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Hoy la Unión Europea decidió imponer sanciones a 18 ciudadanos sirios en respuesta a los asesinatos de manifestantes por parte de las fuerzas sirias del presidente Bashar al-Assad. La decisión se produce después de que el sábado la Liga Árabe suspendiera formalmente a la delegación siria por la violenta represión durante los ocho meses de protestas. En un nuevo informe, Human Rights Watch acusó al gobierno de Assad de “crímenes contra la humanidad” por el presunto asesinato de manifestantes en el mes de abril, y pidió a la ONU que imponga un embargo de armas a Siria y que la Corte Penal Internacional procese a los principales funcionarios. Hablamos con Bassam Haddad, director del Programa de Estudios sobre Medio Oriente de la Universidad George Mason. Haddad está en contra de la intervención extranjera en Siria y pide acciones no militares. “Las sanciones económicas contra determinadas personas, pueden funcionar”, dice Haddad. “Sospecho que el sector empresarial va a seguir abandonando las filas del régimen y que dicha deserción va a aumentar muy rápidamente”.
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