La implementación de cambios de gran envergadura en el controvertido programa “detener y cachear” del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha sido suspendida. En agosto, la jueza federal Shira Scheindlin declaró al programa inconstitucional, alegando que la policía actúa en base a una “política de discriminación racial indirecta” que lleva a los agentes a detener de manera rutinaria a ciudadanos “negros y de origen hispano que no serían detenidos si fueran blancos”. Scheindlin no canceló la práctica de “detener y cachear”, sino que nombró un supervisor federal para que monitoree la implementación de una serie de reformas en dicho programa. El gobierno de la ciudad apeló el fallo de Scheindlin, con el argumento de que éste vuelve a los agentes de policía “pasivos y temerosos” de cachear a sospechosos. El jueves, el gobierno logró su cometido y mucho más. Un tribunal de apelaciones suspendió los cambios, frenó de hecho las tareas del supervisor y permitió que los agentes de policía sigan llevando a cabo la práctica de “detener y cachear”. Además, el tribunal tomó la inusual e impactante decisión de retirar a Scheindlin del caso, argumentando que ella había “entrado en conflicto” con el código de conducta que rige al poder judicial estadounidense y había puesto en riesgo la “imagen de imparcialidad judicial en este litigio” al conceder entrevistas a los medios, cuando aún el caso estaba pendiente de resolución en su juzgado. La política de “detener y cachear” ha sido un tema muy importante durante la campaña para las elecciones a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, que tendrán lugar este martes. “El próximo alcalde debería considear la posibilidad de retirar la apelación”, dice Sunita Patel, abogada del Centro para los Derechos Constitucionales y una de las representantes legales de la demanda colectiva federal contra el programa de “detener y cachear. “Cualquier juez o jueza imparcial que mire el caso sin prejuicios … llegaría a la misma conclusión. Se llevó a cabo un juicio de nueve semanas de duración, hay 23.000 páginas de evidencia y 8.000 páginas con las transcripciones del juicio. Nadie podría haber llegado a una conclusión diferente a la de la jueza Scheindlin.”
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