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Emitimos nuestro programa desde San Antonio, ciudad que es en la actualidad el último lugar donde una mujer se puede hacer un aborto legal en el sur de Texas. La semana pasada, el Tribunal de apelaciones del quinto circuito permitió que entrara en vigencia inmediatamente una disposición que exige a las clínicas que realizan abortos, que cumplan el requisito de tener un edificio similar al de los hospitales, lo que impide el acceso al aborto de un día para el otro. La medida implicó el cierre de trece clínicas y dejó solo ocho abiertas en un estado que alguna vez tuvo más de cuarenta establecimientos. El lunes, un número de prestadores de servicio de aborto hicieron una presentación de emergencia ante la Corte Suprema para solicitarle que intervenga. La disposición es parte de la ley HB2, una ley general contra la libertad de elección, aprobada el verano pasado después de que fuera —en un principio— bloqueada por el discurso de una persona y la resistencia de once horas de la senadora del estado de Texas Wendy Davis. Hablamos con dos invitados: Jeffrey Hons, presidente y CEO de la organización Planned Parenthood del sur de Texas, que está construyendo un nuevo edifico en San Antonio que reúne los nuevos requisitos, y Lindsay Rodríguez, presidente de la organización Lilith Fund, que proporciona subsidios a las tejanas que necesitan abortos pero no pueden pagarlos.
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