Los legisladores de California y la Ciudad de Nueva York presentan hoy un pedido de enmienda constitucional que derogaría el polémico fallo del caso Citizens United emitido por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2010. Dicho fallo tipifica el gasto político como libertad de expresión y abre las puertas para que las grandes empresas destinen sumas de dinero ilimitadas a las campañas electorales. En las ciudades de Los Ángeles, Oakland, Albany y Boulder se aprobaron medidas similares. Hablamos con Lawrence Lessig, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, autor de un nuevo libro que analiza cómo el dinero compra resultados en el Congreso y alienta campañas que ponen a los poderosos en los cargos. Lessig argumenta que las grandes empresas ejercen una influencia indebida tanto en demócratas como republicanos con grupos de presión y de financiamiento ilimitado de las campañas. Además plantea una estrategia para luchar contra dicha influencia que consiste en convocar a una convención constitucional que pueda proponer una enmienda para que las elecciones se financien con fondos públicos.
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