donald Trump cancele sus planes de entregar la embajada a los líderes de la oposición venezolana. Protestan, asimismo, contra las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, que han agravado una creciente crisis humanitaria en el país sudamericano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ordenado al grupo que desaloje el edificio antes del miércoles. En respuesta, Medea Benjamin, integrante de CodePink, escribió: “Les guste o no, el Gobierno de Maduro es en realidad el Gobierno que está en el poder en Venezuela y es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. Este plan orquestado por Trump de crear un Gobierno paralelo y luego simplemente tomar el control de las sedes diplomáticas es totalmente ilegal”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que Herman Cain, uno de sus nominados para integrar la junta directiva de la Reserva Federal, se retiró de la lista de candidatos. La nominación de Cain por parte de Trump ha vuelto a llamar la atención sobre el ex director ejecutivo de la cadena de restaurantes Pizza Godfather’s y candidato presidencial republicano en 2012, quien abandonó la contienda electoral ese año luego de que tres mujeres lo acusaron de acoso sexual.

Mientras tanto, Stephen Moore, otro de los candidatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la junta de la Reserva Federal, se encuentra bajo escrutinio después de que la cadena televisiva CNN puso al descubierto una serie de artículos sexistas que Moore escribió en la década de 2000 como escritor a sueldo para la revista National Review. En uno de ellos, Moore argumentó que a las mujeres debería prohibírseles participar en el torneo de baloncesto universitario March Madness: “Aquí está el cambio de reglas que propongo: no más árbitros mujeres, ni mujeres presentadoras, ni mujeres vendedoras de cerveza, ni mujeres en ningún puesto”, escribió.

La Corte Suprema de Birmania rechazó la apelación final de dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, encarcelados por informar en 2017 sobre el asesinato y la expulsión sistemática de musulmanes rohingyás en ese país. La semana pasada, los periodistas Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron galardonados con un Premio Pulitzer por su investigación de una masacre de rohingyás cometida por el ejército birmano en el pueblo de Inn Din. No obstante, el lunes, los periodistas recibieron la orden de cumplir con la sentencia completa de siete años de prisión que se les impuso por haber violado la Ley de Secretos Oficiales, una norma vigente en Birmania desde la era colonial. La Organización de las Naciones Unidas, así como la Cámara de Representantes de Estados Unidos y agrupaciones internacionales en favor de los derechos humanos y de la libertad de prensa han solicitado la liberación de los periodistas.

En Filipinas, al menos 16 personas murieron el lunes tras un fuerte terremoto, de magnitud 6.1, que azotó una región al oeste de la capital, Manila, durante las horas de mayor tránsito vespertino. El terremoto causó el derrumbe de edificios, entre ellos un supermercado de cuatro pisos donde al menos cinco personas perdieron la vida aplastadas por la caída de un muro. El martes, el sur de Filipinas fue golpeado por un segundo terremoto, aún más poderoso, cuyo epicentro se situó al norte de la ciudad de Tacloban. No hubo informes inmediatos de que el segundo terremoto, de magnitud 6.4, haya causado heridos.

En noticias relacionadas con el cambio climático, un nuevo estudio revela que la capa de hielo de Groenlandia está derritiéndose a una velocidad seis veces mayor que en la década de 1980, dato que constituye la señal más reciente de que las ciudades costeras de todo el mundo deberán enfrentar un catastrófico aumento del nivel del mar. Los hallazgos publicados el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America muestran que Groenlandia ha perdido 4.900 billones de litros de agua desde 1972, derretimiento que ocurrió en su mayor parte en los últimos años.

En Londres, la cantidad de personas arrestadas por una serie de acciones directas no violentas para exigir que con urgencia se tomen medidas contra el cambio climático ha superado las 1.000, al tiempo que la agrupación Rebelión contra la Extinción (“Extinction Rebellion”, en inglés) entra en su noveno día de protestas en la capital británica. El lunes, cientos de manifestantes de esa agrupación llevaron a cabo una masiva protesta pacífica en la sala principal del Museo de Historia Natural de Londres, donde se acostaron en el suelo fingiendo estar muertos.

Polly Higgins, una abogada británica que durante años hizo campaña para que tribunales y gobiernos reconocieran el ecocidio como un crimen internacional importante, falleció el domingo a los 50 años a causa de un cáncer. Higgins redactó leyes modelo que definen el crimen de ecocidio, y es autora de dos libros sobre el tema. En un video, producido por DeSmog Reino Unido y Real Media, propuso convertir el ecocidio en un crimen equiparable al genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Polly Higgins expresó: “Estamos asesorando legalmente para que el delito de ecocidio sea considerado un crimen internacional en la Corte Penal Internacional. El ecocidio es el daño extenso, la destrucción o la pérdida de ecosistemas. La ley existente no va lo suficientemente lejos en términos de detener el daño grave, el daño ecológico y el daño climático. Estamos hablando de derecho penal, por lo que podría involucrar a directores ejecutivos, directivos, ministros, jefes de Estado, quienes pueden ser obligados a rendir cuentas ante una Corte Penal Internacional”.