Titulares17 de abril de 2025

El juez federal de distrito James Boasberg dijo el miércoles que ha encontrado “causa probable” para declarar al Gobierno de Trump en desacato penal al tribunal por “haber incumplido deliberadamente” su fallo, emitido el mes pasado, en el que ordenó detener los vuelos que trasladaban a inmigrantes detenidos desde Estados Unidos a la tristemente célebre megacárcel de El Salvador, conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT. El juez Boasberg señaló que, desde entonces, el Gobierno de Trump “no ha rectificado o explicado su proceder”, y le dio una semana de plazo, hasta el 23 de abril, para que presente una respuesta.

El senador del estado de Maryland Chris Van Hollen viajó el miércoles a El Salvador, pero no se le permitió reunirse con Kilmar Abrego García, un padre de familia de Maryland que fue enviado a la megacárcel salvadoreña en los vuelos que se realizaron en marzo, en un hecho que el Departamento de Seguridad Nacional reconoció como un “error administrativo”. Tanto el Gobierno de Trump como el Gobierno de Nayib Bukele se han negado a liberar a Abrego García y regresarlo a su hogar. El senador Van Hollen habló con la prensa en la ciudad de San Salvador después de reunirse con el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa.

Senador Chris Van Hollen: “Le pido al presidente Bukele, en virtud de su autoridad como presidente de El Salvador, que haga lo correcto y permita la liberación del señor Ábrego García, un hombre que no ha sido acusado ni condenado por ningún delito y que fue ilegalmente sacado por la fuerza de Estados Unidos”.

Van Hollen dijo que el vicepresidente Ulloa le comunicó que El Salvador mantendrá a Abrego García en la cárcel, ya que el Gobierno de Estados Unidos le está pagando a su país para que lo haga. El senador demócrata también señaló que otros miembros del Congreso estadounidense planean viajar pronto a El Salvador. La visita de Van Hollen se produjo al tiempo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, recibía en el Pentágono al ministro de Defensa de El Salvador. Haga clic acá para ver la entrevista que mantuvimos sobre este caso con Vince Warren, director ejecutivo de la organización Centro de Derechos Constitucionales.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos continúan llevando a cabo violentas redadas y arrestos en todo el país. Se ha difundido un video en el que agentes de inmigración destrozan la ventana de un automóvil y sacan por la fuerza a un hombre, a pesar de que este les aclaró que no era la persona que buscaban y que no saldría del vehículo hasta que llegara su abogada. Juan Francisco Méndez es un padre de familia guatemalteco de 29 años que actualmente se encuentra en medio de un proceso migratorio para formalizar su estatus de asilo en Estados Unidos.

En el estado de California, líderes religiosos y miembros de la comunidad se congregaron el miércoles para protestar contra los planes de Trump de convertir a la Institución Correccional Federal de Dublín en un centro de detención para inmigrantes; la tristemente célebre prisión de mujeres que ahora se encuentra cerrada y que también es conocida como el “club de las violaciones”. Estas fueron las palabras expresadas por la reverenda Deborah Lee.

Reverenda Deborah Lee: “[Trump] está tratando de que se destinen miles de millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional para financiar las operaciones del Servicio de Inmigración, para arrestar, detener, trasladar y deportar personas. Todos sabemos que esto hará que nuestras comunidades sean más inseguras. Y sabemos que no puede llevar a cabo deportaciones si no hay suficientes camas para alojar a las personas detenidas. Por eso este lugar es tan importante, y no debemos permitir la apertura de más camas de detención en el norte de California”.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos está considerando revocar, según se informa, el estatus de exención de impuestos de Harvard en represalia por la negativa de esa universidad a acatar las demandas del Gobierno de Trump relacionadas con las políticas de diversidad, equidad e inclusión y la limitación de la libertad de expresión. El Gobierno de Trump ya ha tomado medidas para bloquear más de 2.000 millones de dólares en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Maine después de que las autoridades del estado se negaran a cumplir con una orden del Gobierno de Donald Trump que prohíbe que estudiantes trans compitan en deportes escolares femeninos. Estas fueron las palabras expresadas por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

Fiscal general Pam Bondi: “El estado de Maine está discriminando a las mujeres al no protegerlas en los deportes femeninos. […] Estamos tratando de que se les devuelvan los títulos a las jóvenes que legítimamente ganaron esas competiciones. Por no cumplir con [esta orden] en el pasado, también estamos considerando la posibilidad de retirarle [al estado de Maine], con carácter retroactivo, todos los fondos que han recibido”.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, respondió en un comunicado: “No se trata solo de quiénes pueden competir en las competencias deportivas, sino de si un presidente puede forzar el cumplimiento de su voluntad, sin tener en cuenta el Estado de derecho que rige en nuestro país. Creo que no puede hacerlo”.

Las fuerzas armadas israelíes han intensificado sus mortíferos ataques contra campamentos de palestinos desplazados en la Franja de Gaza al tiempo que Naciones Unidas advierte que estos nuevos bombardeos han forzado el desplazamiento de alrededor de medio millón de personas desde que Israel rompió el alto el fuego en marzo. En la mañana de este jueves, un ataque aéreo israelí contra tiendas de campaña situadas en el campamento de refugiados de Yabalia mató a al menos siete personas. Asimismo, diez palestinos perdieron la vida en un ataque nocturno contra un campamento de refugiados en Jan Yunis. Entre las personas muertas y heridas en el ataque se encuentran menores de edad.

Youssef Abu Alrous: “Un niño discapacitado, de doce años, murió quemado en su silla de ruedas. Hasta sus huesos se habían derretido cuando lo cargamos y lo sacamos. Esta es la silla de ruedas del niño. ¡Era un niño de doce años!”.

En el feriado anual del Día del Prisionero Palestino, los palestinos están realizando marchas para exigir la liberación de los presos políticos. Organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que actualmente hay casi 10.000 palestinos detenidos en cárceles israelíes, de los cuales 400 son menores de edad. Más de un tercio están detenidos sin haber sido acusados de ningún cargo, en virtud de la política israelí conocida como “detención administrativa”.

Un abogado del director del hospital Kamal Adwan de Gaza, que actualmente se encuentra encarcelado, dijo que su cliente había sufrido palizas, malos tratos y torturas dentro de la tristemente célebre prisión israelí de Ofer. El abogado, que pudo visitar al doctor Hossam Abu Safiya por última vez el 19 de marzo, afirmó al respecto: “Está sufriendo mucho. Está agotado por los actos de tortura, la presión y la humillación a los que lo han sometido con el fin de obligarlo a confesar actos que no cometió”.

El medio Bloomberg News informa que funcionarios estadounidenses están manteniendo conversaciones con milicias progubernamentales en Yemen sobre una posible ofensiva terrestre para expulsar a los combatientes hutíes de la costa del mar Rojo. Desde mediados de marzo, los ataques aéreos estadounidenses en Yemen han matado al menos a 123 personas, al tiempo que los hutíes han afirmado que seguirán lanzando ataques contra barcos en la región que estén vinculados a la guerra de Israel en Gaza.

La semana pasada, un grupo de legisladores demócratas pidió al Gobierno de Trump detener los ataques en Yemen, de conformidad con la Resolución de Poderes de Guerra, que requiere la aprobación del Congreso, o una declaración de guerra, para atacar directamente a otro país.

Continúan las protestas contra los ataques de Israel contra Gaza. Durante el fin de semana, decenas de miles de personas marcharon por la ciudad paquistaní de Karachi en solidaridad con los palestinos.

El miércoles, la policía de Berlín arrestó violentamente a manifestantes propalestinos que realizaban una protesta frente a la Universidad de Humboldt. Asimismo, el lunes, la policía de Países Bajos utilizó porras para golpear a los manifestantes que habían ocupado un edificio del campus de la Universidad de Ámsterdam para exigir que ese centro universitario rompa sus vínculos con instituciones israelíes.

En el Reino Unido, la policía arrestó el miércoles a dos personas que realizaban una protesta en el techo de GRiD Defense Systems, una fábrica que suministra equipos informáticos al mayor fabricante de armas de Israel, Elbit Systems. Según se informa, las activistas sabotearon partes dentro de la fábrica antes de subir a la azotea y desplegar una pancarta con la leyenda “GRiD y Elbit tienen las manos manchadas de sangre”.

Activista de Acción Palestina 1: “Somos personas normales que nos oponemos al genocidio, que nos oponemos a empresas en territorio británico que venden armas que se utilizan para matar menores. Solo en el último mes, hemos visto bebés sin cabeza y cuerpos de niños y niñas desmembrados”.

Activista de Acción Palestina 2: “[Hemos visto] cómo los cuerpos salen literalmente despedidos por los aires debido a la potencia de estas bombas, que están arrasando barrios enteros. No podemos quedarnos de brazos cruzados sin hacer nada”.

En el estado de Kentucky, fiscales están pidiendo a un tribunal de la ciudad de Louisville que silencie cualquier discusión sobre el genocidio o los ataques de Israel contra los palestinos antes del juicio que se llevará a cabo en junio contra cinco activistas que fueron arrestados en 2024 por bloquear las entradas a unas fábricas operadas por Raytheon y BAE Systems, dos compañías que suministran armas a las fuerzas armadas israelíes. La moción también busca prohibir a los acusados usar kefias, el pañuelo tradicional palestino, y realizar manifestaciones en las inmediaciones del tribunal.

En Sudán, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido ha declarado la formación de un Gobierno rival al tiempo que el país entra en el tercer año de una devastadora guerra civil que ha provocado la mayor crisis humanitaria del mundo. El conflicto no da señales de terminar, dado que esta semana fracasaron las reuniones de alto nivel celebradas en Londres y el Ejército sudanés sigue librando sangrientos combates con las Fuerzas de Apoyo Rápido. Durante el fin de semana, al menos 300 personas murieron en campamentos para desplazados situados en la región occidental de Darfur, devastada por la guerra.

Haga clic aquí para obtener más información sobre la situación en Sudán.

La organización Human Rights Watch advierte que el Gobierno tunecino ha convertido las detenciones arbitrarias en “una piedra angular de su política represiva”, al tiempo que el presidente del país, Kais Saied, continúa tomando medidas represivas contra sus opositores y críticos. Esto se produce en medio de un juicio colectivo contra decenas de personas, entre ellas destacados políticos y figuras de los medios de comunicación, a quienes el Gobierno de Saied ha acusado de conspirar contra el Estado. La semana pasada, seis opositores detenidos iniciaron una huelga de hambre y cientos de manifestantes salieron a las calles de Túnez.

Hayat Ayari: “Es una tiranía en todos los sentidos de la palabra: no hay libertad de opinión, ni libertad de expresión, ni libertad de acción. Por la más mínima cosa, una persona puede terminar en la cárcel. Incluso lo que estoy diciendo ahora podría hacer que mañana me arresten y encarcelen. Esta es la realidad. No me la estoy inventando”.

En Colombia, el líder indígena Erik Ánderson Menza Pavi fue ultimado a tiros el sábado en la región del Cauca, al suroeste del país. Se trata de al menos el tercer homicidio de un líder indígena en la región en lo que va de 2025. Organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten que la supervivencia del pueblo indígena Nasa está en grave riesgo debido a los “ataques sistemáticos” que enfrenta.

El estado de California presentó una demanda para bloquear los aranceles impuestos por el presidente Trump, que considera ilegales y “económicamente destructivos”. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal general de California, Rob Bonta.

Fiscal general Rob Bonta: “Trump ha tenido que recurrir a la creación de falsas emergencias nacionales que no tienen sentido. Para justificar la imposición de aranceles generales a Canadá, el presidente ha afirmado incluso que una gran cantidad de inmigrantes ilegales y drogas ilícitas están ingresando a través de la frontera canadiense. Eso es completamente falso”.

En otras noticias comerciales, el presidente Trump afirmó que se lograron “grandes avances” en las negociaciones arancelarias con Japón, luego de que el mandatario estadounidense se sumara el miércoles de manera inesperada a las conversaciones preliminares al respecto. Mientras tanto, la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, se encuentra este jueves en la Casa Blanca. Durante su reunión con Trump, se espera que la mandataria italiana defienda los intereses comerciales europeos.

En el estado de Nueva York, dos funcionarios penitenciarios blancos fueron acusados de asesinato en segundo grado por la muerte de Messiah Nantwi, un recluso negro de 22 años que murió en el Centro Correccional Mid-State después de ser brutalmente golpeado por los guardias. Otros ocho guardias fueron acusados de delitos relacionados con la golpiza fatal, que tuvo lugar durante una huelga no autorizada de funcionarios penitenciarios.

La empresa privada que gestiona la red eléctrica de Puerto Rico, LUMA Energy, señaló que la restauración del servicio podría demorar hasta tres días, luego de que el sistema colapsara el miércoles y sumiera nuevamente en la oscuridad a toda la isla, la cual es territorio estadounidense, por segunda vez en cuatro meses. Este es el más reciente de una serie de apagones que han afectado a Puerto Rico, desde que la isla privatizó su sistema eléctrico tras el paso del huracán María en 2017. A pesar de estas frecuentes interrupciones en el suministro, la población puertorriqueña paga una de las tarifas de electricidad más altas de Estados Unidos.