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La polémica en torno al sheriff de Arizona Joe Arpaio crece día a día. En un duro informe, el Departamento de Justicia acusa a Arpaio de “discriminación generalizada contra los latinos”, lo que ha llevado a las autoridades federales a suspender su acceso a programas que regulan el traspaso de inmigrantes indocumentados desde su cárcel a la deportación. “El gobierno federal estaba usando Arpaio como una especie de vitrina para mostrar el funcionamiento del programa 287 (g), que permite que la policía local sea responsable de hacer cumplir las leyes federales de inmigración… pero fracasó miserablemente”, dice Stephen Lemons, un reportero del Phoenix New Times. Arpaio enfrenta cada vez más pedidos de renuncia, ante la creciente evidencia de que el departamento de policía que dirige no realizó de manera correcta las investigaciones en 400 casos de delitos sexuales y homicidio. El lunes, una mujer inmigrante demandó a Arpaio por castigo cruel e inusual, por haber sido encadenada a su cama de hospital antes y después de tener a su hijo por cesárea mientras se encontraba bajo custodia policial. Y un latino veterano del ejército murió el martes después de haber sido encontrado en su celda inconsciente, con marcas de descargas de pistola eléctrica Táser en su cuerpo. Arpaio ha prometido no renunciar y dice que planea postularse para la reelección el próximo año. “La gente se está muriendo, literalmente, a causa de la cultura de intimidación, acoso y discriminación que tiene lugar en estas cárceles”, dice Randy Parraz de la organización Ciudadanos por una Mejor Arizona. “Y lo que es aún más vergonzoso es esta cultura de silencio que tienen los dirigentes republicanos, desde el gobernador para abajo, que se niegan a tomar una posición y básicamente están diciendo que la población latina no es importante para el estado de Arizona.”
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