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El presidente Biden ha firmado una de las políticas de inmigración más restrictivas que se hayan implementado en los últimos tiempos bajo un Gobierno demócrata. La medida permite el cierre temporal de la frontera entre Estados Unidos y México, niega el asilo político a la mayor parte de migrantes que no ingresen a Estados Unidos a través de los cruces fronterizos habilitados y limita la cantidad de solicitudes de asilo que se pueden recibir en la frontera sur a un máximo de 2.500 por día. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que evalúa la posibilidad de demandar al Gobierno de Biden por esta decisión, que el reportero John Washington, que cubre la inmigración en el estado de Arizona, califica de “atroz y probablemente mortal”. Washington explica que “hablar de solicitantes de asilo ilegales es una contradicción en sí misma. Las personas tienen derecho a pedir asilo, conforme a la ley estadounidense, independientemente de cómo hayan cruzado la frontera, dónde estén o cuál sea su estatus migratorio. Y esta regla realmente va en contra de eso”.
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