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Está previsto que esta semana el Senado vote un proyecto de ley sobre los gastos del Pentágono que podría marcar el comienzo de una expansión radical de las detenciones indefinidas hechas por el gobierno de EE.UU. Una disposición de la Ley de Autorización de Defensa Nacional podría permitir que las fuerzas armadas detengan a cualquier persona que consideren sospechosa de terrorismo —en cualquier lugar del mundo— sin cargos ni juicio. La medida ampliaría de manera efectiva la definición de lo que se considera el “campo de batalla” de las fuerzas armadas, llevándola a cualquier parte del mundo, incluso dentro de Estados Unidos. Sus autores, el senador demócrata Carl Levin de Michigan y el senador republicano John McCain de Arizona, han estado haciendo campaña para su aprobación en un esfuerzo conjunto de ambos partidos. Pero la Casa Blanca amenazó con vetar la medida, con el apoyo de importantes funcionarios, entre ellos el secretario de Defensa Leon Panetta, el Director de Inteligencia Nacional James Clapper y el director del FBI Robert Mueller. “Esta sería la primera vez desde la época de McCarthy que el Congreso de Estados Unidos trata de hacer esto”, afirma nuestra invitada, Daphne Eviatar de Human Rights First, que ha reunido las firmas de 26 importantes militares retirados instando al Senado a votar contra dicha medida, así como contra otra disposición que derogaría la orden ejecutiva que prohíbe la tortura. “En este caso, hemos visto que el gobierno muy ansiosamente mantiene a la gente sin juicio durante más de 10 años en cárceles militares, por lo tanto no hay motivos para creer que no vayan a hacer lo mismo aquí. Así que estamos hablando de la detención militar indefinida de ciudadanos estadounidenses, de residentes legales en EE.UU., así como de personas que viven en el extranjero”.
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