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El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, ha sido acusado de utilizar su cargo para restringir los derechos electorales de la comunidad latinas del estado. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la organización latina de derechos civiles más antigua del país, está pidiendo al Departamento de Justicia que investigue a Paxton por una serie de allanamientos policiales en las casas de miembros de la organización, legisladores estatales y otros líderes comunitarios del área de San Antonio efectuados la semana pasada. Ya en otras ocasiones, Paxton había intentado sin éxito clausurar la organización de derechos civiles Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), que tiene sede en Houston y cuyo liderazgo está encabezado por inmigrantes, con el argumento de que dicha organización se estaba involucrando en actvidades electoralistas. Nos acompañan César Espinosa, director de FIEL, y Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, quienes describen cómo sus organizaciones se han visto afectadas por el acoso y la intimidación del fiscal general. Proaño señala que la persecución a dirigentes y organizaciones latinas es un patrón de “discriminación flagrante” y dice: “Consideramos que son tácticas que, básicamente, buscan que el Partido Republicano mantenga el control del Gobierno de Texas”.
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