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El miércoles, decenas de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados soportaron filas de kilómetros de extensión en todo el país a la espera de poder beneficiarse de la nueva política federal que podría otorgarles un estatus legal provisorio para permanecer y trabajar en Estados Unidos. A través del Programa de acción diferida para personas llegadas en su infancia, los inmigrantes menores de 31 años, incluidos los estudiantes que estén matriculados en alguna escuela o universidad, podrán obtener el aplazamiento de su deportación por un período de dos años si pueden demostrar que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, que vivieron en el país durante los últimos cinco años, que no han sido condenados por ciertos delitos y que no son una amenaza para la seguridad nacional. En el momento en que esta medida entró en vigor, la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, emitió un decreto que prohibe que los inmigrantes que reciban esta prórroga sean beneficiados por programas públicos u obtengan la licencia de conducir. La gobernadora Brewer ordenó también a los organismos públicos de su estado que se aseguren de que únicamente los residentes legales puedan acceder a beneficios sociales cuyo financiamiento proviene de los impuestos. Se comunica con nosotros desde Phoenix el periodista y referente social Roberto Lovato.
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