Titulares24 de marzo de 2021

En Estados Unidos, crecen los pedidos para promulgar rápidamente una reforma significativa de control de armas después de que se produjera un segundo trágico tiroteo masivo en menos de una semana. Ya se ha determinado la identidad de las diez víctimas de la masacre que ocurrió en un supermercado King Soopers en la ciudad de Boulder, en el estado de Colorado, y sus nombres son: Denny Stong, Neven Stanisic, Rikki Olds, Tralona Bartkowiak, Suzanne Fountain, Teri Leiker, Kevin Mahoney, Lynn Murray, Jody Waters y el oficial Eric Talley, quien fue uno de los policías que intervino en el tiroteo.

El sospechoso, Ahmad Al Aliwi Alissa, de 21 años, ha sido acusado de diez cargos de homicidio en primer grado y un cargo de intento de asesinato. La policía declaró que Alissa compró una pistola AR-556 menos de una semana antes de llevar a cabo la masacre del lunes. Sus familiares argumentan que creen que Alissa sufría de enfermedades mentales, incluida paranoia grave.

El martes, el presidente Biden le pidió al Congreso que aprobara nuevas restricciones a las leyes para el control de armas.

Presidente Joe Biden: “No voy a esperar ni un minuto más, mucho menos una hora más, para tomar medidas sensatas que salvarán vidas en el futuro y para instar a mis colegas en la Cámara de Representantes y el Senado a actuar. Podemos volver a prohibir las armas de asalto y los cargadores de municiones de alta capacidad en este país”.

La Casa Blanca también anunció que se estaba considerando aprobar una orden ejecutiva sobre el control de armas. Asimismo, el Comité Judicial del Senado celebró una audiencia sobre la reducción de la violencia con armas de fuego. Estas fueron las palabras expresadas por el senador demócrata del estado de Connecticut Richard Blumenthal.

Senador Richard Blumenthal: “La inacción ha hecho que estos actos de terror sean completamente predecibles. La inacción de este Congreso nos convierte en cómplices. Este es el momento de actuar para conmemorar a estas víctimas”.

Los tiroteos masivos que ocurrieron en las ciudades de Atlanta y Boulder también están intensificando los llamados para que los demócratas pongan fin a la regla de obstruccionismo legislativo, ya que se anticipa que los republicanos bloquearán la aprobación de cualquier reforma considerable sobre el control de armas.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la mayoría de las regiones del mundo están presenciando un aumento en los casos de COVID-19. El sudeste asiático registró la mayor proporción de casos nuevos, los cuales se han disparado en casi un 50% durante la última semana. Filipinas registró un récord de más de 8.000 casos diarios de COVID-19 esta semana, al tiempo que la capacidad de algunos hospitales llega a su límite. El actual incremento de casos ha conducido al aumento de las restricciones para frenar la propagación del virus en la extensa región metropolitana de la ciudad de Manila. Gran parte de Filipinas ha estado bajo el confinamiento más prolongado y estricto del mundo, mientras muchos de los residentes pasan hambre y se enfrentan a la pérdida de ingresos. Grupos de defensa de los derechos humanos también advierten que el presidente autoritario Rodrigo Duterte está utilizando las restricciones impuestas para contener el coronavirus a fin de consolidar aún más su poder.

En Brasil, las muertes por COVID-19 continúan en aumento y superaron la cifra récord de 3.200 fallecidos el martes. Brasil es el segundo país con la mayor cantidad total de contagios y muertes por coronavirus en el mundo, superado solo por Estados Unidos.

En Israel, los primeros recuentos de votos revelan que el partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu lleva la delantera, pero no logra alcanzar la mayoría parlamentaria requerida para formar un nuevo Gobierno, lo que lo obligaría a apelar a otros dirigentes de derecha, y posiblemente a un pequeño partido árabe, con la esperanza de formar una coalición. De lo contrario, Israel podría encaminarse hacia una quinta elección para determinar quién será el próximo líder del país.

En Birmania, una niña de siete años falleció a causa de los disparos de las fuerzas de seguridad y pasó a ser la víctima más joven conocida de la represión mortal contra las manifestaciones desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero. Según se informa, su padre fue víctima de un ataque perpetrado por las fuerzas de seguridad, y la niña murió en su casa, sentada sobre su regazo. La organización Save the Children dice que más de 20 menores han muerto debido a la ofensiva contra los manifestantes. Los manifestantes iniciaron este miércoles una “huelga silenciosa” en un intento por interrumpir las actividades en pueblos y ciudades de todo el país. El lunes, la Unión Europea y Estados Unidos impusieron sanciones a personas y grupos vinculados al golpe de Estado. Algunos grupos de defensa de los derechos humanos sostienen que las sanciones no son lo suficientemente estrictas y que deberían afectar todos los intereses económicos de la junta militar.

En Etiopía, el primer ministro Abiy Ahmed ha admitido por primera vez que soldados eritreos cruzaron a la región norteña de Tigray y participaron en el sangriento conflicto que estalló en noviembre. Se han hecho públicos relatos desgarradores de testigos que han visto a soldados eritreos matar a hombres y niños de Tigray y cometer actos de violencia sexual, incluso contra personas desplazadas. Naciones Unidas ha dicho que varias de las partes involucradas pueden haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad desde el comienzo del conflicto.

En Mozambique, Naciones Unidas advierte que hasta un millón de personas podrían ser desplazadas para el mes de junio en medio de una escalada de violencia en la provincia norteña de Cabo Delgado. Unas 2.000 personas han muerto desde 2017, cuando combatientes aliados del grupo Estado Islámico iniciaron una insurgencia antigubernamental. Este mes, el Gobierno de Biden declaró que los insurgentes constituyen una “organización terrorista extranjera” y envió Boinas Verdes estadounidenses a Mozambique para entrenar soldados en contrainsurgencia. Amnistía Internacional declaró en un nuevo informe publicado en marzo que todas las partes involucradas en el conflicto han cometido crímenes de guerra, incluidos los insurgentes y las fuerzas gubernamentales.

En Yemen, un nuevo estudio de la organización Save the Children ha revelado que los menores de edad representaron al menos una cuarta parte de los civiles que fallecieron en la guerra liderada por Arabia Saudí y respaldada por Estados Unidos entre 2018 y 2020. La agrupación sostiene que al menos 2.300 menores fallecieron durante ese período, aunque es probable que la cifra real de muertes sea mucho mayor. A principios de marzo, el Programa Mundial de Alimentos advirtió que Yemen se encamina hacia la mayor hambruna en la historia moderna y pronostica que alrededor de 400.000 yemeníes menores de cinco años podrían morir de desnutrición aguda en 2021 mientras continúan la guerra y el bloqueo saudíes.

En Australia, al menos dos personas han muerto y más de 40.000 han sido evacuadas de la ciudad de Sydney y otras partes del estado de Nueva Gales del Sur después de que la región fuera azotada por niveles récord de precipitaciones, que provocaron inundaciones históricas. Los científicos advierten que los patrones climáticos extremos y mortales se están convirtiendo en la “nueva normalidad” de Australia al tiempo que se agrava el calentamiento global.

En Honduras, fue asesinado otro activista medioambiental de la comunidad indígena Lenca. Según se informa, Juan Carlos Cerros Escalante, de 41 años, quien luchaba contra una represa hidroeléctrica en el noroeste de Honduras, fue asesinado a tiros frente a sus hijos. Al menos doce activistas medioambientales y defensores de la tierra y del agua fueron asesinados en Honduras en 2020. La violencia se ha disparado en el país desde el golpe de Estado de 2009 respaldado por Estados Unidos y también durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, un aliado clave de Estados Unidos.

En el estado de Texas, dos líderes indígenas, que se vieron obligados a huir de Guatemala en 2019, denuncian la continua violencia contra los defensores indígenas de la tierra y del agua y exigen justicia para líderes asesinados y prisioneros políticos indígenas en su país. Gaspar Cobo y Francisco Chávez están solicitando asilo en Estados Unidos. Cobo y Chávez estuvieron varados en la ciudad fronteriza de Juárez durante más de un año debido a la política del Gobierno de Trump de “Permanecer en México” y finalmente se les permitió ingresar a Estados Unidos después de que recibieron amenazas de muerte de un cartel de drogas de la región. Los dos fueron liberados recientemente de una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad de El Paso, en el estado de Texas, y hablaron en una conferencia de prensa virtual.

Gaspar Cobo: “Nosotros no estamos aquí porque estamos en busca de mejores oportunidades de vida, sino que estamos aquí obligatoriamente porque fuimos expulsados. Las mejores oportunidades deben de estar en nuestras comunidades, deben de estar en Guatemala, están en Guatemala, pero lastimosamente nosotros no tenemos la oportunidad de vivir allí, porque nosotros vivimos en un Estado fallido”.

Chávez es un sobreviviente de una masacre de 1982 orquestada por oficiales del Ejército guatemalteco respaldados por Estados Unidos, además de haber sido un testigo presencial clave en el caso de genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Cobo ha abogado durante mucho tiempo por los sobrevivientes del genocidio.

En la ciudad de Mineápolis, ya se ha seleccionado un jurado para el juicio del ex oficial de policía Derek Chauvin, quien mató a George Floyd el 25 de mayo de 2020 arrodillándose sobre su cuello durante más de nueve minutos. El jurado está compuesto por una mujer negra, tres hombres negros, tres hombres blancos, seis mujeres blancas y dos mujeres que se identifican como multirraciales. Las declaraciones de apertura están programadas para el próximo lunes.

En Nueva York, más de 3.000 asistentes de investigación y de cátedra de la Universidad de Columbia continúan con el décimo día de paro para exigir salarios justos y mejoras en los beneficios de atención médica y cuidado infantil. Los trabajadores también piden la mediación de terceros en casos de acoso y discriminación. Democracy Now! habló con algunos de los huelguistas.

Kevin: “Creo que a Columbia le gusta que la gente tenga la impresión de que quien imparte y elabora todos los cursos de esta universidad es un distinguido profesor titular de traje que ya lleva 40 años trabajando en la institución. Pero, en realidad, esta institución no funcionaría sin los estudiantes de posgrados. Reconocer nuestro sindicato significa admitir esto, que es lo que queremos”.

Yasemin: “Estamos en una institución de once mil millones de dólares. El presidente de esta institución recibe un salario de 4,6 millones de dólares. Y la mayoría de los que hacemos el trabajo diario de esta universidad y hacemos que su misión sea una realidad no podemos pagar el alquiler”.

El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Vivek Murthy como director general de Salud Pública, la misma función que desempeñó durante la presidencia de Obama. Murthy fue asesor de Biden sobre el coronavirus durante su campaña política y el proceso de transición presidencial. El Senado también confirmó a Shalanda Young como subdirectora de la Oficina de Administración y Presupuesto. Young, quien fue directora de personal del Partido Demócrata del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, era la candidata de preferencia de muchos demócratas poderosos para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto, después de que Neera Tanden retirara su nominación a principios de marzo.

Las senadoras demócratas Tammy Duckworth, del estado de Illinois, y Mazie Hirono, del estado de Hawái, se retractaron en su amenaza de bloquear las próximas votaciones sobre los nominados de Biden que no sean personas de color en protesta por la falta de estadounidenses de origen asiático en altos cargos. Las senadoras dijeron que la Casa Blanca les prometió el martes por la noche que crearía un puesto de alto nivel para crear un enlace con la comunidad asiáticoestadounidense e isleña del Pacífico.

Activistas piden la liberación del defensor del agua de la tribu Standing Rock Steve Martínez, quien ha estado tras las rejas durante más de tres semanas por cargos de desacato. Martínez se negó a dar su testimonio ante un gran jurado federal sobre las lesiones graves que la defensora del agua Sophia Wilansky sufrió en el brazo durante una represión policial de unas manifestaciones contra oleoductos en 2016. Martínez dice que los fiscales están tratando de culpar a los defensores del agua por las lesiones de Wilansky, que fueron provocadas por las fuerzas del orden.

En el estado de Illinois, el Concejo Municipal de la ciudad de Evanston acordó pagar a los residentes afroestadounidenses indemnizaciones por la discriminación histórica que han sufrido en cuanto a la vivienda, lo que la convierte en la primera ciudad de Estados Unidos en adoptar una medida de este tipo. La ciudad distribuirá unos 400.000 dólares a un máximo de 16 familias para que puedan cubrir costos relacionados con la vivienda. El dinero proviene principalmente de un fondo de diez millones de dólares de ingresos por impuestos a la industria de la marihuana. Estas fueron las palabras expresadas por Delois Robinson, cuya familia se vio perjudicada por la práctica racista de segregación urbana conocida como “redlining” en Evanston.

Delois Robinson: “Esta situación tiene un impacto en tu autoestima. Y entonces, uno se cuestiona: ¿Tengo el valor necesario como para poder defenderme sola y decir 'No, yo quiero tener una propiedad aquí' o 'No respetaré la segregación urbana'?”.

En noticias relacionadas, a principios de marzo, sacerdotes jesuitas católicos prometieron recaudar 100 millones de dólares para indemnizar a descendientes de personas esclavizadas.