Titulares22 de abril de 2020

El número de personas contagiadas de coronavirus continúa aumentando en todo el mundo: las cifras oficiales registran más de 2,5 millones de casos confirmados y más de 178.000 muertes relacionadas con la COVID-19, aunque la cifra real es indudablemente mucho mayor. Un alto funcionario de las Naciones Unidas advirtió el martes que los Gobiernos deben actuar de inmediato para evitar una “segunda pandemia de hambre” a causa del desplome de la economía desatado por el virus. David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, afirmó el martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas que el número de personas que padecen hambre en todo el mundo pronto podría duplicarse a 265 millones, a menos que se tomen medidas urgentes.

David Beasley sostuvo: “Todavía no hay hambrunas. Pero debo advertirles que si no nos preparamos y actuamos ahora para asegurar el acceso [a alimentos], evitar déficits de financiación e interrupciones en el comercio, podríamos enfrentarnos a múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses”.

En Estados Unidos, el epicentro de la pandemia, el número de muertos por COVID-19 asciende a más de 45.000. El martes, el Senado estadounidense aprobó fondos adicionales por un valor de 484.000 millones de dólares para contrarrestar la crisis del coronavirus. La votación se dio mediante voto cantado, ya que un gran número de senadores permanecieron en sus hogares debido a la pandemia.

El proyecto de ley añade 310.000 millones de dólares más al Programa de Protección de Pago de Cheques, que otorga préstamos a pequeñas empresas, otros 75.000 millones de dólares para hospitales, 25.000 millones para pruebas de diagnóstico y 60.000 millones de dólares que se destinarán a créditos y subvenciones de emergencia por desastres. Se espera que el proyecto de ley sea votado el miércoles por la Cámara de Representantes. Dicho proyecto de ley no proporciona nuevos fondos para cheques de estímulo económico para los hogares estadounidenses, ni para cupones de alimentos, ni para una mayor seguridad en las elecciones, ni para los Gobiernos estatales y locales más afectados. El paquete de estímulo económico tampoco establece límites para los rescates financieros otorgados a la industria de combustibles fósiles, ni incluye fondos para rescatar financieramente al Servicio Postal de Estados Unidos.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez sostuvo el martes en el canal MSNBC que los legisladores no están proveyendo la asistencia necesaria a millones de personas desempleadas que no pueden pagar el alquiler y que se encuentran cada vez más en riesgo de pasar hambre.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez afirmó: “No estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. No hemos legislado en un mes y miles de personas están muriendo. Miles de personas mueren todos los días. Y estamos discutiendo la posibilidad de volver [a Washington]. Pero cada vez que aprobamos uno de estos proyectos de ley, escuchamos decir que la solución real estará llegando en el próximo proyecto de ley. Y luego en el próximo proyecto de ley y en el próximo proyecto de ley. En algún momento tenemos que levantar la mano y decir: ‘¿Cuándo llegará la solución?’ Porque habrán pasado dos meses de alquiler antes de que incluso contemplemos un proyecto de ley que realmente [responda a estas necesidades]”.

La Cámara de Representantes y el Senado han extendido sus recesos otras dos semanas, hasta el 4 de mayo. Legisladores progresistas exigen que cuando el Congreso inicie otra ronda de financiación, que se conoce como la “fase cuatro” del paquete de estímulo económico en respuesta al coronavirus, la ley incluya la aprobación de pagos mensuales de 2.000 dólares para todos los hogares estadounidenses y la posibilidad de inscribirse a Medicare —programa de salud pública que provee atención médica a todas las personas mayores de 65 años o consideradas discapacitadas— para quienes estén desempleados o carezcan de seguro médico.

La Organización Trump está procurando obtener un alivio en el pago del alquiler para el Hotel Internacional Trump en la ciudad de Washington D.C., que se encuentra en un edificio de propiedad federal arrendado al Gobierno de Donald Trump. El grupo de monitoreo Common Cause tuiteó en respuesta: “Esto es lo que llamamos un conflicto de intereses. También conocido como corrupción o violaciones inconstitucionales de la cláusula de emolumentos”.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, viajó el martes a Washington D.C., para reunirse con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde, según se informa, ambos acordaron incrementar la realización de pruebas de diagnóstico de COVID-19 en Nueva York. Alrededor de 19.000 neoyorquinos han fallecido a causa de la enfermedad, y más de un cuarto de millón han dado positivo a las pruebas de diagnóstico, aunque la verdadera tasa de contagio seguramente sea mucho mayor, debido a la grave escasez de recursos para realizar dichas pruebas.

Mientras tanto, decenas de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes condujeron sus automóviles por Times Square en el distrito de Manhattan, prácticamente vacío, haciendo sonar sus bocinas en una protesta en la que se exigía la aprobación de prestaciones de emergencia en efectivo para trabajadores indocumentados. Hasta el momento, el gobernador Cuomo se ha negado a seguir el ejemplo del estado de California y prestar asistencia financiera a inmigrantes que no cumplían con los requisitos para los pagos de 1.200 dólares para contrarrestar la crisis del coronavirus aprobados por el Gobierno federal.

En el estado de Wisconsin, funcionarios de salud de la ciudad de Milwaukee reportan que al menos siete personas contrajeron el coronavirus en los centros de votación durante las elecciones primarias que tuvieron lugar el 7 de abril. Funcionarios estatales temen que esa cifra pueda aumentar a medida que haya más datos disponibles sobre los contagios relacionados con el día de las elecciones. Las votaciones en persona se realizaron después de que la mayoría conservadora en la Corte Suprema de Wisconsin revocara una orden emitida por el gobernador Tony Evers de retrasar las votaciones presenciales hasta principios de junio.

En el estado de Dakota del Sur, un segundo trabajador de una enorme planta procesadora de carne de cerdo perteneciente a la compañía Smithfield Foods murió de COVID-19. Al menos 761 casos de coronavirus están vinculados a la planta, que cerró indefinidamente la semana pasada cuando los casos aumentaron vertiginosamente.

En el estado de Iowa, funcionarios locales instan a la gobernadora Kim Reynolds a cerrar la planta de procesamiento de carne de cerdo Tyson Foods, en la ciudad de Waterloo, ya que el origen de al menos un 90% de los casos de coronavirus registrados en el condado de Black Hawk ha podido ser rastreado a trabajadores de la planta perteneciente a Tyson Foods.

En la ciudad de Raleigh, en el estado de Carolina del Norte, se estima que 1.000 personas desobedecieron las pautas de distanciamiento social el martes para realizar una manifestación en el Capitolio estatal y exigir el levantamiento de las órdenes de quedarse en casa. Los manifestantes portaron carteles con consignas antivacunas y solicitaron el despido del principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. Cientos de personas más se congregaron en la ciudad de Jefferson City, en el estado de Misuri, para realizar una protesta similar.

Las recientes protestas contra las medidas de confinamiento impuestas fueron organizadas por el grupo activista conservador y libertario FreedomWorks y por la organización política Tea Party Patriots, respaldados por el conglomerado de empresas Koch Industries, así como por el grupo de extrema derecha Minnesota Gun Rights y por una red conservadora vinculada a la familia de la secretaria de Educación, Betsy DeVos.

El martes, el fiscal general, William Barr, sostuvo que el Departamento de Justicia estadounidense podría emprender acciones legales contra los gobernadores que continúan ordenando a los residentes que permanezcan en sus casas durante la pandemia.

En las inmediaciones de la Casa Blanca, decenas de miembros de personal de enfermería realizaron una protesta y una vigilia el martes y leyeron los nombres de 50 trabajadores de la salud que fallecieron tras ser contagiados de coronavirus en sus lugares de trabajo.

Enfermera manifestante: “Larrice Anderson, de Nueva Orleans, Luisiana. Divina Accad, de Detroit, Michigan. John Abruzzo, de Long Island, Nueva York”.

La protesta fue organizada por la organización sindical National Nurses United, que demanda que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional exija que los empleadores proporcionen equipos de protección personal adecuados para los trabajadores de la salud.

Rachel: “Yo ayudaría a cualquier persona hasta que no pudiera hacerlo, pero no puedo ayudar a nadie si estoy muerta o enferma”.

La semana pasada, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades reportaron que 9.200 trabajadores de la salud dieron positivo por COVID-19, aunque la agencia gubernamental admite que la tasa real es probablemente mucho más alta.

En el estado de California, uno de los médicos forenses del condado de Santa Clara sostuvo el martes que dos personas murieron de COVID-19 el 6 y el 17 de febrero, semanas antes de que el estado de Washington reportara la primera muerte en Estados Unidos por la enfermedad, el 28 de febrero. Los nuevos datos se suman a la evidencia de que el coronavirus circulaba en Estados Unidos mucho antes de lo que se pensaba anteriormente.

Un nuevo estudio financiado por los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos descubrió que los pacientes con coronavirus que recibieron dosis de los medicamentos hidroxicloroquina y azitromicina presentaron una tasa de mortalidad más alta que los que recibieron solo la atención estándar para la enfermedad. El martes, un panel de expertos del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas recomendó no utilizar los medicamentos, ya que aumentan el riesgo de muerte súbita cardíaca en los pacientes. Donald Trump ha promocionado repetidamente estos medicamentos como una cura milagrosa para la COVID-19. En marzo tuiteó que “tienen la posibilidad real de ser de los medicamentos más revolucionarios de la historia de la medicina”.

Mientras tanto, Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, advirtió el martes que una segunda ola de infecciones por coronavirus podría afectar a Estados Unidos el próximo invierno y podría ser aún más mortal que la primera ola, ya que coincidiría con la temporada regular de la gripe.

Cientos de empleados no se presentaron a trabajar el martes en los centros logísticos de Amazon en Estados Unidos, aduciendo estar enfermos y exigiendo licencia remunerada mientras se implementan mejores medidas de protección. Esto es lo que dijo Jordan Flowers, uno de los empleados del enorme centro logístico JFK8 de Amazon en el distrito de Staten Island, en la ciudad de Nueva York.

Jordan Flowers afirmó: “Tenemos más de 50 casos de COVID-19 en nuestras instalaciones. Estamos poniendo en riesgo nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestras familias y, lo más importante, estamos poniendo en riesgo a nuestros clientes. Necesitamos que Jeff Bezos cierre estos centros de distribución nos dé dos semanas de licencia remunerada, con pago retroactivo de las licencias no remuneradas. Necesitamos que nuestro gobernador, Cuomo, intervenga para limpiar Amazon. Estoy en mi casa huelga, no pienso volver al trabajo, no en el corto plazo”.

Donald Trump dijo el martes que emitirá una orden ejecutiva para suspender las solicitudes de residencia permanente, o tarjetas de residencia, durante los próximos 60 días.

El presidente Donald Trump dijo: “Al suspender la inmigración, daremos prioridad a los estadounidenses desempleados para solicitar empleo cuando vuelva a reactivarse [la actividad económica de] Estados Unidos. Esto es algo muy importante. Sería incorrecto e injusto que los trabajadores estadounidenses que fueron despedidos por el virus fueran reemplazados por nueva mano de obra inmigrante que llega desde el extranjero”.

Sin embargo, Trump no suspenderá las visas para trabajadores agrícolas temporales, que son esenciales para el suministro de alimentos de Estados Unidos.

En el estado de Texas, más de dos decenas de solicitantes de asilo en el centro de detención privado de Prairieland, cerca de Dallas, dieron positivo por COVID-19.

En el estado de Arizona, los solicitantes de asilo recluidos en el Centro Correccional de La Palma, cerca de la ciudad de Phoenix, están recibiendo formularios de exención de responsabilidades que les entrega CoreCivic, la empresa privada que administra la prisión, que eximen de responsabilidad a la compañía en caso de que los inmigrantes recluidos contraigan COVID-19. A cambio, CoreCivic dará a los reclusos un solo tapabocas para usar indefinidamente. Los formularios, redactados en español, dicen en una parte: “Entiendo y acepto que debo completar y firmar este formulario para usar un tapabocas en las instalaciones de CoreCivic”.

En el estado de Michigan, el recluso de 60 años William Garrison murió tras contraer COVID-19 el 13 de abril, pocos días antes de ser puesto en libertad condicional ya que su edad lo hacía vulnerable al coronavirus. Garrison pasó 44 años en prisión tras ser declarado culpable de asesinato cuando tenía 16 años.

En el estado de Ohio, más de 1.800 reclusos y más de 100 empleados penitenciarios han dado positivo por COVID-19 en la Institución Correccional de Marion. Dicha prisión se ha convertido en el principal foco de coronavirus del país.

En el estado de Arkansas, el gobernador Asa Hutchinson anunció el martes que casi el 40% de los casos de coronavirus del estado se concentran en la prisión de máxima seguridad de Cummins, donde unos 850 reclusos dieron positivo por coronavirus.

En el sur de Grecia, 148 solicitantes de asilo dieron positivo por COVID-19 en un hotel convertido en un centro de cuarentena para migrantes. La mayoría de los contagiados son madres y padres solteros provenientes de la República Democrática del Congo y de Camerún. Esto sucede después de que surgieron otros dos brotes de coronavirus en campamentos para migrantes atestados cerca de la ciudad de Atenas.

Las autoridades mexicanas dicen que el país ha entrado en su etapa más severa en la propagación del coronavirus, a lo que se refieren como Fase 3, a medida que aumentan los casos, con un número de muertes que supera las 800. Mientras tanto, cientos de trabajadores de fábricas en Ciudad Juárez protestaron el lunes exigiendo el cierre de las plantas de ensamblaje maquiladoras a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

Un manifestante afirmó: “Dicen que estamos en cuarentena y, por la cuarentena, se supone que tiene que estar uno en su casa, y la maquila no ha cerrado, porque se supone que esta maquila es esencial, como que la gente ahora está muy loca por comprar un refri, una estufa o una lavadora. Eso es muy importante. Claro que no. Ahora lo más importante es estar resguardados en las casas. Tenemos hijos y estamos arriesgando a nuestros hijos al venir a trabajar”.

Funcionarios del estado de Chihuahua dicen que las muertes por COVID-19 han aumentado casi seis veces en diez días en Ciudad Juárez. Al menos 13 de esas muertes fueron de empleados que trabajaban en maquiladoras de compañías estadounidenses. Mientras tanto, el Pentágono estadounidense está instando a México a reabrir fábricas que fueron cerradas en medio de la pandemia, ya que muchos fabricantes estadounidenses de armas dependen de la mano de obra mexicana.

El presidente Donald Trump prometió el martes un rescate financiero a los productores de combustibles fósiles de Estados Unidos, luego de que un colapso sin precedentes en los mercados de petróleo llevara a el precio de barril de referencia del crudo a cifras negativas, lo que significa que algunos comerciantes estaban pagando a sus clientes para que se llevaran el petróleo. El martes, Trump tuiteó: “Nunca defraudaremos a la gran industria de petróleo y gas de Estados Unidos”. “He dado instrucciones al secretario de Energía y al secretario del Tesoro para que elaboren un plan que ponga a disposición fondos para que estas empresas y empleos tan importantes tengan un futuro asegurado”.

En respuesta, la periodista y activista Naomi Klein escribió “Los demócratas deben responder con un plan radical para cubrir la totalidad de los salarios de los trabajadores del sector de los combustibles fósiles mientras se capacitan para hacer una transición hacia una economía limpia, [libre de combustibles fósiles]. Es hora de acabar con esta industria abusiva que siempre ha dependido de enormes subsidios públicos”.

Esta semana, la Universidad de Oxford aprobó una resolución que exige que su fondo de dotación desinvierta en las compañías de combustibles fósiles. En Harvard, el rector Larry Bacow dijo el martes que su universidad traspasaría su fondo de dotación que asciende a un monto de 41.000 millones de dólares a inversiones neutras en carbono para el año 2050. El grupo de estudiantes Divest Harvard calificó la medida de “insuficiente”, y escribieron en una declaración: “Al evadir la desinversión, Harvard está una vez más apoyando a las compañías de combustibles fósiles y en contra del futuro de sus estudiantes”. Visite democracynow.org/es para ver nuestra conversación con el ambientalista Bill McKibben, fundador de la organización ecologista internacional 350.org, y con el ex director de Greenpeace Kumi Naidoo, en el 50 aniversario del Día de la Tierra.

Irán dijo el miércoles que puso en órbita su primer satélite militar, luego de que fracasaran una serie de intentos de lanzamiento el año pasado. Irán ha acusado durante mucho tiempo a Estados Unidos de llevar a cabo un programa encubierto de sabotaje contra la cadena de suministro de su programa aeroespacial, y el año pasado Donald Trump pareció confirmar el programa en un tuit en el que se burlaba de Irán luego de una misteriosa explosión en un centro de lanzamiento de cohetes iraní.