Este lunes, Estados Unidos y Rusia intercambiaron acusaciones en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la crisis en Ucrania. Estados Unidos acusó a Rusia de estar preparándose para una invasión de Ucrania al desplegar 100.000 militares a lo largo de su frontera con el país vecino. Rusia rechazó la acusación, alegando que Estados Unidos y la OTAN son quienes están tratando de empujar a Rusia a una guerra. Estas fueron las palabras expresadas por el embajador de Rusia ante la ONU.
Vasily Nebenzya: “Nuestros colegas de Occidente están hablando de la necesidad de una desescalada; sin embargo, ellos mismos están avivando las tensiones y su retórica, eso está provocando una escalada [de la crisis]. Las conversaciones sobre una amenaza de guerra son provocativas en sí mismas. Es como si estuvieran pidiendo que haya una guerra, quieren llegar a ese punto”.
La semana pasada el presidente Biden puso a 8.500 militares estadounidenses en alerta máxima para un potencial despliegue militar en la región. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN también están enviando armas a Ucrania.
En el frente diplomático, el secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, hablará este martes por teléfono con su homólogo ruso, Sergei Lavrov.
En Washington, los senadores estadounidenses se preparan para presentar un proyecto de ley que impondría duras sanciones contra Putin, los bancos rusos y otras entidades del país. El senador Robert Menéndez calificó a esta iniciativa de ley como “la madre de todas las sanciones”. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre la crisis en relación con Ucrania.
Las autoridades chinas afirman que han identificado más de 200 casos de coronavirus entre atletas y miembros del personal involucrado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, mientras China continúa intentando mantener su estrategia de ”COVID cero” a pocos días de la ceremonia inaugural del evento deportivo que se llevará a cabo este viernes. Durante el fin de semana, las autoridades acordonaron varias áreas residenciales de Pekín donde se detectaron dos casos de transmisión comunitaria de la COVID-19.
El número de casos diarios de coronavirus en Estados Unidos continúa disminuyendo rápidamente desde el pico de contagios registrado a mediados de enero en el país, pero dicho número sigue siendo más alto que en cualquier otro momento de la pandemia. Más de 2.500 personas fallecen por COVID-19 cada día, mientras el número oficial de muertes por la enfermedad está en camino de superar las 900.000 a mediados de febrero.
La farmacéutica Pfizer solicitará una autorización de uso de emergencia para que su vacuna contra el coronavirus pueda ser administrada a niños de entre seis meses y cinco años de edad. El periódico The Washington Post divulgó la noticia e informó que la solicitud de la empresa Pfizer y de su socia BioNTech podría realizarse mucho antes de lo esperado y que la decisión de los organismos reguladores podría conocerse a fines de febrero.
Mientras tanto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) concedió la autorización total de la vacuna contra la COVID-19 fabricada por Moderna para las personas mayores de 18 años. Es la segunda vacuna contra el coronavirus que obtiene la completa aprobación de la FDA, después de que la vacuna de ARN mensajero de Pfizer obtuviera la autorización total en agosto de 2021.
El periódico The New York Times informa que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó a su abogado Rudy Giuliani que le preguntara al Departamento de Seguridad Nacional si podía tomar el control de las máquinas de votación de forma legal en los estados clave en los que fue derrotado por Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El periódico citó tres fuentes anónimas que dijeron que Trump también analizó propuestas para que otras dos agencias gubernamentales, el Pentágono y el Departamento de Justicia, incautaran las máquinas de votación con el intento de revertir su derrota electoral y revocar los resultados de las elecciones.
Por su parte, el periódico The Washington Post informa que algunos de los documentos de la Casa Blanca entregados por los Archivos Nacionales al comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección del 6 de enero fueron destruidos por Trump y ensamblados luego con cinta adhesiva. Según se informa, Trump tenía la costumbre de romper los registros presidenciales en pedazos y tirarlos al suelo, una práctica que infringía la Ley de Registros Presidenciales.
La cadena de noticias CNN informa que el jefe de gabinete del exvicepresidente Mike Pence, Marc Short, testificó de manera discreta la semana pasada ante el comité selecto que investiga los hechos del 6 de enero.
En el estado de Georgia, la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, pidió al FBI que proporcione seguridad tras el discurso que Trump pronunció en un acto político que se llevó a cabo el fin de semana pasado. En dicho discurso Trump les dijo a sus partidarios que pusieran a los fiscales que lo están investigando en la mira y los acusó de ser “radicales, viciosos y racistas”. La semana pasada, un tribunal aprobó una solicitud de Willis para convocar a un gran jurado especial a fin de investigar los intentos de Trump para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La fiscal Willis es afroestadounidense.
El gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, criticó este lunes a las personas que lo instaron a condenar una serie de manifestaciones nazis que se llevaron a cabo durante el fin de semana cerca de la ciudad de Orlando. DeSantis acusó a los demócratas de tratar de difamarlo, “como si tuviera algo que ver con eso”. El gobernador hizo estos comentarios después de que su secretaria de prensa, Christina Pushaw, borrara un tuit que sugería que los manifestantes no eran realmente nazis y que eran demócratas que se hacían pasar por tales.
Mientras tanto, la policía de la ciudad de Chicago arrestó a un sospechoso por una serie de aparentes delitos de odio contra la comunidad judía. Las vidrieras de dos negocios de Chicago, propiedad de personas judías, fueron destrozadas este sábado, mientras que el domingo una sinagoga y una escuela judía fueron vandalizadas con imágenes de la esvástica y grafitis antisemitas.
La organización Amnistía Internacional ha publicado un nuevo informe en el que acusa a Israel de cometer “el crimen del apartheid contra los palestinos”. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, dijo el martes a los periodistas en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental que el trato de Israel hacia los palestinos constituye un sistema cruel de dominación y un crimen contra la humanidad.
Agnès Callamard: “Instamos a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes respecto a los crímenes [contra] la humanidad que [Israel] está cometiendo para mantener el sistema de apartheid”.
Autoridades israelíes habían exigido a Amnistía Internacional que no publicara el informe, calificando sus hallazgos de “falsos, tendenciosos y antisemitas”.
Tres oficiales de las fuerzas armadas israelíes están siendo sancionados por su participación en la muerte de un estadounidense de origen palestino de 78 años en Cisjordania ocurrida en enero pasado. Dos de los militares fueron destituidos de sus cargos y el tercero será censurado formalmente. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido acusado penalmente. Omar Assad fue detenido en un control de seguridad mientras conducía de retorno a su casa. Murió de un ataque al corazón inducido por el estrés luego de que los oficiales israelíes lo amordazaran, lo esposaran y lo dejaran a la intemperie en un sitio de construcción.
En noticias de inmigración, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó este lunes que enviará a Colombia a los solicitantes de asilo venezolanos que fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México si anteriormente dichas personas vivieron en ese país sudamericano. El Gobierno de Biden ya había comenzado discretamente a devolver a los solicitante de asilo venezolanos a Colombia, utilizado una disposición prevista en el Título 42 del Código de Regulaciones Federales, que fue invocada por el Gobierno de Trump para permitir que las autoridades de inmigración expulsen a solicitantes de asilo sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia.
En México, el periodista Roberto Toledo fue asesinado este lunes en el estado de Michoacán y se convierte así en el cuarto trabajador de los medios de comunicación asesinado en México en lo que va de 2022. Toledo trabajaba para el medio local Monitor Michoacán. El director de dicho medio denunció el asesinato de Toledo en un video subido a las redes sociales y dijo que su equipo había recibido varias amenazas de muerte.
Armando Linares: “Hoy finalmente las amenazas se cumplen. Uno de nuestros compañeros perdió la vida a manos de tres personas que llegaron y le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados. Nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma”.
Haga clic aquí para ver nuestro reportaje sobre los asesinatos de periodistas en México.
Los miembros del Gobierno militar de Birmania han extendido el estado de emergencia en el país por otros seis meses. El anuncio del lunes se produjo justo antes del primer aniversario del golpe de Estado del 1 de febrero que depuso a la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, que había sido elegida democráticamente. Las autoridades militares birmanas han amenazado con presentar cargos de sedición y terrorismo contra las empresas que se unan hoy a una “huelga silenciosa” para protestar contra la dictadura militar. Mientras tanto, se informa que algunas protestas dispersas se llevaron a cabo en la capital del país, Rangún. Funcionarios de derechos humanos de la ONU informan que al menos 1.500 personas murieron durante las protestas que siguieron al golpe.
En Brasil, más de una docena de personas, incluidos siete menores, han muerto en el estado de São Paulo desde el viernes tras los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocados por las lluvias torrenciales. Unas 500 familias perdieron sus viviendas.
Mientras tanto, en Ecuador, al menos once personas murieron y varias resultaron heridas tras las intensas lluvias del lunes que marcaron un récord de precipitación en el país y que causaron inundaciones que arrastraron automóviles, lodo, escombros y troncos de árboles.
El Gobierno de Biden anunció este lunes que restablecerá una normativa que limita las emisiones tóxicas de mercurio y otros contaminantes de centrales eléctricas de carbón y petróleo. La medida revierte las normas ambientales más flexibles impuestas por el presidente Trump en abril de 2020.
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que una empresa de servicios públicos del estado de Arizona puede ser considerada responsable de infringir las leyes antimonopolio por cobrarles a los clientes tarifas de electricidad más altas si estos optaban por instalar paneles solares en los techos de sus viviendas. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito halló evidencia que concluye que la empresa de servicios públicos Salt River Project estructuró sus tarifas para boicotear ilegalmente la capacidad de competir de los proveedores de energía solar. Algunos clientes de Salt River Project en Phoenix vieron cómo sus tarifas de electricidad aumentaron más del 60% después de instalar paneles solares en sus hogares.
En noticias laborales, el sindicato Workers United afirma que trabajadores de otros 16 locales de Starbucks en Estados Unidos presentaron este lunes peticiones ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, solicitando votaciones sobre la representación sindical. Ya son 54 los establecimientos de Starbucks que han solicitado sindicalizarse en 19 estados del país. En diciembre de 2021, los empleados de un local de Starbucks de la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York, votaron a favor de crear el primer sindicato de la cadena de cafeterías, que tiene unos 9.000 establecimientos en Estados Unidos.
En Estados Unidos, en California, un legislador estatal demócrata canceló este lunes una votación sobre un sistema de atención médica universal de pagador único, momentos antes de que la Asamblea Estatal de California abordara el proyecto de ley. La Ley de Atención Médica Garantizada para Todos de California (California Guaranteed Healthcare for All Act, en inglés), también conocida como A. B. 1400, no logró obtener la cantidad suficiente de apoyo de los demócratas, a pesar de que el partido tiene una mayoría suficiente para evitar un posible veto en la legislatura estatal. Los miembros del sector progresista del Partido Demócrata han prometido luchar para llevar el proyecto de ley a votación en la próxima sesión legislativa. El Bloque Progresista del Partido Demócrata de California expresó al respecto: “La atención médica es un derecho humano y, en medio de una pandemia mundial, nuestra gran mayoría demócrata mostró cuáles son sus verdaderos colores y cómo prioriza las ganancias de la industria de la atención médica por encima de las necesidades de sus electores”.
En el estado de Georgia, una jueza federal rechazó los acuerdos de culpabilidad entre los fiscales federales y dos de los tres hombres blancos condenados por asesinar a Ahmaud Arbery. Los acuerdos habrían permitido a Gregory y Travis McMichael cumplir los primeros 30 años de su cadena perpetua en una prisión federal en lugar de en una prisión estatal y evitar un juicio federal en su contra previsto para la próxima semana. El padre de Ahmaud Arbery, Marcus Arbery, criticó el lunes los acuerdos de culpabilidad y dijo que los tres asesinos de su hijo deberían enfrentar cargos federales por delitos de odio.
Marcus Arbery: “Queremos 100% de justicia, no justicia a medias, porque si [los acusados] hubieran sido afroestadounidenses, habrían tratado de matarlos en el acto”.