El régimen golpista hondureño dejó abierta por primera vez la posibilidad de permitir el retorno del derrocado Presidente Manuel Zelaya. El jueves, el gobernante de facto Roberto Micheletti declaró que la Suprema Corte del país examinaría una nueva propuesta respaldada por Costa Rica. El plan prevé la restauración de Zelaya en su cargo, aunque bajo diversas condiciones que incluyen el establecimiento de un gobierno de poder compartido. Zelaya aceptó la propuesta, pero afirma que está condenada al fracaso puesto que los tribunales hondureños ya excluyeron la posibilidad de su regreso. El miércoles, continuaron las marchas diarias en Tegucigalpa, capital de Honduras. Un manifestante dijo que las concentraciones de apoyo a Zelaya están bajo amenaza permanente.
El manifestante indicó: “Somos un grupo contra el golpe de Estado, y ellos nos empezaron a atacar. Solo ellos pueden hacer marchas, solo ellos, y los policías los defienden”.
Zelaya estuvo en Nicaragua el miércoles, y prometió regresar a Honduras para el fin de esta semana.
En otras noticias de Honduras, una de las mayores federaciones sindicales del mundo está convocando a realizar un boicot mundial a los barcos hondureños, en protesta por el derrocamiento de Zelaya. La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte exhortó a centenares de sus miembros a no descargar barcos de esa nacionalidad, como parte del boicot al régimen golpista.
El gobierno de Barack Obama sigue denegando las solicitudes de la ONU de que se investiguen las condiciones de reclusión en Guantánamo y otras prisiones que Estados Unidos tiene en el extranjero. El Washington Post informa que se denegaron las solicitudes de al menos dos investigadores de derechos humanos que habían pedido autorización para visitar Guantánamo. Un alto funcionario de la ONU encargado de investigar torturas también solicitó una reunión con la secretaria de Estado Hillary Clinton, que tampoco le fue concedida. Un investigador afirma que, si bien el gobierno de Obama prohibió las técnicas de tortura de la CIA, está eludiendo la obligación legal de investigar acusaciones no resueltas estipuladas en la Convención contra la Tortura de 1984. Seis meses después de la finalización del gobierno de Bush, los funcionarios de la ONU afirman que las investigaciones son particularmente urgentes, puesto que la posibilidad de enjuiciar a los supuestos responsables de torturas prescribe el año que viene.
Mientras tanto, el gobierno de Obama enfrenta el viernes el vencimiento de un plazo para determinar si Mohamed Jawad, encarcelado en Guantánamo, debe seguir preso o no. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha impugnado el encarcelamiento por tiempo indeterminado de Jawad y afirma que éste fue víctima de abusos, amenazas y privación del sueño bajo la custodia de Estados Unidos. El caso mereció más investigación porque se cree que Jawad fue encarcelado cuando tenía doce años. La jueza federal de distrito Ellen Segal Huvelle dio plazo hasta mañana al Departamento de Justicia para explicar por qué Jawad debería seguir preso. Huvelle calificó al actual caso gubernamental como “atroz” y “plagado de puntos débiles”.
En Irak, una auditoría interna del Departamento de Estado determinó que la embajada estadounidense en ese país tiene empleados de más y que se necesitan recortes en ese sentido. Las instalaciones de 700 millones de dólares albergan en la actualidad a más de 1800 empleados y más de 13.000 contratistas. El informe se dio a conocer al tiempo que el Primer Ministro iraquí Nouri al-Maliki se reunió con el Presidente Obama en la Casa Blanca el miércoles. Obama reiteró sus afirmaciones de que Estados Unidos no tiene planes territoriales en Irak y agregó que no se busca controlar las bases militares o los recursos iraquíes.
Mientras tanto, la cifra oficial de estadounidenses fallecidos en Irak y Afganistán superó la marca de 5.000 víctimas mortales. Según los registros del Pentágono, al menos 5.002 militares murieron en ambos países. La cifra no incluye a las decenas de soldados que se suicidaron en incidentes vinculados con la guerra.
El gobierno de Obama intensifica su retórica contra Irán. El miércoles, la secretaria de Estado Hillary Clinton declaró que Estados Unidos consideraría la posibilidad de implementar un “paraguas defensivo” en el Medio Oriente para proteger a los aliados del Golfo en caso de que el gobierno iraní no cumpla con las exigencias internacionales respecto a su actividad nuclear. Clinton dijo que tenía esperanzas de que Irán se diera cuenta de que “si Estados Unidos despliega un paraguas defensivo en la región, si hacemos aún más para apoyar la capacidad militar de los países del Golfo, es poco probable que Irán pueda fortalecerse o estar más seguro”.
El Vicepresidente Joe Biden se encuentra en Georgia, tras visitar Ucrania. El miércoles, Biden prometió que el gobierno de Obama apoyaría a Georgia, casi un año después del ataque fallido de ese país contra las fuerzas rusas en una región separatista, que contó con el respaldo de Estados Unidos.
El Vicepresidente Joe Biden dijo: “El motivo por el que he regresado, y por el que el Presidente Obama me pidió que regresara, es para enviar un mensaje inequívoco, claro y simple a todos los que quieran escucharlo e incluso a aquellos que no quieran hacerlo, de que Estados Unidos los apoya en este momento y los seguirá apoyando”.
Biden ha respaldado el ingreso de Ucrania y Georgia a la OTAN, que según Rusia violaría compromisos previos de Estados Unidos contra la expansión de ese organismo.
El Senado no logró aprobar por un estrecho margen una enmienda que habría permitido a los propietarios de armas cruzar las fronteras de los estados portando las mismas. El martes, la mayoría de los senadores votaron a favor de la propuesta, con un resultado de 58 votos contra 39, pero quedaron dos votos por debajo de los 60 necesarios para aprobarla. Veinte demócratas y todos los republicanos –exceptuando solamente a dos- se unieron a la mayoría. El senador Republicano John Thune, de Dakota del Sur —quien propuso la medida— dice que espera presentarla nuevamente en el correr del año.
Un nuevo estudio indica que cientos de redadas federales de inmigración en Nueva York y Nueva Jersey fueron inconstitucionales. El informe apoyado por el Condado de Nassau establece que los agentes de inmigración armados infringieron la ley cuando ingresaron a hogares por la fuerza en redadas efectuadas en la madrugada. El objetivo de estas redadas era atrapar a criminales peligrosos, pero en lugar de eso se detuvo a latinos acusados de violar leyes civiles de inmigración sin ninguna vinculación a actividades criminales. Estos agentes actuaron sin órdenes judiciales y efectuaron registros a pesar de no haber obtenido en el 86% de los casos el consentimiento exigido por ley. El Comisario de la policía de Nassau, Lawrence Mulvey, dijo que estos hallazgos deberían desencadenar una investigación federal.
El miércoles, el Presidente Obama llevó a cabo una conferencia de prensa en la Casa Blanca en el horario de máxima audiencia, por cuarta vez en lo que va de su Presidencia. Obama pasó la mayor parte de la hora que duró su discurso defendiendo su iniciativa de una reforma de la salud.
El Presidente Obama dijo: “Seré claro: Si no controlamos estos costos, no podremos controlar nuestro déficit. Si no reformamos el sistema de salud, las primas y los costos en efectivo seguirán disparándose. Si no actuamos, 14.000 estadounidenses seguirán perdiendo sus seguros médicos todos los días. Estas son las consecuencias de la inactividad; estas son las cuestiones del debate que estamos teniendo en este momento”.
Obama también reconoció que Estados Unidos no podrá brindar un seguro médico a todos los estadounidenses sin adoptar un sistema de pagador único, a lo que su gobierno se ha opuesto.
Un juez federal dictaminó que el Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York utilizaba políticas de contratación discriminatorias que ilegalmente impedían que cientos de postulantes calificados afroestadounidenses o latinos se unieran al mismo. La Ciudad de Nueva York tiene el departamento de bomberos con menor diversidad de todas las grandes ciudades del país.
Y nuevas cifras indican que algunos de los principales beneficiarios del rescate financiero de Wall Street están incrementando las bonificaciones salariales de sus empleados con respecto al año anterior. Según el Washington Post, los seis bancos más importantes de Estados Unidos asignaron 74.000 millones de dólares para el pago de sus empleados, en comparación con los 60.000 millones de dólares asignados en el mismo período del año anterior.