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Mientras Canadá llora la muerte de un soldado abatido mientras hacía guardia ante el Monumento Nacional a la Guerra en Ottawa, el primer ministro, Stephen Harper, está impulsando una nueva ley antiterrorista que ampliaría la vigilancia y la cooperación en inteligencia con gobiernos de otros países. En los días posteriores al ataque, se supo que el atacante, Michael Zehaf-Bibeau, se había convertido al islam y tenía antecedentes penales, de abuso de sustancias y de haber padecido una enfermedad mental. El incidente se produjo dos días después de otro ataque violento contra soldados canadienses en Quebec. Martin Couture-Rouleau, también identificado como un musulmán converso “radicalizado”, atropelló con su coche a dos soldados y mató a uno de ellos. Los hechos despertaron temores ante las posibles consecuencias de que Canadá se sumara a la guerra liderada por EE.UU. contra el grupo combatiente Estado Islámico en Irak. Pero la violencia también ha planteado preguntas acerca del tratamiento en Canadá a la situación de personas con enfermedades mentales y de otras personas marginadas. Zehaf-Bibeau había tenido una adicción grave al crack de cocaína y había entrado y salido de centros asistenciales para personas sin hogar. El lunes, el gobierno canadiense presentó una medida antiterrorista que iba a ser dada a conocer el mismo día del ataque producido en Ottawa. Nos acompañan dos invitados: Ihsaan Gardee, director ejecutivo de la organización Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses, y Harsha Walia, activista a favor de la justicia social, fundadora de la organización No One Is Illegal y autora del libro “Undoing Border Imperialism” (Deshaciendo el imperialismo de frontera).
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