El director ejecutivo de BP, Tony Hayward, compareció ante el Congreso el jueves por primera vez desde la explosión de la plataforma petrolera de esa empresa que desencadenó el peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos. Al testificar ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Hayward negó repetidas veces haber tenido responsabilidad personal en las decisiones que llevaron a la explosión y a la consiguiente catástrofe ambiental. Interrogado por el congresista demócrata Ed Markey, Hayward siguió minimizando el descubrimiento de grandes columnas de petróleo en las aguas del Golfo de México.
Markey dijo: “¿Hay columnas de petróleo debajo de la superficie oceánica?”.
Hayward respondió: “Hay concentraciones de petróleo de aproximadamente 0,5 partes por millón en la columna de agua. Parte de ellas se relacionan con el derrame, otras muestras han sido asociadas a otro petróleo”.
Markey preguntó: “¿Entonces no lo define como una columna?”.
Hayward dijo: “No soy oceanógrafo, pero lo que sabemos es que hay…”.
Markey afirmó: “Voy a tomarlo como un ’no’; su testimonio sigue en desacuerdo con lo que afirman todos los científicos independientes”.
La comparecencia de Hayward fue brevemente interrumpida por la manifestante Diane Wilson, del grupo Code Pink, quien reclamó el procesamiento penal de Hayward.
Wilson dijo: “Así es como están los pantanos, así está el panorama para la gente de allí; creo que usted debe ser acusado de un crimen. Debe ir preso. Tengo algunas cadenas y quiero un arresto ciudadano. ¡Hay que acusarlo de crímenes! ¡Hay que acusarlo de crímenes!”.
Más adelante en la audiencia, el congresista republicano Joe Barton se disculpó ante Hayward por lo que calificó como un “chantaje” a BP por parte del gobierno, que le reclama a la empresa un fondo para indemnizaciones de veinte mil millones de dólares destinado a los residentes de la costa del Golfo de México afectados por el derrame.
El representante Joe Barton declaró: “Estoy hablando en forma totalmente personal. No lo estoy haciendo en nombre del Partido Republicano. No estoy hablando en nombre de ningún integrante de la Cámara de Representantes, sino en el mío propio, pero estoy avergonzado por lo que sucedió ayer en la Casa Blanca. Creo que es una tragedia de proporciones que una empresa privada pueda ser sometida a lo que calificaría como un chantaje. En este caso, un chantaje de veinte mil millones de dólares”.
Según el sitio web “Open Secrets” (“Secretos públicos”, en español), Barton ha recibido casi 1,5 millones de dólares en donaciones de la industria petrolera y del gas durante sus 26 años de carrera política. El principal donante a la campaña de Barton, Anadarko Petroleum, tiene una participación accionaria del 25% en el pozo petrolero donde ocurrió la explosión. Los demócratas se valieron de los comentarios de Barton para demostrar los vínculos republicanos con la industria petrolera. El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, fue uno de los que criticó a Barton.
Gibbs declaró: “Creo que los republicanos tendrán que preguntarse si el congresista Barton debería seguir desempeñándose como miembro de jerarquía en un comité que hace lo que está haciendo hoy, dado que cree que le debemos una disculpa a BP y no que BP le debe una disculpa al Golfo”.
Más tarde, Barton emitió una declaración en la que se disculpaba por su pedido de disculpas a BP.
La Secretaria de Estado Hillary Clinton anunció que el gobierno de Barack Obama demandará a Arizona por su ley anti inmigratoria. La medida establece que los policías deben parar e interrogar a las personas de quienes se sospeche que puedan ser inmigrantes indocumentados. Ha habido mucha especulación en torno a la demanda federal desde la aprobación de la medida hace dos meses. Clinton habló del plan del gobierno en una entrevista que fue concedida a un canal de televisión ecuatoriano a principios de este mes, pero que recién alcanzó notoriedad el jueves.
La Secretaria de Estado Clinton declaró: “El Presidente Obama ha hecho declaraciones públicas en contra de la ley porque cree que es el gobierno federal el que debe determinar la política inmigratoria. Y el Departamento de Justicia, según sus instrucciones, estará presentando una demanda contra la ley”.
El Departamento de Justicia declinó confirmar los comentarios de Clinton y sólo declaró que sigue revisando la ley.
Por segundo día consecutivo, el Senado no aprobó una medida destinada a prorrogar los beneficios por desempleo a los estadounidenses que hace mucho que están sin trabajo y a extender la ayuda de miles de millones de dólares a los Estados limitados por falta de fondos. El jueves, los demócratas no lograron asegurarse los 60 votos necesarios para aprobar el paquete de aproximadamente 120 mil millones de dólares, a pesar de haberlo reducido para conseguir el respaldo de los dos partidos. Se estima que 1,2 millones de personas dejarán de recibir cheques por desempleo para fines de mes si no se aprueba la medida. El jueves se publicaron nuevas cifras que muestran que las reclamaciones de seguro por desempleo aumentaron por segunda semana consecutiva de 460.000 a 472.000.
Un nuevo análisis sostiene que el proyecto de ley climática del Senado daría aún más incentivos financieros a la industria de la energía nuclear que lo que se había previsto. Según la organización Amigos de la Tierra, la medida pretende agregar 1,3 mil millones de dólares adicionales a los tres mil millones de exenciones impositivas para cada reactor nuclear nuevo. Las exenciones impositivas se suman a la cifra propuesta de 35,5 mil millones de dólares en garantías de préstamos para el sector de la energía nuclear. En una declaración, el Presidente de Amigos de la Tierra en Estados Unidos, Erich Pica, afirmó: “La industria [nuclear] estaría apostando casi enteramente con dinero de los contribuyentes… [con] muy poco para perder cuando un reactor quede patas para arriba”. El senador demócrata John Kerry y el senador independiente Joe Lieberman son los copatrocinantes del proyecto. A principios de esta semana, Kerry y Lieberman fueron criticados por los ambientalistas por votar en contra de una propuesta que hubiera anulado exenciones impositivas para las grandes empresas petroleras por valor de 35 mil millones de dólares.
Un ex comandante de la policía acusado de supervisar la tortura de más de cien hombres afroestadounidenses subió al estrado en el juicio en su contra que se lleva a cabo en Chicago. El ex teniente Jon Burge es acusado de mentir al negar en una demanda civil que él y otros detectives hayan cometido torturas. Durante casi dos décadas a partir de 1971, Burge fue el epicentro de lo que ha sido descrito como la tortura sistemática de docenas de hombres negros para obtener confesiones. Se habrían cometido diversos abusos, entre los que se cuentan introducir armas en la boca de las víctimas, sofocarlas con bolsas en la cabeza y aplicarles choques eléctricos en los genitales. El jueves, Burge negó en el estrado de los testigos haber perpetrado maltratos para forzar confesiones. Su testimonio en el juicio siguió al de cinco testigos que afirman que Burge y sus subordinados los torturaron para obtener confesiones de distintos delitos, entre ellos, homicidio.
Los palestinos y grupos de derechos humanos están reiterando sus pedidos de que se termine totalmente el sitio israelí de la Franja de Gaza tras la decisión de Israel de modificar el bloqueo. El jueves, Israel comenzó a permitir el ingreso de más artículos a Gaza, entre ellos víveres, juguetes, colchones y toallas. No obstante, Israel seguirá controlando el flujo de mercaderías y mantendrá el bloqueo marítimo y la prohibición de materiales de construcción esenciales. A pesar de que Israel afirmó que ahora permitiría el ingreso de todos los productos alimentarios a Gaza, las autoridades palestinas dicen que ese país aparentemente está manteniendo la prohibición de los contenedores de tamaño industrial que permitirían la producción de alimentos en las fábricas de Gaza. Israel ha provocado el cierre de muchas fábricas de Gaza al negarles materiales esenciales, como parte de su esfuerzo por castigar a los palestinos por elegir a Hamas en las elecciones de 2006. El bloqueo fue modificado tras semanas de protestas internacionales por el ataque letal israelí contra una flotilla que transportaba ayuda a Gaza. Al igual que muchos otros grupos de derechos humanos, Amnistía Internacional dijo: “Este anuncio deja en claro que Israel no tiene intenciones de poner fin al castigo colectivo de la población civil de Gaza, sino simplemente alivianarlo… Israel ahora debe cumplir con sus obligaciones como poder de la ocupación en virtud de las leyes internacionales y levantar inmediatamente el bloqueo”.
En Nueva York, los sobrevivientes del ataque israelí contra la flotilla de ayuda hablaron en un foro público en una iglesia de Brooklyn. El organizador británico Kevin Ovenden, quien se encontraba a bordo de la embarcación Mavi Marmara —donde Israel mató a nueve activistas— indicó que el sitio debería levantarse por completo.
Ovenden dijo: “Es muy interesante ver lo que dicen que van a permitir ingresar ahora, que no se ha permitido por cuatro años. Los juguetes para niños son algunos de esos elementos. Pero los materiales de construcción y, sobre todo, la libre circulación de personas, mercancías y capital, que es esencial para el desarrollo de Gaza y de Palestina como entidad libre e independiente, no los han permitido, preparado para que suceda. Debemos dar una respuesta clara de que algo menos que el levantamiento total del sitio será insuficiente, cualquier otra cosa es una redefinición de la prisión”.
Varios grupos anunciaron planes de enviar más embarcaciones de ayuda para romper el bloqueo naval de Gaza. El grupo con sede en Alemania “Jewish Voices for a Just Peace” (“Voces judías por una paz justa”, en español) dice que enviará al menos dos embarcaciones con pasajeros judíos en su totalidad este año. Inicialmente, este grupo había planeado enviar una embarcación, pero dice que se vio obligado a agregar otra para albergar al torrente de voluntarios.
La Organización de las Naciones Unidas duplicó su estimativo del número de refugiados que huyen de los enfrentamientos en el sur de Kirguistán a aproximadamente 400.000. Hoy temprano, el gobierno interino dijo que cree que unas dos mil personas podrían haber muerto, diez veces más que la cifra oficial actual. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que la situación humanitaria allí es una “crisis inmensa”. El ex Presidente kirguís, Kurmanbek Bakiyev, fue acusado de provocar los disturbios para desestabilizar el país antes del referéndum constitucional programado para este mes. Bakiyev fue un aliado estadounidense hasta que lo sacaron del poder en una sublevación en abril del año pasado. El jueves, las autoridades kirguises amenazaron con cerrar la base aérea militar estadounidense a menos que Gran Bretaña extradite al hijo de Bakiyev por acusaciones de haber organizado los enfrentamientos.
Un tribunal ruandés liberó al abogado estadounidense Peter Erlinder, casi tres semanas después de su arresto. Erlinder, quien reside en Minnesota, es un abogado del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y un antiguo presidente del Gremio Nacional de Abogados. Fue encarcelado poco después de arribar en Ruanda para ayudar con la defensa legal de una candidata presidencial de la oposición. Erlinder fue acusado de violar las leyes que prohíben la negación del genocidio en Ruanda. Quienes critican al gobierno ruandés dicen que estas leyes han sido utilizadas para silenciar a la oposición política. El jueves, Erlinder fue liberado por motivos de salud tras cuatro hospitalizaciones desde su arresto. Su abogado, Ken Ogeto, afirmó que Erlinder es libre para regresar a casa.
Ogeto dijo: “Estamos muy felices al respecto, se le otorgó la fianza sin ninguna condición, y la única condición en realidad es dejar una dirección aquí, lo que significa que puede regresar a Estados Unidos. La fiscalía fue autorizada a proceder sin investigaciones. No sabemos cómo van a hacerlo, pero nuestro cliente está dispuesto a volver cuando ellos lo necesiten sin ningún problema”.
Un panel binacional recomendó que el gobierno estadounidense encabece un proyecto de 300 millones de dólares para limpiar las áreas vietnamitas contaminadas con el químico tóxico defoliante Agente Naranja durante la Guerra de Vietnam. El Agente Naranja ha sido vinculado al cáncer, la diabetes y los defectos congénitos entre millones de vietnamitas así como también veteranos de guerra estadounidenses. El Grupo de Diálogo Estados Unidos-Vietnam dice que el plan a diez años debería centrarse en 28 áreas en los alrededores de Vietnam. Estados Unidos roció casi veinte millones de galones de Agente Naranja en una cuarta parte de lo que era Vietnam del Sur y áreas fronterizas de Camboya y Laos entre 1962 y 1971.
Nuevas cifras del gobierno indican que el número de familias sin hogar aumentó a 170.000 el año pasado, un aumento de casi el 30% con respecto a tres años atrás. Este fue el segundo año consecutivo en el que se incrementó el número de familias sin hogar. La cifra total de personas sin hogar disminuyó un 5%.
Utah ejecutó a un prisionero condenado a muerte mediante un pelotón de fusilamiento por primera vez en catorce años. Ronnie Lee Gardner fue ejecutado a balazos anoche por haber cometido un par de asesinatos en 1984 y 1985. Esta fue la tercera condena a muerte ejecutada por un pelotón de fusilamiento en Utah desde 1976. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) calificó a la ejecución de Gardner como “salvaje e inhumana”.
La Corte Suprema dictaminó que los empleadores pueden leer los mensajes de texto de los empleados enviados con teléfonos proporcionados en el trabajo si sospechan de alguna falta. La decisión unánime tuvo lugar en el caso de un jefe de la policía de California acusado de violar los derechos constitucionales de un oficial al leer transcripciones de los mensajes de texto explícitamente sexuales del oficial. Quienes se oponen a esta decisión dicen que representa un golpe para el derecho a la privacidad de los trabajadores.
En otra decisión, la Corte Suprema invalidó más de 500 casos decididos por el Consejo Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por su sigla en inglés) en los últimos años. En un fallo de cinco votos contra cuatro, la Corte Suprema dijo que las decisiones no son válidas porque el panel de cinco miembros únicamente tenía dos miembros en funciones. Los candidatos al NLRB se han visto obstaculizados en los últimos años por las riñas internas del Congreso. Kimberly Freeman Brown, del grupo “American Rights at Work” (“Derechos de los estadounidenses en el trabajo”, en español), dijo: “Cientos de decisiones en casos ya resueltos van a tener que ser reabiertas, demorando innecesariamente la decisión definitiva para los trabajadores a quienes les hicieron creer que ya la tenían”.
Y en Detroit, cientos de periodistas y activistas se están congregando para la Conferencia de Medios Aliados. Esta conferencia de tres días para los medios alternativos y la justicia social comienza el día de hoy. La semana que viene se esperan a miles de activistas de base en Detroit para el segundo Foro Social Estadounidense. El tema de la reunión será “Otro mundo es posible. ¡Otro Estados Unidos es necesario!”. Democracy Now! estará trasmitiendo desde Detroit la semana que viene.