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Por Amy Goodman
Troy Anthony Davis iba a morir por inyección letal este martes. Dos horas antes de que el estado de Georgia lo ejecutara, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un aplazamiento de la sentencia hasta el lunes. Anteriormente había accedido a rever el caso de Davis en una audiencia prevista para el 29 de septiembre, pero el estado de Georgia fijó su ejecución para seis días antes de dicha audiencia.
Davis fue acusado de asesinar a Mark MacPhail, un oficial de policía que no estaba de servicio, en Savannah, Georgia, en 1989. Davis había acudido a ayudar a un hombre sin techo que estaba siendo golpeado con una pistola en un estacionamiento. Davis declaró que huyó cuando vio el arma. MacPhail, que se encontraba cerca de allí trabajando como guardia de seguridad, intervino justo después, y resultó asesinado. Davis, un hombre afroestadounidense, aseguró que era inocente, pero fue declarado culpable y condenado a muerte. Desde que fue condenado, siete de los nueve testigos civiles se han retractado de sus testimonios, y afirmaron que fueron presionados e intimidados por la policía para conseguir su declaración. Al tomar la decisión de retractarse de sus testimonios, se enfrentan a serias consecuencias, quizá incluso una condena en prisión. Algunos de ellos han identificado a otro hombre como el autor del disparo. El hombre en cuestión es uno de los testigos que siguen acusando a Davis.
En julio de 2007, Davis se enfrentó a su primera fecha de ejecución. Sólo un día antes de que fuera ejecutado, la Junta de Indulto y Libertad Condicional de Georgia le concedió un aplazamiento de la ejecución por 90 días. Entonces, los abogados de Davis solicitaron a la Corte Suprema de Georgia un nuevo juicio o una audiencia para presentar nuevas pruebas. El pedido fue denegado por 4 votos contra 3. En ese mismo período, la Corte Suprema de Estados Unidos se encontraba considerando si la muerte por inyección letal era un castigo cruel e inusual (la Corte, finalmente, permitió que se siguiera empleando este método).
La Corte Suprema decidirá el lunes si acepta el caso de Davis. Si decide no hacerlo, es muy posible que sea ejecutado.
Entre los defensores de Davis se encuentra el ex presidente Jimmy Carter, que declaró: “Este caso ilustra los profundos fallos en la aplicación de la pena de muerte en este país. Ejecutar a Troy Davis sin un autentico análisis de pruebas que podrían probar su inocencia supone arriesgarse a quitarle la vida a un hombre inocente y sería una grave injusticia.” El congresista de Georgia John Lewis apoya también a Davis. Hablé con Lewis en el Invesco Field de Denver, antes del discurso de aceptación de la candidatura de Barack Obama. Se cumplían justo 45 años del día posterior a la Marcha sobre Washington y el famoso discurso “I Have a Dream” (Tengo un sueño) del Dr. Martin Luther King Jr..
Lewis recordó aquel histórico día: “Estábamos en Washington, éramos más de 250.000 personas, blancos y negros, protestantes, católicos, judíos, personas de orígenes diversos, ricas y pobres. … En muchos lugares del Sur la gente no podía registrarse para votar, simplemente a causa del color de su piel. Y cambiamos eso.”
Y aún así, esta semana, en vista de la situación que sufre Davis, Lewis me dijo: “A pesar de todo lo que hemos avanzado como nación y como personas, aún nos queda muchísimo por hacer. Las cicatrices y las manchas del racismo siguen enraizadas muy profundamente en cada esquina, en cada faceta de la sociedad estadounidense.” Cuando
mencioné que el propio senador Obama es partidario de la pena de muerte, Lewis me respondió: “Es un asunto problemático. Verás… En algún momento, algunos de nosotros debemos tener el valor de decir — y estoy llegando a ese punto — que si se tiene conciencia, no se puede apoyar y uno no va a apoyar a personas que estén a favor de la pena de muerte. Creo que es algo brutal y representa las épocas oscuras [de la humanidad]. … No creo que como seres humanos, como nación, como estado, que tengamos el derecho de quitarle la vida a otra persona. Eso debería dejársele al Todopoderoso.”
La pena de muerte es una práctica nociva y racista. Según el Fondo para la Defensa Legal de la NAACP (Asociación para el Progreso de la Gente de Color), de las más de 3.300 personas que se hallan esperando su condena de muerte en EE.UU., más del 41% son afroestadounidenses —más del triple del porcentaje que suponen en la población total. De acuerdo al Death Penalty Information Center (Centro Para la Información sobre la Pena de Muerte), desde 1973 se ha exonerado a 130 personas —personas erróneamente condenadas a muerte— en 26 estados, incluyendo cinco personas en Georgia. Las pruebas sugieren incluso que al menos cuatro personas inocentes han sido ejecutadas en los últimos años. No existen pruebas materiales en el caso de Troy Davis. Después de que se anunciara el aplazamiento, Davis pidió a su madre que la gente rezara por la familia MacPhail, y que siguieran trabajando en pos del desmantelamiento de este sistema injusto. Le dijo a su madre que no lucharía así por su vida si fuera culpable. Se trata de un caso de duda razonable. Troy Davis merece un nuevo juicio.
Amy Goodman es la presentadora de Democracy Now! www.democracynow.org, noticiero internacional diario emitido en más de 700 emisoras de radio y TV en Estados Unidos y el mundo. Ella fue la primera periodista galardonada el 1 de Octubre, 2008 con el premio “Right Livelihood” conocido como el “Nobel Alternativo”.
© 2008 Amy Goodman
Texto en Inglés. Traducido por: Ángel Domínguez y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
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