Parte del motivo del récord histórico en el gasto electoral de este año es el dictamen de la Corte Suprema en el caso conocido como “Citizens United contra la Comisión Federal Electoral”. Por 5 votos contra 4, el tribunal dictaminó que las corporaciones también son beneficiarias de los derechos garantizados en la Primera Enmienda y que el gobierno no puede imponer restricciones a su expresión política, lo que abrió la vía a que empresas y otros grupos que representan a intereses especiales gasten una cantidad ilimitada de dinero en las elecciones. A principios de este mes, un grupo de más de cincuenta profesores de derecho e importantes abogados presentaron una carta que pide al Congreso que considere una enmienda a la Constitución para revertir este dictamen. Hablamos con dos personas que participan en Free Speech for People, una coalición de organizaciones de defensa del interés público que se constituyó tras dicho dictamen.
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