El Pentágono acusó a milicias respaldadas por Irán de matar a tres soldados estadounidenses y herir a otros 34 en un ataque con drones que tuvo lugar en una base militar que Estados Unidos posee en Jordania, cerca de la frontera entre Siria e Irak. El domingo, el presidente Biden se comprometió a hacer que los responsables rindan cuentas “en el momento y de la manera” que Estados Unidos elija. El ataque se produjo menos de un mes después de que el líder de una milicia respaldada por Irán muriera en un ataque con drones que Estados Unidos lanzó en la ciudad de Bagdad. Una coalición de milicias llamada Resistencia Islámica en Irak se atribuyó la responsabilidad del ataque que sufrieron las fuerzas armadas estadounidenses en Jordania. Por su parte, Irán ha negado todo tipo de participación en el hecho. En una declaración, la Resistencia Islámica en Irak dijo: “Si Estados Unidos sigue apoyando a Israel, se producirá una escalada [del conflicto]. Todos los intereses de Estados Unidos en la región son objetivos legítimos y no nos importan las amenazas de respuesta estadounidenses”. El ataque con drones fue el primer ataque fatal contra las fuerzas armadas estadounidenses en Medio Oriente desde que la organización Hamás llevó a cabo sus ataques contra Israel el 7 de octubre. Dos miembros de la fuerza especial SEAL de la Marina de Guerra de Estados Unidos murieron el 11 de enero frente a la costa de Somalia tras caer por la borda de un barco que intentaban abordar y que presuntamente transportaba armamento de fabricación iraní.
En la Franja de Gaza, los ataques israelíes se han cobrado la vida de al menos 373 palestinos desde el viernes, día en que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel tomar todas las medidas a su alcance para impedir un genocidio en el enclave palestino. En otro acontecimiento importante, Estados Unidos y al menos otros doce países suspendieron su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, o UNRWA, después de que Israel afirmara que doce empleados de la agencia participaron en los ataques que la organización Hamás llevó a cabo el 7 de octubre. La UNRWA tiene más de 13.000 empleados en la Franja de Gaza, lo que la convierte en uno de los principales empleadores del enclave palestino, y proporciona ayuda esencial a la mayoría de los 2,3 millones de residentes de Gaza. La agencia de la ONU respondió a las acusaciones de Israel despidiendo a nueve empleados. Por su parte, el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini, condenó la suspensión de la financiación en un momento en el que la hambruna es inminente en Gaza. Lazzarini dijo que “los palestinos en Gaza no necesitaban este castigo colectivo adicional” y que “esto es una mancha para todos”. El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, instó a los países a revertir su decisión de suspender la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina.
Primer Ministro Mohammad Shtayyeh: “La suspensión de la ayuda se condice con los planes israelíes de llevar a cabo la evacuación forzosa de nuestro pueblo de Gaza a Egipto. La suspensión de la ayuda se produce en el momento más difícil, cuando la Corte Internacional de Justicia ha solicitado que se provean suministros de inmediato y se envíen más suministros y ayuda internacional a Gaza. La Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina proporciona ayuda a 1,7 millones de palestinos en Gaza”.
Miles de israelíes se congregaron el domingo en la ciudad de Jerusalén para participar de una importante conferencia en la que pidieron la expulsión de los palestinos de la Franja de Gaza para poder llevar a cabo el restablecimiento de asentamientos judíos. Entre los oradores de la conferencia se encontraban el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich.
Bezalel Smotrich: “Estamos colonizando nuestra tierra a lo ancho y a lo largo, controlándola, combatiendo en todo momento el terrorismo y trayendo, con la ayuda de Dios, seguridad a todo Israel. Ustedes ya saben cuál es la respuesta. Sin asentamientos, no hay seguridad”.
Un grupo de estadounidenses de origen palestino solicitó el viernes a un tribunal federal de Estados Unidos que prohibiera al Gobierno de dicho país brindar apoyo militar, financiero y diplomático para que Israel cometa genocidio en la Franja de Gaza. Por su parte, el Gobierno de Biden pidió al tribunal que desestimara el caso, que fue presentado por el Centro para los Derechos Constitucionales de Estados Unidos. Uno de los abogados en el caso, Marc Van Der Hout, habló el viernes frente al edificio del tribunal federal de la ciudad californiana de Oakland.
Marc Van Der Hout: “Tenemos mucha esperanza. Creemos que la evidencia fue abrumadora. En realidad, el Gobierno ni siquiera cuestionó que se estuviera produciendo un genocidio. Simplemente dice: 'Juez, pase lo que pase, ya sean 20.000, 30.000, 50.000, 200.000 o 2,2 millones de personas las que finalmente mueran, usted no puede hacer nada. Nadie puede hacer nada. El presidente puede hacer lo que quiera'. ¿Y qué decimos a eso? Por supuesto que decimos que no”.
En noticias relacionadas, la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, instó al FBI a investigar a los manifestantes a favor del pueblo palestino que piden un alto el fuego en Gaza. Sin compartir ninguna evidencia, Pelosi afirmó en la cadena de noticias CNN que los manifestantes podrían tener vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin. Pelosi dijo: “Que ellos estén pidiendo un alto el fuego es el mensaje del señor Putin”.
Un jurado federal de Estados Unidos ha ordenado a Donald Trump pagar 83,3 millones de dólares a E. Jean Carroll en concepto de daños y perjuicios por haberla difamado en 2019, período en que Trump se desempeñaba como presidente de dicho país. Esto se suma a los cinco millones de dólares que, en 2023, un jurado ordenó que Trump pagara a la escritora después de concluir que el expresidente la había agredido sexualmente en la década de 1990 y luego la había difamado al acusarla de mentir al respecto. En un comunicado, Caroll dijo: “Esta es una gran victoria para cada mujer que se levanta cuando es derribada y una gran derrota para cada matón que ha tratado de mantener a una mujer en el piso”. Por su parte, Trump dijo el viernes que apelará el fallo. Mientras tanto, se espera que un juez se pronuncie esta semana en relación a una causa civil por fraude que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó contra Trump. De ser condenado, el expresidente podría verse obligado a pagar 370 millones de dólares.
El Gobierno de Biden aprobó un acuerdo de 23.000 millones de dólares para vender aviones de combate F-16 a Turquía. El Departamento de Estado de Estados Unidos notificó su decisión al Congreso el viernes, solo unos pocos días después de que los legisladores turcos votaran a favor de la adhesión de Suecia a la OTAN.
Un tribunal de Kenia bloqueó un plan cuya finalidad era enviar 1.000 agentes de policía kenianos a Haití para ayudar a combatir la violencia de los grupos criminales y dictaminó que la medida era inconstitucional. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2023 la misión, que implicaba que en enero de 2024 se llevaría a cabo el despliegue de las fuerzas policiales kenianas en el país del Caribe. La reacción de los haitianos a la noticia fue variada, ya que algunos residentes habían solicitado una intervención extranjera debido a los crecientes actos de violencia que enfrenta el país, mientras que otros habían rechazado la llegada de actores extranjeros.
Psycka Lemaire: “La crisis es una crisis haitiana. Recuerdo cuando, entre 2005 y 2006, llegó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití al país. Los soldados dejaron hijos abandonados y propagaron enfermedades como el cólera. Muchos niños y niñas quedaron huérfanos de padre. Hoy, si estamos unidos, podemos hacer cosas asombrosas”.
Níger, Malí y Burkina Faso anunciaron su salida de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, o CEDEAO. Tras los golpes de Estado que se produjeron en los últimos años, los tres países están actualmente gobernados por regímenes militares. Níger, Malí y Burkina Faso emitieron una declaración conjunta en la que afirman que el bloque de 15 países, “bajo la influencia de potencias extranjeras y traicionando sus principios fundacionales, se ha convertido en una amenaza para sus países miembros y sus poblaciones”. Tanto Níger como Malí y Burkina Faso han expulsado de su territorio a las fuerzas armadas de Francia, su antiguo colonizador. Asimismo, dichos países ya habían sido suspendidos por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental a raíz de los golpes de Estado militares.
En una gran victoria para el movimiento contra la crisis del cambio climático, el Gobierno de Biden anunció el viernes una moratoria en la construcción de nuevas terminales de exportación de gas natural licuado, o GNL. La medida se produce después de años de lucha por parte de activistas ambientales y las comunidades afectadas del golfo de México, quienes han calificado los proyectos como “megabombas” de carbono. Estas fueron las palabras expresadas por Roishetta Sibley, fundadora de la organización a favor de la justicia ambiental Vessel Project.
Roishetta Sibley Ozane: “Siendo una madre de seis hijos que vive en esta comunidad, donde [algunos de] mis hijos padecen asma y otras afecciones de la piel con las que deben luchar todos los días, sé que estas instalaciones no son de interés público. Al vivir en una comunidad que huele a huevo podrido y a productos químicos, sé que estas instalaciones no son de interés público. Pero esta pausa no es simplemente un logro menor, sino un hito importante que sienta las bases para posibles rechazos y ralentiza el progreso de estos proyectos”.
En Estados Unidos, un tribunal del estado de Luisiana ha aprobado los permisos ambientales de la planta que la compañía Formosa Plastics tiene previsto construir en el condado de St. James. Esta será la planta de plásticos más grande del país. El área, que se encuentra ubicada a lo largo del río Misisipi, actualmente se conoce como “Corredor del cáncer” debido a la gran cantidad de plantas químicas tóxicas que han enfermado a la población mayoritariamente negra de la región. Tanto residentes como activistas ambientales se han comprometido a seguir luchando contra la propuesta planta de Formosa.