La energía solar trae esperanza a los migrantes haitianos que trabajan en condiciones de “esclavitud moderna” en plantaciones azucareras de República Dominicana

AMY GOODMAN: Esto es Democracy Now! Democracynow.org. El informativo de guerra y paz. Soy Amy Goodman con Juan González.

Pasamos ahora a analizar República Dominicana y la difícil situación de los trabajadores de las plantaciones de azúcar, incluidos muchos migrantes haitianos que viven en pésimas condiciones. El año pasado, el Gobierno de Biden prohibió las importaciones de azúcar de una de las principales compañías azucareras dominicanas, Central Romana, que vende sus productos en Estados Unidos bajo la marca Domino. En ese momento, el Gobierno de Estados Unidos dijo que habían “indicadores de trabajo forzoso”, y uno de sus funcionarios denunció las prácticas de la compañía clasificándolas de “inhumanas”.

Muchos migrantes haitianos trabajan de 12 a 14 horas por menos de dos dólares al día mientras viven en comunidades conocidas como bateyes, algunas de las cuales no tienen agua corriente ni electricidad. El grupo ambientalista puertorriqueño Casa Pueblo ha estado tratando de mejorar las condiciones de vida mediante la instalación de paneles solares en algunas de estas comunidades.

El corresponsal de Democracy Now!, Juan Carlos Dávila, viajó recientemente a República Dominicana para hablar con los residentes de estas comunidades mientras se instalaban los paneles solares. Estas son algunas de sus voces.

EPIFANIA ST. CHALS: Mi nombre es Epifania St. Chals. Soy dominicana de ascendencia haitiana. Soy coordinadora del Movimiento Reconoci.do aquí en la zona del Seibo. En los años pasados, esos Gobiernos hacían un acuerdo laboral con el vecino país haitiano, entonces esos acuerdos laborales que hacían pues hacían una contrataciones con varios braceros o varios cañeros que venían a República Dominicana a dedicarse al corte y cultivo de caña.

El Estado vio que la mano de obra barata de los braceros haitianos era importante para la población dominicana y la economía dominicana [y] pues fue dejando, fue construyendo bateyes. Por muchos años, las centrales azucareras se han empoderado de la mano de obra barata y a su vez llevando estos trabajadores a una esclavitud semimoderna.

Si a la central azucarera le hubiese interesado tener una proyección de vida y de dignidad para estos trabajadores, hubiese pensado desde hace muchos años mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Por qué? Los trabajadores que viven dentro de los bateyes son la materia prima de la empresa. Ya tú ves la muestra de que esos bateyes han vivido por más de 100 años sin energía eléctrica, en pleno siglo XXI. O sea, es como llevar a esta población desprovista a ser más vulnerable de lo que es.

Casa Pueblo, afortunadamente y gracias a Dios, nos da una buena visita y estrategias de implementar un proceso de proyectos solares en los bateyes de República Dominicana, principalmente del este, estamos instalando en Batey 50 y Batey Brador.

El Gobierno local realmente no tiene el interés de mejorar la calidad de vida de estas personas, porque existen muchos factores. Realmente no le interesa que esta población se eduque para ellos seguir manejándola a su acomodo. La empresa es lo que es por los cortadores y braceros que dan sus manos, que dan su fuerza, que dan su sudor en los campos de caña.

ARTURO MASSOL-DEYÁ: Lo que estamos presentando hoy es cómo podemos cambiar esta realidad. Y lo hemos hecho sin políticos de Puerto Rico, lo hemos hecho sin políticos dominicanos. Y aquí estamos en la afirmación de un modelo energético de generación propia.

YONNY RENÉ: Mi nombre es Yonny René. Pertenezco a Reconoci.do, y actualmente, bueno… Mis padres son haitianos, vienen de Haití, pican la caña y como siempre es en República Dominicana, les buscan los lugares apartados. Todos los que trabajan acá, los que están aquí, trabajan directamente para Central Romana. El trato de los trabajadores de la caña aquí es vulnerable, se les cobran pensión y esas pensiones no se las entregan cuando enferman, ya llegan a los 60, 70 años y tienen que seguir cortando la caña porque no pueden gozar de una pensión a pesar de que se las cobran.

No tienen un derecho a la salud plena, aparte de que les cobran la pensión, no pueden gozar de un servicio de salud público porque entonces no es el mismo trato o no los reciben, los sacan de los hospitales.

JONATHAN CASTILLO: El declive del techo era opuesto al declive del rack, y teníamos que ponerlas apuntando hacia allá, porque el sol va a salir y nos va a correr así. Yo no podía ponerlos mirando hacia allá a favor del declive porque entonces el panel me quedaba de espalda al sol.

FRANKLYN DINOL: Bueno, mi nombre es Franklyn Dinol, soy de la comunidad de La Higuera, que pertenece al distrito municipal de Santa Lucía. Yo soy activista social, defensor de derechos humanos. Pertenezco al Movimiento Reconoci.do, que es un movimiento de dominicanos de ascendencia haitiana, que luchamos por la restitución plena de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana.

Como pueden ver, los bateyes son comunidades donde no llegan los servicios públicos, es decir, agua potable, energía eléctrica y otros servicios que son importantes.

Bueno, si estamos hablando de que es ahora con este proyecto que van a tener energía eléctrica en los bateyes, se pueden dar cuenta de lo que significa eso. La mayoría de las personas no saben cómo utilizar una computadora, por ejemplo, para hacer un trabajo. No manejan un procesador de texto. Los estudiantes de estas comunidades, al no tener acceso a una computadora o una laptop o una tablet o a un teléfono, no tienen la facilidad de acceder a un navegador para buscar información que hoy en día son imprescindibles tanto para el mundo del empleo como para estudiar. En este sentido, más que traer instalación de paneles, lo que se viene es a resolver un problema. Sin duda alguna, eso también va a enviar un mensaje tanto a las autoridades como a las empresas de que es posible resolver cosas así tan pequeñas.

AMY GOODMAN: Estas eran las voces de los trabajadores migrantes haitianos de las plantaciones de azúcar en República Dominicana. Un especial agradecimiento al corresponsal de Democracy Now! Juan Carlos Dávila por este informe. Estos trabajadores viven en comunidades que carecen de electricidad, en donde el grupo ambientalista puertorriqueño Casa Pueblo, ganador del Premio Goldman, está instalando paneles solares. Nos acompaña ahora el director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol-Deyá, quien se comunica con nosotros ahora desde San Juan, Puerto Rico, después de regresar de República Dominicana.

Es genial tenerle con nosotros, Arturo. Hable más sobre las condiciones que enfrentan estos trabajadores, las empresas para las que trabajan, como la azucarera dominicana Central Romana, que vende sus productos en Estados Unidos bajo la marca Domino, y lo que usted hizo cuando fue a República Dominicana.

ARTURO MASSOL-DEYÁ: Allá pudimos conocer a Jean Santos y a muchas personas que trabajan en estos campos del cañaveral, trabajando largos periodos de tiempo, teniendo que inclusive incluir a sus hijos en estas tareas porque tienen unos salarios de miseria. El pago no es por hora, el pago es por tonelada de caña que cortan, casi menos de cuatro dólares por tonelada; eso requiere más de un día de trabajo. No tienen agua, no tienen luz en las calles, letrinas en la parte de atrás, unas condiciones de vida de puro período esclavista. Y estas personas que se dedican allí a trabajar, que llegan como parte de un proceso de migración legal, los llevan y llevan trabajando por décadas y sus hijos y sus descendientes están allí, atrapados en esta realidad.

En el caso nuestro, decidimos incidir para transformar esa realidad, transformarla a través de propuestas alternativas que establezcan referentes de cambio. Y el derecho a la energía debe ser para todos y todas, en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Haití, en Cuba, en el mundo entero. Y eso es lo que hicimos, ir allá, instalar un sistema solar en colaboración con Reconoci.do, con el apoyo de la fundación Honnold Foundation, de Alex Honnold, para entonces poder crear un oasis comunitario donde puedan operar un freezer para poder refrigerar las carnes. Su dieta es esencialmente arroz todos los días. Ahora pueden producir su hielo, pueden refrigerar sus carnes. Tienen un área de entretenimiento colectiva para los niños, para los adultos, alumbrado en las calles para que puedan tener vida colectiva en las noches de manera más segura, recargar sus equipos de celulares y un poco mejorar las condiciones y establecer un referente de que esa realidad puede ser transformada.

Nosotros transformamos esa realidad en cuatro o cinco horas de trabajo con la comunidad misma. Así que el referente de cambio está ahí como una denuncia de que hay que atender estas injusticias mayores que sufre el pueblo haitiano y la comunidad dominicana de ascendencia haitiana.

JUAN GONZÁLEZ: Y, Arturo, ¿podría hablar un poco sobre el papel del Gobierno de República Dominicana en términos de la protección a los trabajadores migrantes? Claramente, Central Romana no sólo es un importante productor de azúcar, sino que también es el sitio de uno de los complejos turísticos más caros del Caribe, donde los turistas de Europa y Estados Unidos van a un resort de cinco estrellas.

ARTURO MASSOL-DEYÁ: Así mismo es. Es una industria lucrativa que genera gran riqueza multimillonaria y sin embargo mantiene a esta población, que es el motor de esa economía, bajo estas condiciones inaceptables. La Central Romana es la que tiene el poder económico y político sobre los gobernantes en la República Dominicana. Y al final del día, el Gobierno dominicano sigue dándole la espalda a esta población. De hecho, activa a su policía migratoria para una especie de cacería de niños, de mujeres en estado de gestación, las sacan de los hospitales, crean mucho temor, mucho miedo que lo que provoca es que la gente quiera quedarse cercanos a los bateyes y mantener esta misma realidad opresiva, porque no puede haber movilidad segura ante la ausencia de documentación.

Así que el Gobierno dominicano ha sido incapaz de transformar esta realidad, de acercarse a este asunto de migrantes haitianos en suelo dominicano de otra manera. De hecho, les quitó la ciudadanía a aquellos nacidos en la República Dominicana de manera retroactiva. Ha sido incapaz, como decía, y el embargo que se ha impuesto desde Estados Unidos a la venta de azúcar de la Central Romana, el principal protagonista de este esquema de violación de derechos humanos y de modelo de explotación laboral, no funciona. No funciona porque es simbólico, porque lo que ha ocurrido es un rearreglo en el mercado donde Central Romana, el azúcar que vendía en Estados Unidos ahora se vende en el mercado local de la República Dominicana. Y las otras corporaciones entonces cumplen con la cuota de azúcar a la economía norteamericana y al final del día se mantiene la misma problemática, la misma realidad y el mismo sufrimiento de una población que vive claramente en condiciones de esclavitud.

AMY GOODMAN: Arturo, quiero leerle parte de un artículo de The Intercept escrito por Sandy Tolan el año pasado: “En una mañana cálida y bochornosa de febrero de 2021, hombres enmascarados llegaron a una choza de madera en ruinas en un campo de trabajo en un área remota de la República Dominicana . Armados con pistolas de nueve milímetros y escopetas calibre doce y con máscaras para cubrir sus rostros, los hombres formaban parte de una fuerza de seguridad privada de uno de los mayores exportadores de azúcar a Estados Unidos. El desalojo del ‘batey Lima’ es parte de una serie de incidentes, a menudo ocurridos antes del amanecer, que involucran a la fuerza de seguridad de Central Romana, una fuerza de élite de motociclistas entrenados por colombianos, con sus identidades encubiertas. The Intercept describió desalojos similares con descripciones casi idénticas en más de 15 entrevistas durante los últimos seis meses de fuerzas de seguridad enmascaradas, vestidas con uniformes azul oscuro y armadas con escopetas y pistolas de nueve milímetros, las cuales suponen una presencia temible para los residentes locales”.

¿Puede hablar de esta fuerza y del nivel de miedo que hay entre los trabajadores de la caña de azúcar?

ARTURO MASSOL-DEYÁ: Hay un régimen de terror, de control, y cuando estuvimos allá… De hecho las instalaciones que se hicieron en el Batey Brador y en el Batey 50 son bateyes de particulares, son privados pero no pertenecen a la corporación, están en el mismo paisaje del cañaveral, las mismas realidades, pero no es de titularidad de la Central Romana. Sin embargo, en una de las instalaciones hasta allí llegaron sigilosamente algunas de estas personas que están en actos de vigilancia, de intimidación, de represión. Allí llegaron a conocer y no hubo una intervención directa con nosotros, no podían. Las instalaciones y los servicios energéticos están allí, pero sí conocemos de intenciones de sacar a la gente. Y eso ocurre porque una vez el trabajador deja de ser útil, ya no da rendimiento, cuando el trabajador muere, por ejemplo, no goza de ninguna seguridad de hogar. La familia, la mujer, sus hijos, son simplemente descartados. Tienen que irse de la propiedad para que venga un nuevo obrero a trabajar y llenar ese espacio.

Así que la manera en que mantienen esta mano de obra forzada es reemplazándola continuamente. Y este equipo paramilitar se encarga de ejecutar esas misiones de desahucio forzado para reemplazar. Es increíble, las facturas de estos trabajadores, de estos cañeros, se les quita una cuota obligada para retiro que nunca ven al final de sus carreras. Hay una cuota que se saca forzadamente de la unión, que se supone que representa a los trabajadores, pero que parece más una extensión de la corporación La Romana.

Todas esas contradicciones, todas esas medidas represivas, todos estos instrumentos para mantener el control de un trabajo evidentemente forzado, es terriblemente parte de esa realidad que lo que hace es sostener ese modelo de explotación y que no se atienda y resuelva de la manera digna y apropiada que merece esta comunidad.

AMY GOODMAN: Y Arturo, ¿cómo encaja la justicia climática en esta historia?

ARTURO MASSOL-DEYÁ: Una de las áreas impactadas con el cambio climático es la zona del Caribe. Y el derecho a la energía tiene que ser para todos y todas, para los que trabajan, para todo el país. Y en el caso de la República Dominicana, donde hay cientos de bateyes, donde estamos hablando de cerca de 200.000 personas viviendo bajo estas condiciones, el derecho a la energía como un mecanismo de mejor vivir, pero también para estar mejor preparado, enfrentar lo que estamos viviendo en el Caribe, tormentas, huracanes, huracanes fortalecidos simultáneamente, ese derecho a la energía como un acceso básico para el bienestar de la familia tiene que llegar también a los bateyes. Hay que transformar esa realidad y seguridad energética, generar energía y en estos lugares es posible.

La Central dice que los bateyes están en lugares remotos, que no pueden llevar la infraestructura energética. Lo que estamos diciendo es que eso se resuelve inmediatamente. Ellos conocen las alternativas, la Central Romana, pero le niegan el derecho a la energía a estos bateyes, a estas poblaciones, y eso hay que transformarlo. Y demostramos en hechos que las alternativas están ahí, que son viables y que las podemos, que podemos cambiar esta realidad. Hay que hacerlo, tiene que haber un sentido de urgencia nacional e internacional para apoyar a los amigos haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana.

AMY GOODMAN: ¿Puede hablarnos del efecto que tiene darles paneles solares, lo que significa que ya no financian al Gobierno ni a la fuente de electricidad corporativa? ¿Qué significa esto respecto a la descentralización del poder?

ARTURO MASSOL-DEYÁ: Es un acto de liberación. Lo que hemos hecho es liberar a estos dos bateyes del modelo anterior. El modelo anterior es que les venden hielo todos los días a estas comunidades para poder refrigerar alimentos, que tienen que pagarle al administrador, el capataz de la región, para poder tener acceso y recargar sus celulares, por ejemplo, las tabletas que utilizan los niños en la escuela. Ahora ellos están libres, hemos descentralizado, se ha resuelto el problema energético o se comenzó a transformar, a resolver. Y las personas pueden entrar a gobernar su propia energía, saber cómo utilizarla. Y tienes que ver las caras de felicidad, ya hemos recibido fotografías de los niños colectivamente alrededor del televisor que representa el cine comunitario para entretenimiento, la cantidad de hielo que están produciendo para su propio uso, las recargas de estos equipos, el alumbrado, y estos trabajadores que están diez, 12 horas, llegan a sus zonas de vida y quieren jugar dominó, necesitan algo de entretenimiento y ahora tienen focos solares que les permitan mejorar su calidad de vida.

Yo creo que esa ruta está trazada y que descentralizar la generación energética no solamente es importante para los bateyes y la República Dominicana, es lo mismo que venimos impulsando y construyendo en Puerto Rico. Descentralizar ese modelo obsoleto, unidireccional, dictatorial de estas empresas donde quieren que la gente sea consumidora de la energía que se genera con combustibles fósiles. Tenemos que romper ese modelo por uno de mayor responsabilidad planetaria, de mayor responsabilidad social, que nos libere y genere una condiciones de vida mejor para todos y todas.

AMY GOODMAN: Arturo, hablemos de Puerto Rico, donde usted se encuentra. Usted llevó energía solar a los bateyes en República Dominicana, ¿puede hablar sobre la labor que realiza en su isla, tan bañada por el sol? Tras el poderoso huracán María, los puertorriqueños sufrieron mucho cuando el sistema centralizado de energía colapsó. ¿Qué hay de la energía solar? ¿Es eso algo que el Gobierno ha impedido implementar?

ARTURO MASSOL-DEYÁ: Mira, en Puerto Rico, Casa Pueblo viene operando con energía solar desde 1999. En el 2017, cuando pasa el huracán María, como estamos generando energía en el punto del consumo en el techo, pudimos regresar a la normalidad el día después y apoyar a nuestra comunidad. La radio comunitaria nuestra, la torre de comunicaciones, opera con energía solar; hemos construido un cine solar para el tema de entretenimiento; hemos abordado el tema de seguridad alimentaria, energizando con el sol colmados, donde se ve el primer nivel de acceso a alimentos. Hemos ayudado a más de 200 familias, especialmente por razones de salud, a que puedan operar sus máquinas de diálisis, terapia respiratoria, porque es infraestructura crítica. Hemos hecho que los bomberos, emergencias médicas, dos hogares de adultos mayores, la escuela elemental, el comedor, puedan tener seguridad energética para mantener su operación aún en días difíciles.

Y esto ha sido probado, Amy, tuvimos que enfrentar el paso del huracán Fiona, un año atrás y, bueno, los bomberos en medio de la emergencia estaban recibiendo llamadas y coordinando rescates. Nelly y su hija estaban recibiendo su diálisis peritoneal porque tenían seguridad energética. La radio siguió sirviendo; dos días después del huracán están los niños yendo al cine solar; los oasis energéticos funcionando; el hogar de adultos mayores con la energía base para poder continuar su operación.

Así que la transformación de ese paisaje energético en un referente de lo que debemos estar haciendo en Puerto Rico. Es cierto, no se está impulsando de la misma manera, se ha creado una ilusión de que los fondos federales son los que van a resolver los problemas energéticos del país y eso ha creado mucha inmovilización, una falsa esperanza de que los cambios van a llegar de arriba hacia abajo, cuando hemos probado, evidenciado, que lo que está ocurriendo en Puerto Rico es una insurrección energética desde la base comunitaria para transformar ese modelo de dependencia obsoleta, de generación centralizada. Está ocurriendo en Puerto Rico y ya es un movimiento que no va a haber quien lo detenga. La transformación está ocurriendo por el esfuerzo horizontal de muchos sectores que tienen un consenso nacional de que hay que cambiar este modelo y descentralizarlo ya.

AMY GOODMAN: Arturo Massol-Deyá, muchas gracias por estar con nosotros. Director ejecutivo de Casa Pueblo en Puerto Rico que acaba de llegar a San Juan desde República Dominicana. Soy Amy Goodman con Juan González.