Titulares07 de junio de 2006

Un diplomático europeo afirmó durante una visita a Teherán, que está logrando avances en las negociaciones sobre las actividades nucleares de Irán. El diplomático Javier Solana, el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, se encuentra en Irán con un paquete de incentivos económicos y políticos para persuadir a su gobierno de que renuncie a su programa nacional de enriquecimiento de uranio. Solana habló el martes luego de reunirse con el principal negociador nuclear iraní, Ali Larijani. Javier Solana dijo: “Tuvimos una reunión muy buena con Larijani y con el Ministro. Considero que el clima fue muy bueno, intentaremos continuar. El gobierno y los líderes tienen una propuesta presentada por un grupo de países, los países europeos, la Federación Rusa, Estados Unidos y Rusia (se corrige) y China, y realmente espero que pronto tengamos una respuesta. Nos gustaría mucho seguir trabajando para ver si podemos lograr un buen acuerdo que nos beneficie a todos”.

El paquete de incentivos fue diseñado la semana pasada por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China. En Texas, se le preguntó al Presidente Bush sobre la oferta hecha a Irán. Bush respondió: “Veremos si los iraníes se toman en serio esta oferta. La decisión es de ellos. Dije que Estados Unidos se sentará a negociar con ellos siempre y cuando ellos estén dispuestos a suspender el enriquecimiento de una manera comprobable. A mí me parece una respuesta positiva”.

En Irak, hoy casi 600 prisioneros fueron liberados de cárceles de todo el país. El gobierno iraquí dice que en total 2.500 personas serán liberadas como muestra de la reconciliación nacional. Se calcula que 28.000 personas siguen detenidas en prisiones iraquíes. Se cree que más de la mitad están bajo la custodia de soldados estadounidenses.

En Gran Bretaña, un tribunal militar declaró inocentes a tres soldados británicos en el caso del ahogamiento de un adolescente iraquí de 15 años de edad. Los soldados fueron acusados de obligar a cuatro iraquíes a cruzar nadando un canal, amenazándolos con dispararles si no lo hacían. El adolescente, Ahmed Jabber Kareem, no sabía nadar. En una declaración, el Ministerio de Defensa británico dijo que los soldados tenían el apoyo total del Ejército para continuar sus carreras militares.

Mientras tanto, un oficial del Ejército estadounidense anunció que se niega a ser trasladado a Irak, lo que estaba programado para fines de este mes. El oficial, primer teniente Ehren Watada, dice que primero pidió autorización para renunciar a su cargo en enero. En dicha ocasión, Watada escribió: “Me opongo por completo a la permanente guerra en Irak, al engaño utilizado para librar esta guerra, y a la ilegitimidad que ha invadido todos los aspectos de nuestro liderazgo civil”. Se cree que el teniente Watada es el primer oficial en actividad en negarse a ser trasladado a Irak desde que comenzó la invasión. Se espera que quienes lo apoyan lleven a cabo hoy conferencias de prensa simultáneas en su estado de origen, Hawai, y en Olimpia, Washington. Funcionarios militares le dijeron a Watada que no puede asistir a la conferencia de prensa porque tiene prohibido hablar en público sobre su caso mientras esté cumpliendo servicio en la base.

USA Today informa que el Pentágono se está resistiendo a los esfuerzos de los médicos militares de averiguar el número de soldados de combate que sufrieron contusiones cerebrales en Irak y Afganistán. Los médicos dicen que miles de soldados corren peligro de sufrir daños cerebrales permanentes si regresan a luchar con contusiones cerebrales sin diagnosticar. Se calcula que el 20% de los soldados en la unidades de infantería de primera línea han sufrido contusiones cerebrales. Según USA Today, el Centro de Daño Cerebral quiere que el Pentágono utilice un procedimiento de chequeo para identificar posibles contusiones cerebrales peligrosas. No obstante, el Pentágono se negó a hacerlo. Angela Drake, una neuropsicóloga del Centro de Defensa y Daño Cerebral de los Veteranos de Guerra, dijo: “Pienso que tienen miedo. El número total es abrumador. Esto es preocupante. Es como abrir una lata de gusanos”.

En Canadá, quince de los diecisiete sospechosos de terrorismo arrestados la semana pasada en una operación del gobierno comparecieron el martes ante tribunales en una audiencia para fijar su fianza. Los sospechosos están acusados de planear ataques dentro de Canadá. Los presuntos planes incluían un ataque al parlamento canadiense y la decapitación de funcionarios del gobierno, entre los que se encontraba el Primer Ministro canadiense Stephen Harper. Los fiscales dijeron que los sospechosos planearon los ataques para exigir la liberación de prisioneros musulmanes. El abogado de uno de los sospechosos negó las acusaciones de que su cliente planeaba llevar a cabo las decapitaciones. El periódico Toronto Star informa que uno de los sospechosos es un ex soldado canadiense que recibió más de cuatro años de entrenamiento militar. Los abogados de otros sospechosos se quejaron el martes de que se les está negando el acceso a sus clientes. Los funcionarios canadienses dicen que probablemente se efectúen más arrestos.

En Estados Unidos, ocho estados llevaron a cabo elecciones primarias el martes. En una de las elecciones más observadas del día, el republicano Brian Bilbray obtuvo por pocos votos el cargo que dejó vacante el ex congresista encarcelado Randy “Duke” Cunningham, en San Diego. El tesorero del Estado de California, Phil Angelides, ganó las elecciones primarias demócratas para enfrentarse al Gobernador Arnold Schwarzenegger en noviembre. Y en las elecciones que cubrimos ayer en Democracy Now, la Congresista titular Jane Harman venció a la candidata en contra de la guerra Marcy Winograd en las elecciones primarias demócratas en el distrito 36 de California. Winograd desafió las expectativas, obteniendo cerca del 38% de los votos.

El principal organismo de vigilancia de los derechos humanos de Europa determinó que catorce países europeos estuvieron implicados o fueron cómplices en las operaciones secretas que realizó la CIA desde los atentados del 11 de septiembre. Dick Marty, presidente del Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Consejo de Europa, acusó al gobierno de Bush de adoptar un enfoque jurídico que es “completamente ajeno a la tradición europea”. La investigación de Marty se centró en la práctica de Estados Unidos de rendiciones extraordinarias en la que funcionarios de la CIA secuestran a individuos y luego los trasladan a otros países para interrogarlos. Según el informe, España, Turquía, Alemania y Chipre proporcionaron lugares para las operaciones de traslado. Italia, Suecia, Bosnia y Macedonia permitieron el traslado de residentes desde su territorio. Gran Bretaña, Irlanda, Portugal y Grecia, proporcionaron aeropuertos utilizados por la CIA, mientras que Rumania y Polonia permitieron que la CIA operara prisiones secretas dentro de su territorio.

En Brasil, más de mil trabajadores rurales sin tierra irrumpieron en la Cámara Baja del Congreso y ocuparon temporalmente parte del edificio. Los trabajadores exigían mas fondos y una reforma legislativa para acelerar la reforma agraria. Funcionarios dijeron que veinte personas resultaron heridas durante el enfrentamiento entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad y destruyeron propiedad del gobierno.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) solicita a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que postergue la aprobación de la fusión de las gigantes de telecomunicaciones AT&T y BellSouth, hasta que la FCC investigue la participación de las empresas en los programas de espionaje interno del gobierno. El mes pasado USA Today reveló que AT&T, BellSouth y Verizon proporcionaron a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) registros de llamadas telefónicas de decenas de millones de estadounidenses.

El Capitol Hill, el senador republicano Arlen Specter, el presidente del Comité Judicial del Senado, anunció que no citará a los ejecutivos de las empresas telefónicas a declarar acerca de su participación en el programa de espionaje interno de la Agencia de Seguridad Nacional. El martes, Specter dijo que accedió a postergar las citaciones luego de que la Casa Blanca se ofreciera a cooperar con una legislación que procuraría que se llevara a cabo una investigación federal del programa de vigilancia. Specter dijo que no podía hacer hablar a los ejecutivos, porque tanto el abogado de una de las empresas como el Vicepresidente Dick Cheney dijeron que no podían hablar sobre información clasificada. El senador demócrata Patrick Leahy respondió: “¿Por qué no tomamos un receso por el resto del año? El Vicepresidente Cheney solamente le dirá al país qué leyes tendremos”.

Un alto funcionario del Departamento de Justicia declaró el martes ante el Congreso que el gobierno federal está facultado para procesar y encarcelar a periodistas que revelen información clasificada. Matthew Friedrich, quien dirige la sección penal del Departamento de Justicia, reiteró una declaración realizada recientemente por el Fiscal General Alberto Gonzáles. Friedrich afirmó que los periodistas no están exonerados de la Ley de Espionaje de 1917. El presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, cuestionó la afirmación del Departamento de Justicia, y dijo: “Dudo mucho que esa haya sido la intención del Congreso”. Friedrich fue llamado a declarar acerca de por qué el FBI estaba intentando revisar los papeles del difunto periodista de investigación Jack Anderson, pero se negó a hacer comentarios sobre el caso. En un momento el senador Patrick Leahy preguntó “¿Hay alguna pregunta que ustedes estén autorizados a responder además de su cargo y la hora del día?”.

En Louisiana, la gobernadora demócrata Kathleen Blanco anunció que firmará un proyecto de ley para prohibir casi todos los casos de aborto en el Estado, incluso los casos de violación e incesto. Sin embargo, el proyecto de ley entraría en vigencia únicamente si la Corte Suprema de Estados Unidos dejara sin efecto la decisión del caso Roe contra Wade, que en 1973 estableció que el aborto es un derecho constitucional. En virtud del proyecto de ley, cualquier persona que practique o colabore en la realización de un aborto podría afrontar hasta diez años en prisión, y una multa de hasta 100.000 dólares.

En Vermont, dos activistas por la paz fueron arrestados el lunes por interrumpir el discurso inaugural del Director Nacional de Inteligencia, John Negroponte, en la Academia St Johnsbury. Momentos después de que Negroponte comenzara su discurso, un manifestante se puso de pie y exclamó: “En nombre de la democracia me opongo a que hable este hombre. Tiene las manos manchadas con sangre por su trabajo en América Central e Irak. No debería estar en el estrado, debería estar en prisión. Es un criminal de guerra”. Mientras el manifestante era escoltado hacia la salida, Negroponte dijo: “Ahora es mi turno”. Pero antes de que pudiera continuar, otro manifestante se puso de pie y lo acusó de supervisar la tortura, los asesinatos y las violaciones en Honduras.

En otras noticias de Capitol Hill, el Senado tiene programado votar hoy una enmienda para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Presidente Bush está haciendo lobby para que el Congreso apoye la medida. Los analistas esperan que la enmienda no logrará atraer el apoyo suficiente como para aclarar la situación en el Senado.

En una noticia que hemos seguido en Nueva York, el fiscal de distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, citó registros de Pinnacle Group LLC, una sociedad de responsabilidad limitada y gran terrateniente de Manhattan que el co-presentador de Democracy Now, Juan Gonzáles, ha estado investigando en el New York Daily News. Sus informes muestran que Pinnacle Group expulsó y maltrató sistemáticamente a cientos de arrendatarios al restaurar barrios y aumentar los alquileres ilegalmente.

Documentos recientemente revelados de la CIA proporcionaron nuevos detalles de la actitud indulgente (y en momentos colaboradora) del gobierno estadounidense hacia los nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. Según el New York Times, la CIA se enteró en 1958 del seudónimo y del paradero del administrador del Holocausto fugitivo Adolf Eichmann, pero no hizo nada al respecto. Eichmann ayudó a implementar la política de exterminación que mató a millones de personas, en su mayoría judíos. Dos años después de que la CIA se enteró de que se encontraba en Argentina, Eichmann fue secuestrado por agentes israelíes. Fue juzgado y ejecutado en Jerusalén en 1962. Los documentos también revelan que la CIA hizo lobby para que la revista Life eliminara una referencia a un ex funcionario del gobierno nazi que continuó desempeñando funciones en el gobierno de Alemania Occidental. La referencia apareció en las memorias de Eichmann, que la revista Life publicó en 1960. La CIA realizó la solicitud a nombre del gobierno de Alemania Occidental, que no quería que la ocupación del funcionario se conociera públicamente.