Titulares18 de diciembre de 2012

Habitantes de Newtown, Connecticut, celebraron el primero de los varios funerales que habrán de llevarse a cabo para las 27 víctimas asesinadas en el tiroteo que tuvo lugar el pasado viernes en la escuela primaria Sandy Hook Elementary. El lunes, Noah Pozner y Jack Pinto, ambos de seis años de edad, fueron sepultados en ataúdes de miniatura. Otros funerales están previstos para el día de hoy, entre ellos, los de las víctimas de seis años de edad James Mattioli y Jessica Rekos.

El lunes, en la Casa Blanca, el Presidente Barack Obama mantuvo una reunión con autoridades a fin de discutir posibles respuestas a la masacre de Newtown, entre ellas, propuestas de control de armas. Al solicitársele información detallada, el Secretario de Prensa de la Casa Blanca Jay Carney se negó a dar detalles específicos acerca de la manera en que Obama planea enfrentar la violencia armada en Estados Unidos.

Jay Carney expresó: “Es un problema complejo que requerirá una solución compleja. Ni una única ley, ni una única acción podrán resolver completamente el problema”.

Tras la masacre de Newtown, varios legisladores que apoyan la tenencia de armas señalaron su nueva voluntad de flexibilizar su oposición a las restricciones para control de armas. El lunes, el senador Joe Manchin, de Virginia Occidental, defensor de larga trayectoria de los “derechos a las armas” afirmó que cuando se trata el tema de control de armas, “hay que poner todo sobre la mesa”. El senador Mark Warner de Virginia dijo también que apoyará normas “más estrictas” y afirmó que la masacre “modificó el escenario”. El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid —también partidario de la libertad de tenencia de armas—, afirmó que la masacre suscitará “una significativa conversación y un reflexivo debate acerca de cómo modificar unas leyes y una cultura que permiten el aumento de la violencia”. En un comunicado, el congresista demócrata John Yarmuth de Kentucky se disculpó por “haber permanecido en silencio durante tanto tiempo respecto al tema de la violencia con armas”. Y agregó estar “ahora tan dolido por ello como por lo que sucedió a las familias que perdieron tanto”. Durante una conferencia de prensa, el alcalde de la Ciudad de Nueva York y partidario del control de armas Michael Bloomberg exhortó a Washington a tomar medidas significativas.

Bloomberg expresó: “La violencia con armas constituye una epidemia nacional y una tragedia nacional que exige más que palabras. Somos el único país industrializado que tiene este problema, en todo el mundo, somos el único, y por eso necesitamos acciones inmediatas a nivel nacional por parte del Presidente y el Congreso. Esto debería ocupar el primer lugar de sus agendas, porque lo que sucedió en la escuela Sandy Hook Elementary lamentablemente no fue algo excepcional”.

La Casa Blanca efectuó una nueva oferta a los republicanos en el marco de las negociaciones que se desarrollan actualmente con el objetivo de evitar el denominado precipicio fiscal. El lunes, el gobierno de Obama anunció que presentó una propuesta al Presidente de la Cámara de Representantes John Boehner por la que se extenderían los recortes tributarios impuestos durante el gobierno de Geroge W. Bush para hogares con ingresos menores a 400.000 dólares, en lugar del tope de 250.000 dólares que desde hace tiempo pretende implantar el Presidente Obama. La oferta también propone bajar la meta de recaudación a 1.200.000 millones de dólares en lugar de 1.600.000 millones de dólares. Si bien Obama propuso recortar unos 100.000 millones de dólares al presupuesto militar y propone recortar aún más en Seguridad Social (130.000 millones de dólares, mediante el ajuste del índice inflacionario para prestaciones de Seguridad Social), la Casa Blanca afirma que los recortes en Seguridad Social tendrán lugar conjuntamente con medidas que amparen a los beneficiarios de menores ingresos.

El ejército sirio rodeó un campo de refugiados palestino en Damasco un día después de lanzar ataques aéreos que causaron la muerte al menos a ocho personas. La situación actual en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk podría presenciar nuevos enfrentamientos entre fuerzas sirias y los rebeldes que controlan el campo.

En Bahréin, una marcha a favor de la democracia fue reprimida por fuerzas del gobierno que lanzaron gases lacrimógenos y arrestaron a manifestantes en la capital del país, Manama, el pasado lunes. Entre los detenidos se encuentra Yousef al-Muhafedha, director interino del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, cuyo presidente fundador, Nabeel Rajab, cumple actualmente una condena de dos años en prisión. Este año, la monarquía de Bahréin, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, prohibió toda manifestación pública.

Cifras recientes muestran que el gobierno de Obama llevó a cabo más de 200.000 deportaciones de padres de hijos ciudadanos estadounidenses durante un período de aproximadamente dos años. Según la información de fuentes federales, casi la cuarta parte del total de las órdenes de deportación emitidas entre el 1º de julio de 2010 y fines de septiembre de este año fueron para padres cuyos hijos eran ciudadanos estadounidenses. La revista Colorlines informa que los datos revelados parecen dar por tierra con las esperanzas de que con los nuevos lineamientos relativos a deportaciones emitidos el año pasado disminuiría la cantidad de familias separadas por el Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Los lineamientos sobre “criterios de prosecución” instruyen a los agentes del ICE a centrarse en ciertos inmigrantes, entre ellos, los que poseen procesamientos judiciales, así como a tomar en consideración los vínculos de la persona con Estados Unidos y “si la persona tiene cónyuge, hijos o padres ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos” al tomar decisiones sobre deportación.

Un grupo de residentes de Nueva Jersey que fueron objeto de allanamientos domiciliarios sorpresivos de inmigración alcanzaron un acuerdo con el gobierno federal. La mayoría de los demandantes eran ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos cuando los agentes de Control de Inmigración y Aduanas ingresaron en sus hogares sin contar con orden judicial o su consentimiento. Algunos agentes presuntamente hicieron salir a la gente de sus dormitorios y la amenazaron e intimidaron en un intento de arrestar a quienes vivían en el país sin documentación. Un residente permanente dijo que un agente le exigió que dijera dónde se ocultaban los “ilegales” inexistentes y apuntó con el arma al pecho de su hijo de nueve años. Los demandantes obtuvieron un total de 295.000 dólares tras presentar la demanda en 2008. El patrón de allanamientos emergió aparentemente de una política implementada en 2006, denominada “Operación Retorno al Remitente”, en virtud de la cual equipos de agentes debían aumentar sus cuotas de arrestos en aproximadamente un 800% durante el correr de un año. Más tarde, el gobierno de Obama eliminó las cuotas.

Un condado de Tennessee vinculado al tratamiento discriminatorio de adolescentes afroestadounidenses sospechosos firmó un acuerdo histórico para reformar sus prácticas. El lunes, el Departamento de Justicia dijo que había llegado a un acuerdo con funcionarios locales para revisar la justicia de menores en el condado de Shelby. Un informe de este año había llegado a la conclusión de que los adolescentes negros tenían el doble de probabilidades de ser detenidos que los blancos y que con frecuencia eran remitidos a tribunales penales de adultos por infracciones leves. Los intentos de suicidio entre los jóvenes sospechosos llegaron a cifras sin precedentes. Las condiciones de detención eran muy duras; por ejemplo, se los ataba a sillas de inmovilización y se los dejaba solos por períodos mucho más prolongados que lo permitido por la ley. En virtud del acuerdo, Shelby deberá implementar una serie de reformas para evitar futuras demandas de fiscales federales.

Un tribunal federal de apelaciones anuló las condenas de dos ex oficiales de policía de Nueva Orleans involucrados en la muerte de un hombre afroestadounidense poco después del huracán Katrina. El primer oficial, David Warren, fue condenado por dispararle con un rifle de asalto a Henry Glover, de 31 años. Pero el Tribunal de Apelaciones del 5.º Circuito anuló la condena alegando que su juicio debería haberse realizado aparte del de los otros dos oficiales acusados en la causa. También se desestimó un cargo clave contra otro oficial sentenciado, Greg McRae, por quemar el cuerpo de Glover luego de que este se desangrara. La muerte de Glover fue detallada por primera vez por el periodista de investigación A.C. Thompson, de ProPublica.

Un tribunal federal de apelaciones allanó el camino para una demanda presentada por activistas por la paz de Olympia, Washington, por el espionaje realizado por un informante militar de Estados Unidos que se infiltró en el grupo. Documentos desclasificados obtenidos por los grupos Estudiantes por una Sociedad Democrática y Resistencia a la Militarización de los Puertos revelaron que un hombre que todos conocían como John Jacob era de hecho John Towery, miembro del Servicio de Protección de Fuerzas en Fort Lewis. Cuando Democracy Now! divulgó la historia en 2009, uno de los activistas, Brendan Maslauskas Dunn, declaró que Towery había reconocido personalmente el espionaje.

Brendan Maslauskas Dunn dijo: “Admitió que sí, que efectivamente nos había espiado. De hecho se infiltró entre nosotros. Admitió que sí había pasado información a una red de inteligencia, que, como usted mencionó anteriormente, estaba integrada por docenas de organismos de orden público municipales, de condados, estatales y regionales, así como diversas agencias federales como el Control de Inmigración y Aduanas, la Fuerza Conjunta de Tareas Antiterroristas, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y el Ejército en Fort Lewis”.

La exposición pública del espionaje también llevó a revelaciones acerca de la recopilación y divulgación de inteligencia sobre activistas a cargo de la Fuerza Aérea, la Policía del Capitolio federal, la Guardia Costera y la policía local y estatal. En un fallo histórico, el Tribunal de Apelaciones del 9.º Circuito dictaminó que los activistas pueden demandar a funcionarios militares por violaciones a la Primera Enmienda y espionaje ilícito.

En California, un veterano de la guerra de Irak presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Oakland por las heridas recibidas durante una manifestación del movimiento “Occupy” el año pasado. Scott Olsen sufrió fractura de cráneo y fue sometido a un coma farmacológico luego de que las autoridades dispararan proyectiles no letales contra una multitud de manifestantes.

El senador demócrata Daniel Inouye, de Hawái, murió a los 88 años. El integrante de más edad del Senado, con 49 años de ejercicio, fue el primer estadounidense de origen japonés en integrar una de las cámaras del Congreso. Puso en marcha el proceso que culminó en el pedido de disculpas de Estados Unidos y el pago de indemnizaciones a los japoneses-estadounidenses que fueron víctima de confinamiento en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.