Titulares16 de enero de 2014

Decenas de miles de residentes de Virginia Occidental permanecen sin agua corriente una semana después del derrame químico en el río Elk. Las restricciones sobre el consumo de agua en el estado fueron levantadas en etapas durante los últimos días para cerca de la mitad de los 300.000 residentes en las áreas afectadas. Pero eso todavía deja cerca de 150.000 personas sin agua corriente para beber, bañarse o cocinar. Docenas de personas fueron hospitalizadas con síntomas relacionados a la exposición química. En declaraciones a la CNN, el Fiscal General de Virginia Occidental Patrick Morrisey prometió realizar una evaluación del derrame y de la compañía responsable, Freedom Industries.

Morrisey expresó: “La realidad es que nadie puede discutir que los suministros de agua deban ser protegidos. Tuvimos un desastre absoluto e imparable por seis días ya, con la gente sin agua. Esto no solo es inaceptable, es indignante en todos los niveles, y creo que si iniciamos un diálogo sobre químicos, debemos asegurarnos que haya protección básica presente. Parte de esta evaluación examinará qué protecciones había y qué se necesitaría cambiar”.

Las instalaciones de almacenamiento de químicos en Charleston están solo a una milla río arriba de la mayor planta de tratamiento de agua del estado. No habían recibido visitas de inspección desde 1991. Freedom Industries trasladó sus químicos a otro sitio, pero a uno que ha sido multado previamente por varias violaciones de reglas de seguridad. Como el sitio de Charleston, estas nuevas instalaciones situadas a diez millas, en Nitro, también tienen hoyos en su muro de contención.

El Senado no renovó los beneficios por desempleo vencidos el pasado mes. Cerca de 1.400.000 estadounidenses han perdido la asistencia por desempleo a largo plazo después de que los republicanos se negaran a extenderlos sin una cantidad equivalente en recortes de gastos. Se habían despertado esperanzas sobre la renovación la pasada semana, luego de que algunos republicanos aceptaran el debate abierto. Pero una moción crítica para aprobar la medida falló el miércoles, al no recibir los 60 votos que requería.

La Cámara de Representantes aprobó una nueva ley de gastos de 1,1 billones de dólares que evitaría un cierre del gobierno al menos hasta fines de septiembre. La ley fue aprobada con gran respaldo, indicando un posible fin a la disputa bipartita que forzó el cierre del gobierno de dos semanas el pasado año. En una derrota al conservador Tea Party, la ley aumentará los gastos en 45 mil millones de dólares por arriba de los recortes que hubieran sido forzados por el embargo. No obstante, preserva varias de las demandas clave de los republicanos, entre ellas aumentos para los militares, retirar los fondos de proyectos de trenes de alta velocidad y una prohibición a los gastos para mantener a los prisioneros de la Bahía de Guantánamo en Estados Unidos.

El Primer Ministro iraquí, Nouri Al Maliki, ha apelado a la ayuda internacional en el marco de la creciente violencia y la lucha con los militantes. El miércoles, Maliki dijo que necesitaría ayuda mundial para una larga campaña contra los combatientes suníes, particularmente el Estado Islámico en Irak y el Levante, un grupo vinculado con Al Qaeda. La advertencia de Maliki se dio en el contexto del fallecimiento de 86 personas en ataques en Bagdad, Baquba y Mosul. El Primer Ministro iraquí descartó los diálogos de conciliación y procura una ofensiva contra los militantes suníes que han capturado partes de Fallujah y Ramadi.

El Pentágono abrió una investigación siguiendo la publicación de fotografías gráficas que parecen mostrar a infantes de marina estadounidenses quemando cadáveres en Irak. El sitio web TMZ afirma que las imágenes fueron tomadas en 2004 en Fallujah. Estas fotos muestran a los soldados estadounidenses vertiendo gasolina en los cuerpos de las víctimas, descritas como militantes iraquíes asesinados. Otras muestran los restos chamuscados de los cuerpos y un soldado estadounidense posando junto a una calavera.

Los votantes egipcios votaron en abrumadora mayoría una nueva constitución tras un referéndum de dos días. El gobierno militar informó un resultado de 55% en lo que muchos esperan que sea la antesala de la postulación a la presidencia del jefe del Ejército, el general Abdel Fattah al-Sisi. La Hermandad Musulmana había llamado al boicot del acto eleccionario en protesta por el golpe que había derrocado al Presidente Mohamed Morsi el pasado año, y la severa represión a sus simpatizantes.

El Departamento de Justicia esta preparando una gran expansión de su definición de discriminación étnica para limitar la represión a distintos grupos. Bajo las nuevas reglas, los agentes federales no podrán considerar religión, nacionalidad, género u orientación sexual durante el curso de las investigaciones. La discriminación se prohibió bajo el gobierno de George W. Bush en 2003, pero con excepciones para casos de seguridad nacional y con una definición más limitada. Los críticos afirman que las excepciones han permitido una discriminación significativa en dos grupos claves: los musulmanes en casos antiterroristas y los latinos en casos de inmigración. Sigue sin estar claro si la nueva normativa regirá por sobre la excepción de seguridad nacional.

El miércoles, se presentaron alegatos ante la Corte Suprema en relación a las zonas neutrales alrededor de las clínicas en que se practican abortos. El caso está vinculado a una ley de Massachusetts que crea una zona de protección de diez metros alrededor de la entrada de las clínicas; distancia que se puede recorrer a pie en aproximadamente siete segundos. La ley entró en vigor en el año 2007 tras décadas de intimidación, barricadas y violencia por parte de los extremistas contrarios al derecho a decidir. Entre los sucesos mencionados, figuran dos tiroteos en clínicas de la zona de Boston en los que murieron dos trabajadores en el año 1994. Los defensores del derecho a decidir afirman que las zonas neutrales resultan fundamentales para garantizar el acceso seguro a la asistencia de salud y la protección contra agresiones por parte de manifestantes contrarios a la posibilidad de elegir, que de manera rutinaria se congregan a la entrada de las clínicas.

La unidad de la Fuerza Aérea responsable de supervisar los misiles nucleares de país se enfrenta a un importante escándalo por engaños que han tenido lugar entre sus filas. Al menos 34 oficiales perdieron sus permisos ante acusaciones de que colaboraron mutuamente para hacer trampa en un examen de aptitud mensual del año pasado. A consecuencia, la totalidad de la fuerza será evaluada nuevamente. El comandante de la Fuerza Aérea Mark Welsh anunció las suspensiones.

Welsh expresó: “Copiar o tolerar que otros lo hagan va contra todo aquello en lo que creemos. En todos los niveles, las personas deben ser responsabilizadas si corresponde y en lo que corresponde. Hemos retirado sus certificaciones a todos los 34 oficiales involucrados. Tienen prohibido participar de las tareas del equipo nuclear, se les han suspendido sus permisos de seguridad y continuará la investigación de su participación individual”.

Las suspensiones tuvieron lugar tras el cese al frente del comando ICBM —responsable de los misiles balísticos intercontinentales—, del general de la Fuerza Aérea Michael Carey. El cese de Carey se fundamentó en que éste se intoxicó y tuvo otras conductas inapropiadas mientras lideraba una delegación que participaba de negociaciones de seguridad nuclear en Rusia.

Un nuevo informe del Senado se hace eco de las primeras conclusiones que sostenían que el mortal ataque al consulado de Estados Unidos en Benghazi, Libia, era prevenible. El embajador Christopher Stevens y otros tres estadounidenses murieron cuando militantes invadieron su complejo el 11 de septiembre de 2012. La Comisión de Inteligencia del Senado responsabiliza al Departamento de Estado por no reforzar la seguridad ante las advertencias y por la falla en las comunicaciones con la CIA. El miércoles, la portavoz del Departamento de Estado Marie Harf reconoció la falla, pero sostuvo que no existieron advertencias de inteligencia específicas en relación a un ataque inminente.

Harf expresó: “Como hemos afirmado en repetidas oportunidades, no hubo amenaza específica alguna que indicara la inminencia de un ataque. Obviamente hemos discutido en profundidad el hecho de que sabíamos que había extremistas y terroristas que operaban en Libia y en Benghazi. Sin embargo, repito, no recibimos información específica que indicara una amenaza, un ataque inminente. No podemos retroceder y considerar las hipótesis acerca de lo que podría haberse prevenido o no”.

La Arquidiócesis de Chicago acordó revelar miles de documentos internos que detallan el manejo interno que efectuó en relación al abuso sexual infantil por parte de miembros del clérigo. Los documentos serán entregados a los abogados de las víctimas en el marco de un acuerdo por múltiples casos. El obispo Francis Kane de Chicago calificó la entrega de los documentos como un paso para sanar crímenes del pasado, mientras que la abogada de las víctimas Barbara Dorris expresó que ello podría colaborar a descubrir agresores que escaparon al castigo.

Kane declaró: “Al ofrecer estos documentos, tenemos la esperanza de que sanen todos aquellos que han padecido este terrible, terrible crimen. Tenemos la esperanza de que esto traiga sanación a las víctimas y sus familias, a todas las buenas y dedicadas personas, fieles de la Arquidiócesis de cada día”.

Barbara Dorris sostuvo: “La comunidad de aquí necesita saber dónde están estos agresores. Muchos de ellos nunca fueron demandados y por tanto no figuran en la lista, lo que pone en riesgo a los niños de Chicago”.

Los representantes legales de las víctimas afirman que esperan hacer públicos los documentos para la próxima semana.

Tres personas murieron tras un tiroteo en un supermercado de Elkhart, Indiana. Una mujer joven trabajadora del supermercado y una clienta fueron asesinadas antes de que el agresor perdiera la vida en un tiroteo con la policía.

La ciudad de Nueva York cerró un acuerdo por el que se resuelven decenas de demandas presentadas tras el arresto masivo de manifestantes que tuvo lugar durante la Convención Nacional Republicana (RNC, por su sigla en inglés) del año 2004. Durante esa RNC, más de 1.800 personas fueron detenidas, muchas de las cuales permanecieron recluidas en sórdidas condiciones y por mucho más tiempo del que permite la ley. El acuerdo de dieciocho millones de dólares pondrá fin a todas las demandas pendientes, tras una década de disputas legales, e incrementará la cifra total abonada por la ciudad de Nueva York por los abusos cometidos durante esa RNC a 34 millones de dólares. Este acuerdo se encuentra a la espera de que un juez federal le dé su aprobación definitiva.