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Un lucha se libra en Nueva York por el Programa de Comunidades Seguras, una polémica normativa federal que exige a la policía local enviar al Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. las huellas dactilares de todas las personas que arresten. El gobernador de Nueva York, David Paterson, ha aprobado un acuerdo de comunidades seguras pero se enfrenta a una gran oposición. Hablamos con Aarti Shahani, autora de un nuevo estudio que cuestiona la validez de esta normativa. Ella descubrió que entre los presos inmigrantes arrestados por drogas y detenidos en la prisión de la Isla de Riker en Nueva York, los sospechosos acusados de delitos de menor gravedad fueron elegidos para la deportación con mayor frecuencia que los acusados de delitos más graves. Dicho de otro modo, aunque Seguridad Nacional asegura que escoge a delincuentes peligrosos para la deportación, el estudio no encontró ninguna relación entre la gravedad del delito cometido y las posibilidades de ser deportado.