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Con la ayuda de aviones no tripulados, el presidente Obama ha supervisado el asesinato selectivo de al menos tres ciudadanos estadounidenses en el extranjero, más de los que el presidente Bush autorizó en sus ocho años de mandato. ¿Es legal que el gobierno lleve a cabo estos asesinatos? Hina Shamsi, directora del proyecto sobre seguridad nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), afirma que la defensa del fiscal general Eric Holder de la política del gobierno de Obama que autoriza el asesinato de ciudadanos estadounidenses en el extranjero “deja más preguntas que respuestas”. Shamsi dice que el discurso de Holder significa una abierta defensa de la autoridad que cada vez en mayor grado se adjudica el gobierno para matar a sus propios ciudadanos, lejos de cualquier campo de batalla y sin intervención judicial o sujeción a las normas jurídicas. “Si bien el fiscal general Holder reconoce que la Constitución exige un debido proceso para que el gobierno pueda determinar la muerte de uno de sus propios ciudadanos”, sostiene Shamsi, “también dice que depende solamente del Poder Ejecutivo, sin intervención judicial, determinar cuál es el proceso debido, y que puede tomar esa decisión sin ningún tipo de supervisión. Y, en realidad, eso no es lo que indica nuestro sistema constitucional de frenos y contrapesos”. La ACLU ha iniciado una demanda contra la Casa Blanca para que divulgue los memorandos legales que justifican los asesinatos selectivos.
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