
Desde que Donald Trump asumió la presidencia, Estados Unidos ha expulsado, sin el debido proceso, a cientos de inmigrantes y solicitantes de asilo a El Salvador para recluirlos en el megacomplejo carcelario de máxima seguridad conocido como CECOT. Muchos de los hombres trasladados han sido acusados de pertenecer a pandillas, en su mayoría por tener tatuajes. Recientemente, en un documento judicial, el Gobierno de Trump admitió que entre las personas enviadas a El Salvador hay un padre de familia salvadoreño a quien Estados Unidos le había otorgado el estatus de protegido. Kilmar Armando Abrego García vivía en Maryland con su familia y había recibido el estatus de protección en 2019, lo que impedía que el Gobierno federal lo expulsara del país. A pesar de admitir que se trató de un “error administrativo”, el Gobierno de Trump dice que no hará nada para llevar a Abrego García de nuevo con su familia. “Todos los días vemos noticias que muestran que se están cometiendo muchos errores”, señala Aaron Reichlin-Melnick, miembro destacado de la organización American Immigration Council. “El objetivo es aumentar lo más rápido posible las deportaciones y detenciones, y el mensaje que está mandando la Casa Blanca es que no les importa si en esa vorágine se ven arrastradas personas inocentes”.
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