
Periodistas, trabajadores y ahora también jueces de todo Estados Unidos están impugnando los recortes presupuestarios implementados desde el recientemente creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), a cargo de Elon Musk. El ajuste de Musk ha recaído principalmente en los empleos públicos de múltiples organismos del Gobierno federal, con despidos, renuncias forzadas y amenazas de despidos. Entre los millones de estadounidenses afectados por las medidas draconianas del DOGE se encuentra Latisha, empleada del Departamento de Asuntos de los Veteranos, quien sostiene que la reciente exigencia impuesta por Musk que ordena a los empleados del Gobierno federal que envíen por correo electrónico un resumen de sus actividades laborales de la semana previa es “insultante” e “irrespetuosa”, y añade que “el verdadero objetivo es recortar drásticamente la fuerza de trabajo de los organismos públicos federales y allanar el camino para la privatización de los servicios, bienes y programas públicos que todos necesitamos y amamos”. Latisha explica cómo estos recortes afectan particularmente a la población negra y a los veteranos, sectores que tienen una representación desproporcionada en el empleo público. También hablamos con el jefe de redacción del medio ProPublica, Stephen Engelberg, quien recientemente publicó un informe en el que analiza cómo el Gobierno de Trump citó una estadística “claramente incorrecta, que ha sido claramente refutada” sobre la cantidad de empleados del Gobierno federal que trabajan de forma remota. Engelberg señala que dicha estadística se está utilizando para justificar los “poderes de rey” que está reivindicando Trump, así como las contrataciones nepotistas en el DOGE.
Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.