Titulares03 de junio de 2005

Las protestas masivas continúan expandiéndose en Bolivia, el país más pobre de América Latina. En las últimas horas del jueves, Carlos Mesa, el controvertido presidente apoyado por Estados Unidos, firmó un decreto de emergencia ordenando un referéndum para otorgar mayor autonomía a la zona más rica del país y una votación a mediados de octubre para elegir a los miembros de una asamblea que reescriban la constitución. Mesa realizó el anuncio luego que el Congreso nacional por tercer día consecutivo no logre consenso, mientras que grupos indígenas dirigían enardecidas protestas en las calles de La Paz. Las protestas paralizaron la ciudad desde el aeropuerto y los bloqueos cerraron dos tercios de las autopistas del país. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia rechazó la denominada “mediación internacional”, luego que el Departamento de Estado estadounidense dijera que el caso de Bolivia sería discutido la próxima semana en la asamblea general de la Organización de Estados Americanos. La policía antidisturbios armada con gases lacrimógenos continúa protegiendo el Congreso y las protestas se han extendido a otras áreas del país. Jim Shultz, del Centro Democrático en Cochabamba informó que existen rumores de golpe de estado y agregó que las protestas “muestran señales de volverse más intensas y perseverantes en su voluntad de cerrar el país.”

Ahora noticias desde Medio Oriente, donde grupos opositores en el Líbano piden la renuncia del presidente Emile Lahoud por la muerte de un periodista ayer en Beirut. El periodista Smir Kasir era una figura de la oposición y un crítico de la influencia siria en Beirut. Murió ayer, luego de que su auto explotara al encenderlo. El presidente Lahoud condenó el ataque y Siria rechazó las acusaciones de haber planeado la muerte de Qasir.

Volvemos a Estados Unidos, donde el Presidente Bush designó al congresista conservador de California Christopher Cox para dirigir la Comisión de Valores e Intercambio. Su designación es considerada una gran victoria para las grandes corporaciones que donaron decenas de miles de dólares a Cox en los últimos años. Cox reemplaza a William Donaldson, quien decepcionó a muchos republicanos al demostrar cierta independencia y posicionarse en algunos casos del lado de los demócratas. Es muy poco probable que esto suceda con Cox, quien se describe como un devoto discípulo de Ayn Rand, gran promotora del capitalismo salvaje. Cox tiene antecedentes en el Congreso de promover a grandes empresas. Es un gran receptor de contribuciones de grupos empresariales, estudios contables y Silicon Valley. Luchó contra normas contables que le hubieran dado un trato menos favorable a las fusiones entre corporaciones y a las opciones sobre acciones ejecutivas. Se opone a que se graven los dividendos y ganancias capitales. Contribuyó a introducir en el Congreso un proyecto de ley que dificulta los juicios a inversores. La medida, adoptada por el Congreso y vetada luego por Bill Clinton, fue aplaudida por los grupos empresariales. Los grupos de consumidores afirman que la ley contribuyó a generar el clima que promovió los grandes escándalos contables en compañías como Enron y WorldCom.

Un juez federal ordenó al Pentágono que exhibiera decenas de fotos y cuatro películas que muestran el abuso a prisioneros en la prisión de Abu Ghraib en Irak, como parte de un juicio iniciado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). El Director Ejecutivo de ACLU, Anthony Romero indicó que “estas imágenes pueden ser feas y chocantes, pero muestran que las torturas eran algo más que actos de algunos soldados inadaptados”. La ACLU pidió que se designe un asesor especial para investigar la tortura y el abuso a los prisioneros. La orden del tribunal surgió como respuesta al juicio de la Ley de Libertad de Información presentado por la ACLU, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York y el Centro de Derechos Constitucionales.

Mientras tanto, la directora de Amnistía Internacional, Irene Khan, pidió a Estados Unidos que permita el ingreso a investigadores de derechos humanos a los centros de detención en la Bahía de Guantánamo y en otras partes, en caso que quiera desmentir las acusaciones de abuso. Khan respondió al gobierno de Bush, que desestimó las acusaciones del grupo de que Estados Unidos tenía un “gulag”, y defendió especialmente la utilización de ese término. Escuchamos las palabras de Irene Khan ayer: “Pretendíamos enviar un fuerte mensaje a Guantánamo, Bagram y esa red de cárceles, de que los centros de detención creados como parte de esta guerra del terror, que de hecho socavan los derechos humanos de forma dramática, solamente pueden evocar los peores aspectos de los escándalos de derechos humanos del pasado”. Escuchábamos a Irene Khan, directora de Amnistía Internacional.

Un tribunal de apelaciones dictaminó que la ciudad de Seattle tenía derecho a crear un área de restricción, la llamada “zona de no protesta”, en el centro de Seattle durante las protestas contra la OMC en 1999. El caso está siendo juzgado como parte de una serie de demandas que surgen de las protestas. La decisión del Tribunal de Apelaciones del 9º turno, desestimó la decisión de un tribunal de menor jerarquía que calificaba la zona restringida como una violación al derecho de libertad de reunión y de discurso. El caso pasará ahora a un tribunal federal en Seattle para que determine si se violaron derechos constitucionales de los manifestantes. El caso se considera importante para los derechos de la Primera Enmienda y algunos observadores jurídicos consideran que sentará un precedente de litigio que resulta de varias manifestaciones en Estados Unidos, en que se prohibió a los manifestantes que ingresaran a determinados lugares durante grandes manifestaciones en Nueva York, Filadelfia, Miami y Washington, DC.

Cerca de 50 años después que el cuerpo de Emmett Till fuera encontrado mutilado en un río de Mississippi, investigadores federales descubrieran esta semana el ataúd del adolescente de Chicago con la esperanza de encontrar pistas de un asesinato que despertó el interés del movimiento por los derechos civiles. Los fiscales de Mississippi y el FBI confirmaron que el ADN u otro tipo de evidencia podría contribuir a determinar quien mató al joven de 14 años de edad y si alguien, que se encuentre aún vivo, deberá ser procesado. Dos hombres blancos acusados del asesinato fueron absueltos por un jurado integrado solamente por hombres blancos. Los hombres, ahora fallecidos, más tarde confesaron haber golpeado y disparado a Till. En un artículo de una revista confesaron haber matado al adolescente por haberle chiflado a la esposa de uno de ellos. El año pasado, el Departamento de Justicia anunció que planeaba reabrir la investigación de Till.